Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario constructor de la “casa blanca” del presidente Enrique Peña Nieto y financiador de la casa de Malinalco del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, movió una fortuna de más de 100 millones de dólares en paraísos fiscales del Caribe hacia Nueva Zelanda, en cuanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió la investigación por conflicto de intereses en la cual estaba involucrado.
Hinojosa Cantú fue presentado ante el gigante en operaciones financieras Mossack Fonseca, especializado en crear empresas fantasmas, como uno de los empresarios más prominentes, de alto perfil y con los contactos necesarios para llevarles clientes mexicanos con más de 30 millones de dólares en inversiones.
A través de un pequeño despacho llamado D’Orleans & Bourbon Associates, con sede en Miami, Estados Unidos y en la Ciudad de México, se armó en apenas diez días una compleja estructura de sociedades internacionales a favor de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario favorito del presidente de México.
El despacho panameño Mossack Fonseca, una de las cinco firmas más grandes del mundo especializada en la creación de empresas offshore, participó en el diseño del entramado internacional que consistió en la creación de sociedades británicas, integradas por fundaciones holandesas y fideicomisos neozelandeses.
El objetivo era gestionar a través de esta red offshore más de 100 millones de dólares en activos financieros que Hinojosa Cantú posee en distintas instituciones bancarias del planeta, y que le darían un rendimiento de cinco por ciento anual.
Los despachos tenían claro que esa cantidad sólo representaba una “pequeña parte” del patrimonio del contratista tamaulipeco, quien construyó la llamada “casa blanca” de la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera Hurtado, valuada en siete millones de dólares.
Los operadores financieros consideraban que sería una primera etapa en el camino que, en el futuro, les llevaría a administrar la fortuna de Hinojosa Cantú. Después querían que Hinojosa Cantú los presentara con potenciales clientes que manejaran fortunas de más de 30 millones de dólares.
La fortuna del empresario creció del erario y se disparó desde 2005 al amparo de los gobiernos de Enrique Peña Nieto. En la administración mexiquense y posteriormente en la Presidencia de la República, el actual mandatario otorgó alrededor de 60 mil millones de pesos en contratos de obra pública a las empresas de Hinojosa Cantú: Grupo Higa, Grupo Eolo y Constructora Teya, entre otras.
Esta fortuna a pesar de haber perdido un contrato por 3 mil 750 millones de dólares para el primer tren de alta velocidad en México. Después, fue apartado del grupo de empresas nacionales que buscaban ganar la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México en donde hay en juego una inversión de 169 mil millones de pesos, alrededor de 2 mil 783 millones de dólares.
Tras perder estos negocios, los más cuantiosos en su carrera empresarial de 28 años, se abrió la investigación oficial sobre un conflicto de intereses con el presidente Peña Nieto.
Fue entonces cuando Hinojosa Cantú decidió poner a salvo su dinero y usó como prestanombres a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, y a su suegra, María Teresa Cubria Cavazos, ambas de más de 80 años de edad y originarias de Reynosa, Tamaulipas.
Más de 100 millones de dólares de su fortuna circularon a través de siete países, algunos de ellos identificados como paraísos fiscales, hasta llegar a puerto seguro en Nueva Zelanda, de acuerdo con información interna del proveedor de servicios financieros con base en Panamá, Mossack Fonseca.
LA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL PANAMÁ PAPERS
El diario alemán Süddeutsche Zeitung con sede en Munich, recibió millones de registros de una fuente confidencial y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que convocó a periodistas socios en todo el mundo.
Los más de 100 medios internacionales que participaron de la investigación no pagaron por el acceso a la información, que significa la mayor filtración de datos sobre lavado de dinero a nivel mundial.
Los registros filtrados provienen de la firma Mossack Fonseca, una empresa panameña de más de 40 años de existencia, con sucursales en 48 ciudades del mundo, conocido por crear y administrar sociedades offshore, fundaciones y fideicomisos en paraísos fiscales.
A diferencia de otros despachos y firmas de abogados panameños, los cuales suelen anunciarse de manera ostentosa en la avenida 50, una de las vías más importantes de la capital de Panamá, Mossack Fonseca adoptó un perfil muy discreto, lavando millones de dólares día con día. En la práctica, un cliente es un intermediario entre la firma panameña y el beneficiario final, verdadero dueño de las compañías creadas para esconder el dinero.
Mossack Fonseca no tiene oficinas en México, como en otros países de América Latina, pero tampoco las necesita. Cuenta con numerosos despachos de abogados que operan como intermediarios entre los beneficiarios finales de las empresas offshore y la firma panameña.
En el caso de México se contabilizaron 65 compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y 208 accionistas de empresas vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en México. A nivel global, el despacho panameño tenía hasta fines del año pasado 214 mil 448 entidades registradas en su historia y 14 mil 153 intermediarios.
El ocultamiento del dinero no sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los más grandes a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las empresas creadas en los offshore. Para el caso de México, los archivos de los Panama Papers muestran la presencia de Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la calificadora Merril Lynch.
Los despachos mexicanos han sido un gran activo para la firma panameña, ya que son quienes la ponen en contacto con los dueños del dinero. Tan sólo en 2010, Mossack Fonseca envió regalos de Navidad a 310 despachos mexicanos.
En respuesta a cuestionamientos de los diversos medios involucrados durante la investigación periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus servicios son legales. Sin embargo, la práctica de la firma ha permitido esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero del narcotráfico y vendedores de armas.
Entre los mexicanos involucrados también se encuentran el empresario mexiquense Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente Ejecutivo y presidente del Comité de Finanzas de Grupo Televisa.
