Dicen que la PGJE ha actuado como defensora de oficio del ex alcalde
Los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Ensenada, se pronunció en contra de la decisión de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) de darle “carpetazo” a la denuncia penal en contra del ex presidente municipal Enrique Pelayo Torres, señalado por desvío de fondos.
“Con un profundo desánimo recibimos la noticia del no ejercicio de la acción penal en contra del ex alcalde”, expuso Jorge Nava Jiménez, presidente de ese organismo, y exhortó a la autoridad a “agotar todos los recursos legales que procedan para que este expediente no sea archivado definitivamente, y a que la PGJE retome sus funciones de investigadora y sienta un precedente en la clase gobernante, ya que no es posible realizar conductas anti jurídicas sin una sanción prevista por la Ley”.
Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación comprobó que en la administración que en el Ejercicio 2013, bajo la administración de Pelayo Torres, se realizaron traspasos injustificados del Ramo 33 por un monto de 27 millones de pesos, de los cuales gran parte fueron destinados al gasto corriente, pero la Procuraduría determinó que no hubo daño patrimonial sino una falta administrativa no grave.
“No se requiere que haya causado un daño patrimonial, sino que se trata de un delito de conducta, lo que implica la simple desobediencia a un mandato dado por la autoridad y así sancionado por la Ley”, planteó COPARMEX.
Reprobaron los razonamientos vertidos por la PGJE, “que lejos de abonar a tener confianza en una investigación robusta, convierten a dicha Fiscalía en un defensor de oficio de Pelayo y todos los imputados, lo que no abona en nada al Estado de Derecho que todos anhelamos tener en este país.
En su momento ese organismo empresarial acompañó a Sindicatura Municipal a presentar la demanda en contra del ex alcalde Enrique Pelayo Torres, y consideran que esa instancia hizo bien su trabajo, además que las pruebas documentales y testimoniales fueron suficientes.
“Las documentales está muy sencillo: el dinero se depositó a una cuenta etiquetada y de ahí salieron para otros conceptos, ese es el desvío, y el desvío es lo que se castiga. La Procuraduría no quiso ver eso, ¿por qué?”, aseveró Roberto Jaime Córdova, consejero del organismo empresarial.
Plantearon la agravante por tratarse de recursos del Ramo 33, “destinado a la pobreza, no podemos tocar ese dinero, y se destinó al gasto corriente, ese es un delito”.
Reiteraron que la Procuraduría actúo como defensora y juez, “y dio luz verde para que todos los funcionarios puedan desviar recursos y luego recuperarlos, porque finalmente no los van a castigar. La Procuraduría crea un precedente muy negativo”.
Se dirigirán a la Sindicatura Municipal para que solicite una revisión del expediente y mayor profundidad en la investigación, en un plazo menor a 10 días que es el que tienen para tal efecto.
