La ampliación de los sujetos obligados a todos los organismos que reciban dinero público como partidos políticos y sindicatos, fideicomisos y organismos de la sociedad civil es parte de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica aprobada por unanimidad -22 votos a favor-en el Congreso local este jueves 7 de abril.
“La nueva ley se ajusta a los principios de la Ley Nacional”, sostuvo el diputado panista Cuauhtémoc Cardona, inicialista de la misma
La reforma es parte de una obligada modificación en los estados marcado así por la Ley Federal aprobada por el Congreso de la Unión en mayo del 2015 y donde se definía un plazo de un año para las modificaciones estatales. De hecho la propuesta estaba lista desde fines de enero de este año, pero de última hora llegó una propuesta del Ejecutivo relativo a la reforma, lo que implicó el retraso de por lo menos dos meses más.
La parte central de la discrepancia tenía que ver con la designación de los consejeros del Instituto de Transparencia.
“Ahora se excluye al Ejecutivo de hacer la propuesta –de los comisionados- ahora la hace un comité ciudadano”, expuso Cardona en alusión al comité ciudadano conformado por siete integrantes de la sociedad civil y dos representantes del Poder Ejecutivo.
Ese organismo mixto iniciara el proceso y será el Congreso local quien defina, aunque el Gobernador tendrá por una ocasión el derecho al veto.
La nueva Ley de Transparencia es el producto de una serie de foros donde participaron cerca de 500 personas que se derivó en 167 propuestas que se integraron en el Dictamen 84 aprobado por la Comisión de Legislación Gobernación y Puntos Constitucionales desde el pasado 29 de febrero en Tijuana.
La nueva Ley incluye la posibilidad de hacer públicas las sesiones de organismos públicos –como las comisiones del Cabildo- en los diferentes ayuntamientos. Además partidos y sindicatos –sobre todo burocracia y el magisterio- deberán publicitar ingresos y gastos derivados de dinero público. La nueva Ley cuanta con 171 artículos y la sola lectura del clausulado se espacio por más de tres horas en la sesión del cuerpo legislativo.
El nuevo precepto incluye el principio dela máxima publicidad, medidas de apremio y la aplicación de la Ley de Responsabilidades a los servidores públicos que no cumplan.
