Las leyes de Baja California se siguen considerando legalmente incapaces de ejercer sus derechos, incluso los políticos, a personas con discapacidad, por ejemplo, a los ciudadanos con síndrome de Down o con autismo.
Mientras la Convención sobre las Personas con Discapacidad, obliga a los Congresos locales a modificar sus Leyes para que las personas con discapacidad puedan votar y ser votadas libremente, esta situación está lejos de ser una realidad, especialmente para quienes padecen una discapacidad intelectual, opinó el activista, José Manuel García Arreola.
El titular de Generación Prisma, asociación destinada al apoyo de personas con discapacidad visual, señaló que los ciudadanos que sufren enfermedades como síndrome de Down o autismo continúan siendo considerados como incapaces para tomar decisiones ante el Código Civil de Baja California, hecho que les prohíbe ejercer cualquier acción jurídica, como la participación política, y específicamente la electoral.
De acuerdo al Artículo 12 de la mencionada Convención, promovida y firmada en México en diciembre de 2006, los Estados dentro del acuerdo están obligados a reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad “en igualdad de condiciones que los demás en todos los aspectos de la vida”, lo que incluye el ámbito político.
Durante el Foro “Derechos Humanos y Políticos de las Personas con Discapacidad”, organizado por el organismo electoral y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la comisionada, Melba Adriana Olvera, hizo referencia al Artículo 19 del mismo documento, referente a la obligación de los Gobiernos a permitir la participación de las personas con discapacidad en las acciones de interés comunitario, como elegir a sus representantes.
Asimismo reconoció que en el actual proceso haya candidatos con evidente discapacidad motriz, como Salvador “El Chon” Lujano, aspirante a diputado en el XVI Distrito, por el PAN, o bien, el caso del Teniente Coronel, Julián Leyzaola, quien está en sillas de ruedas a consecuencia de un ataque armado producto de su labor como secretario de seguridad pública.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley máxima de nuestro país, en su Artículo Primero dicta:
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, es decir, valida lo resuelto por la Convención Internacional, no obstante, García Arreola, criticó la falta de voluntad de los Congresos locales de toda la nación, para armonizar los Códigos Civiles con las determinaciones institucionales ya validadas por la Constitución, y señaló a la CEDH, por no haber defendido los derechos, hasta ahora, de las personas con discapacidad intelectual.
El titular del Instituto Estatal Electoral (IEE), Javier Garay, informó que el material electoral está diseñado para hacer frente a las necesidades de ese sector, y aseguró que se capacitará en ese aspecto, a los funcionarios de las 4 mil 400 casillas; agregó que la inclusión de las personas con discapacidad “está a voluntad de los partidos”.
