Por sentir amenazada su seguridad personal, Alejandro Moreno Lacarra -de origen sonorense- solicitó a la delegación bajacaliforniana de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas (CEAV), emitir un comunicado a las autoridades de dicho Estado, procurando que éstas lleven a cabo las medidas de protección necesarias hacia su persona, por haber iniciado procedimientos penales contra ex representantes de la Ley de esa entidad.
En un oficio enviado el miércoles 16 de marzo, la titular del CEAV en Baja California -donde le corresponde por ser la sede de la zona-, María Mayela García Alba, pidió al responsable del área de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, Marco Antonio Gutiérrez, que el organismo otorgue protección a Moreno Lacarra, ya que sus denuncias han presentado “continúas demoras e irregularidades en sus procesos”, por lo que se pide frenar “cualquier acto intimidatorio o francamente agresivo contra su persona y sus familiares”.
Asimismo, se requiere especial atención de la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, así como al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Francisco Gutiérrez, y al procurador de Justicia, Rodolfo Montes de Oca.
Las intimidaciones que señala el ciudadano sonorense, derivan de denuncias presentadas hace 18 años a organismos jurídicos de aquella entidad, por omisiones en su protección de un grupo de abogados que lo “dejaron en la indefensión” en un juicio laboral que sostuvo contra la empresa Ricolino, S.A. de C.V., perteneciente a Grupo Bimbo.
Relató que fue despedido, pero cuando logró su reinstalación fue amenazado para renunciar. Para su defensa contrató a un despacho de abogados a cargo de Jesús Hidalgo, desde donde se promovió, alega, una acción legal que terminó por perjudicarlo.
Denunció al despacho ante el Ministerio Público, y fue hasta después de cinco años que se liberaron las primeras órdenes de aprehensión, no obstante, salvo Omar Peña que estuvo cuatro meses en prisión, el resto de los abogados como Eduardo Cifuentes no fueron aprehendidos por valerse de amparos o de decisiones del Poder Judicial local.
Consecuentemente, Alejandro Moreno denunció ante la PGR y ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, a todos los funcionarios involucrados, como los ex procuradores de Justicia, Miguel Cortés y Abel Murrieta; los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, Evaristo Coria, Federico Rodríguez y Óscar Sánchez; así como titulares y ex titulares del Poder Judicial del Estado.
Para el denunciante, los hechos son prueba de la corrupción y el tráfico de influencias dentro del sistema judicial, ya que dicho despacho es contratado de manera permanente tanto por el Gobierno del Estado, como por el Congreso local y el Ayuntamiento de Hermosillo, lo que ha evitado que se sancione a ese grupo de personas que fallaron en su representación legal.
