Después del escándalo suscitado tras la investigación dada a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con registros filtrados de la firma Mossack Fonseca, una empresa panameña conocida por crear y administrar sociedades offshore, fundaciones y fideicomisos en paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que revisará “en los casos que sea procedente” a los contribuyentes mexicanos.
“La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de Ley”, manifestó el SAT.
“Asimismo, la autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para hacerse llegar de más elementos, de ser necesario”, añadió en el comunicado.
El SAT recordó que el 29 de octubre de 2014 México firmó junto con 50 países el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente durante la séptima Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE.
El acuerdo entrará en vigor a partir de 2017 y permitirá el intercambio inmediato de información de inversiones, transferencias y cuentas financieras de mexicanos y sus empresas en más de 80 naciones, incluidos los denominados “paraísos fiscales”.
Por su parte, Mossack Fonseca negó cualquier vinculación con los delitos que presuntamente han cometido cientos de sus clientes según una filtración a la base de datos del bufete hecha pública ayer domingo.
Ramón Fonseca Mora, socio de la firma, dijo hoy que la compañía tiene 40 años de ejercicio legal y que tras haber creado 240 mil estructuras jurídicas en ese período, no ha enfrentado acusaciones formales ni condenas por ningún delito, porque su labor es legal y no se asocia con la actividad de sus clientes.
Fonseca Mora, ligado al partido de Gobierno en Panamá, aseguró que el “99 por ciento” de sus clientes son intermediarios que revenden los productos de Mossack Fonseca a sus clientes finales, muchos de estos supuestamente involucrados en los delitos revelados por la filtración.
“En esta trama han intentado hacer ver que los clientes finales, los actos finales, fueron fraguados por nosotros, lo cual es sumamente injusto, y diría yo, hasta ilegal”, sostuvo Mora en entrevista con la agencia EFE.
Para el abogado, quien es ministro consejero de la Presidencia de Panamá aunque el mes pasado pidió una licencia por un año, es altamente probable que de las miles de estructuras jurídicas creadas por el bufete alguna termine en sucesos delictivos.
“Si un carro atropella a una persona, la fábrica del carro no es culpable”, ejemplificó.
Fonseca Mora pidió en marzo una licencia al presidente, Juan Carlos Varela, para defender a la firma de las acusaciones que la ligan a la trama de corrupción en la estatal brasileña Petrobras.
El caso de Brasil es solo uno de los tantos que salpica ahora a esta firma. La filtración de sus archivos revela que ha prestado sus servicios a clientes de destinos tan diversos como Reino Unido, España, Rusia, Siria y Nigeria.
El presidente argentino, Mauricio Macri; el primer ministro islandés, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson; un asistente del presidente ruso Vladimir Putin y primos del presidente sirio Bashar al-Assad aparecen en una lista de 140 políticos de 50 países del mundo vinculados a 21 paraísos fiscales, según la información del citado consorcio de periodistas que recibió la filtración.
