En relación a la tortura, el escenario no ha variado en las últimas décadas en México. Si bien durante una época entre 1990 cuando se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, digamos, 2006, los hechos de tortura no merecieron la atención que hoy día se les da en la prensa nacional e internacional, tal es una práctica que no se ha erradicado en nuestro país.
La tortura como método de investigación tiene un origen en un binomio que nos ha dado otros dolores de cabeza: la impunidad en la procuración y la administración de la justicia, la incapacidad del Ministerio Público para investigar, documentar y probar la comisión de delitos de manera científica y profesional.
Era común, antes del surgimiento de la CNDH, leer, ver, los casos de tortura en medios independientes y documentadas en privado por nacientes organizaciones de la sociedad civil o despachos de abogados poco comunes que salían en defensa de los derechos humanos.
Las cárceles de México estaban –acaso en alguna medida lo siguen estando- llenas de chivos expiatorios, que eran el sustento de la premisa “justicia expedita” que en este país es un mito. Ante la falta de elementos y capacidad de las policías judiciales (hoy ministeriales) para investigar, lo más fácil era arrancar una confesión a golpes. Eran clásicos los métodos de la PGR. El “agua de la casa” era el Tehuacán que se utilizaba para después de agitar la botella, esparcirlo en la nariz del “interrogado”. Lo mismo las bolsas de plástico en la cabeza para asfixiar de manera momentánea a la persona y medir su alcance físico. Los toques eléctricos en partes íntimas y extremidades. La humillación física, la degradación de la dignidad.
En municipios de México, en estados, esas prácticas no han sido erradicadas, tampoco en la Nación. Esto es evidente por el video donde elementos de las Fuerzas Armadas torturan a una mujer, detenida aparentemente por participación en el crimen organizado. O las imágenes de un Marino humillando a un presunto narcotraficante, al vestirlo con prendas íntimas de mujer.
Si estos casos, entre muchos otros que deben estar sucediendo, han salido a la luz pública, se debe al acceso que ahora se tiene a los aparatos electrónicos de las personas. Las amplísimas posibilidades que ofrecen los teléfonos inteligentes para documentar lo que se desee, en audio, imagen o video, incluso en vivo o con posibilidad de transmisión, han exacerbado el ego de los torturadores y también envalentonado a los antes testigos mudos de un acto de abuso, sea policial, político, social, económico.
El Ministerio Público mexicano es uno de los más incapaces. Ahí están los casos de los narcotraficantes que no han sido debidamente juzgados porque las averiguaciones previas no se integraron de manera correcta y profesional para probar los delitos de los cuáles se les acusan. Y los asesinos en los Estados que recuperan su libertad por errores en el proceso. Dependiente de la Procuraduría General de la República el federal, y de las Procuradurías de los Estados, el común, no ha habido gobierno que invierta en la capacitación de los Agentes del Ministerio Público, o en la creación de más juzgados para atender de manera eficiente los casos consignados.
A este caos se suma la entrada, abrupta ante la falta de preparación en las policías, y la ausencia de una campaña de cultura entre la sociedad, del Nuevo Sistema de Justicia Penal que en unos meses será obligatorio en todo el país, momento en el cual los criminales, los delincuentes, los presuntos narcotraficantes o narcomenudistas, tendrán más probabilidades de librar la justicia.
Ni México ni el Presidente Enrique Peña Nieto, ni ningún otro, será el presidente de los Derechos Humanos, si antes no se reforma el Ministerio Público. Darle independencia es una de las propuestas, invertirle en capacitación y profesionalización, ampliar la base del recurso humano, adquirir herramientas científicas para la comprobación de hechos. De nada servirá el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con ese mismo Ministerio Público.
La tortura no se puede erradicar en el discurso. Tampoco obligando a las autoridades procuradoras a adoptar el Protocolo de Estambul para investigar documentar los casos de tortura, castigos, tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, de las personas y los detenidos, cuando el hecho se firma en papel, pero no se provee a las Procuradurías de recursos ni personal para realizar esos trabajos.
La tortura en México es una realidad que ahora tiene la posibilidad de ser documentada y exhibida, para denunciar un país incapaz de investigar, ineficiente en la procuración y la administración de la justicia, que recurre a los métodos de coerción, y que con ello, contribuye a la impunidad e inseguridad. Criminales han obtenido su libertad en los últimos años, porque fueron torturados, porque sus derechos humanos fueron violentados, porque no se les respetó el debido proceso.
No, la tortura en México no cesará, mientras las autoridades investigadoras, procuradoras de justicia, mantengan esa incapacidad y esa deficiencia. Y mientras la participación de las Fuerzas Armadas en la persecución de delitos civiles y coordinación con autoridades locales, no sea regulada. Los abusos son por ignorancia, y lo que demuestran los videos y las imágenes, es que estamos ante un Estado ignorante, que un Presidente de la República, no ha querido modificar por razones que al país ya le están resultando demasiado costosas.
