El problema de la adicción a las drogas es de salud pública y no de procuración de justicia.
Los gobiernos, particularmente el mexicano, los mexicanos en los Estados y municipios, le apuestan a la aprehensión de cabecillas del narcotráfico como la única forma de combatir la criminalidad. Dejan de lado, descuidados, sin políticas públicas ni estrategias, dos aspectos fundamentales para el crecimiento del narcotráfico. Uno, el lavado de dinero. Dos, los adictos.
Del primero, de la ausencia de una política para investigar, combatir y sancionar el lavado de dinero, ya hemos elaborado, y de hecho los mexicanos somos testigos todos los días, de cada aprehensión, de cómo el Gobierno Federal sigue sin investigar el dinero que sustenta a los cárteles. Ni una cuenta de banco congelada, ni un negocio fachada-confiscado, pocas casas aseguradas, y mucho menos dinero asegurado. Sorprende en cambio que cuando el criminal es extraditado, y aun sin serlo, el gobierno de los Estados Unidos identifica cuáles negocios manejan para el lavado de dinero, y los ubican en una lista para congelamiento de bienes, y cuando son aprehendidos y enviados a aquel país, les imponen millonarias sanciones.
Del segundo, del combate a las adicciones, poco menos se sabe. Insisto, la última campaña antidrogas que se recuerde en México fue aquella de la PGR en la década de los noventa que se llamaba “Di no a las drogas”, y que para mayor fracaso en adolescentes y adultos, y esperando un éxito entre los niños, era personificada por un dinosaurio.
Fuera de aquella estrategia, no ha habido en el Gobierno de la República, ni en los doce años del PAN, ni en este aparentemente interminable sexenio del PRI con Enrique Peña Nieto, una campaña cultural, mediática, integral, para combatir el consumo de las drogas entre niños, jóvenes y adultos. Sin información apropiada, real y contundente de los efectos que las drogas producen en las personas, física, mentalmente y en el entorno social. Nada.
El Estado mexicano ha abandonado también la rehabilitación de los adictos. No tiene programas para ello y en cambio subroga esa obligación a organizaciones privadas o de la sociedad civil, sin supervisarlas adecuadamente, con lo que nos encontramos, de manera alarmante y frecuente, que los centros de rehabilitación apoyados por el Estado -no todos- son escuelas de delincuentes para los cárteles de la droga.
Lo que sucedió en Ensenada el domingo 10 de abril de 2016 es muestra de lo que pasa cuando hay un abandono gubernamental y social, sobre el problema de las adicciones y -otro descuido gubernamental- la indigencia.
Un hombre, aún no saben si con trastornos mentales o daños cerebrales producto de la ingesta de drogas, pero en evidente estado inconveniente, asesinó a golpes con un mazo, a cinco personas que vivían en condiciones similares física y socialmente.
En San Antonio de Las Minas, en el Valle de Guadalupe, municipio de Ensenada, era de todos los vecinos conocido que indigentes y adictos se habían asentado en unas hechizas cabañas abandonadas por estar en litigio, y aquello era una bomba de tiempo. Así como describen una hierba verde, seca, al parecer marihuana, los investigadores del caso han concluido que los hombres asesinados y el victimario, consumían enervantes y habían quedado en una situación de soledad y distracción social, debido a ello.
Ni el Gobierno del Estado a través de su secretario de Salud, ni el municipal, han salido a tomar decisiones para encontrar los visibles centros de reunión de adictos e indigentes en Baja California, para establecer políticas públicas de rehabilitación y reconstrucción del medio social que ha marginado a los enfermos y adictos, por su propia condición.
En los cinco municipios de Baja California cada vez es más común ver indigentes y adictos, en las calles. Mujeres que pasean con sus cuerpos desnudos y la mirada perdida. Hombres sin brazos porque la heroína se los carcomió. Jóvenes sin conocimiento ni orientación, sucios. Ancianos apostados en banquetas y zonas de acotamiento. Algunos piden algo de dinero para comprar más droga, otros roban, unos más se ponen agresivos. Están mal, deambulan todos los días, y ningún gobierno los ve.
El problema, reitero, es de salud pública, y hay áreas que tienen la obligación de atenderlo. Lo que sucedió en Ensenada, donde según el análisis de los investigadores, fue un caso entre indigentes adictos, la violencia de asesinar a cinco compañeros a marrazos es tan grave, tan alarmante, que sorprende que no despierte al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid del letargo en que está en el tema de salud, ya por cierto con su tercer secretario en el área. Debido a la descomposición social por el asentamiento de tres cárteles en la entidad, y el creciente consumo de drogas, todos los días hay muertos por ello. Y no existe un programa que combata ese fenómeno.
En Baja California es común morir por las drogas. Sea a manos de narcotraficantes, de narcomenudistas, de adictos, ante la incapacidad de los gobiernos para combatir las adicciones, el lavado de dinero, el narcotráfico. De continuar así, lo de Ensenada se repetirá, para desgracia de la sociedad bajaliforniana.
