Francisco Vega de Lamadrid se hizo político en 1989. Justo el día que Ernesto Ruffo Appel ganó la gubernatura de Baja California, él y otros se convirtieron al panismo y entraron a la administración estatal. De la política activa no han salido más que ratitos en que sus adversarios tuvieron el poder y les cerraron la puerta. En el inter, han hecho negocios.
Harto sabido es la acumulación de bienes de Vega de Lamadrid en la península californiana. Más de 50 expedientes dan cuenta en el Registro Público de la Propiedad, de la holgura económica en la que se mueve el actual Ejecutivo estatal, quien de iniciar en colaboración primero y en solitario después en casas de empeño, se convirtió poco a poco, a la sombra de cargos públicos, en un adinerado sonorense asentando en Tijuana, donde por cierto, construye una mansión en Cumbres de Juárez; al tiempo que administra edificios, centros comerciales, residenciales y otros negocios.
En 2013, la hoy diputada Nancy Sanchez, entonces dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, y en medio de la campaña por el Gobierno del Estado, denunció ante la Procuraduría General de la República a Vega de Lamadrid por enriquecimiento ilícito. La queja se asentó en la averiguación previa 5189/13/211/AP, y se sustentaba en un caso específico que fue investigado y publicado por ZETA.
De la pluma de Isaí Lara Bermúdez, se dio cuenta del modus operandi del panista en la adquisición de un terreno en Villafontana, que era propiedad del Ayuntamiento de Tijuana, pero que en los últimos días de su gobierno como alcalde de la ciudad, en 2001, Kiko Vega desincorporó para venderlo. Lo adquirió Enrique Victoria Espinoza, un hombre ligado al hoy gobernador, que meses después, terminaría vendiendo el predio -sin ganancia considerable de por medio- a Vega.
Esta triangulación, sospechosa como toda, fue el material de la demanda de Sánchez que no ha sido debidamente investigada en la PGR o está congelada en archivos de casos políticos que no llevan a ninguna parte.
De aquel momento en adelante, periodistas y oposición política pusieron más atención en las propiedades del gobernador. El caso reciente de un complejo residencial que es de su copropiedad -por lo menos hasta estar vendido en su totalidad-, y el cual fue beneficiado con obras del gobierno estatal para mejorar accesos y entorno, así como la edificación de su mansión y la propiedad en una construcción de un complejo turístico en Baja California Sur, han sido motivo de investigaciones periodísticas, mas no ministeriales.
La vena empresarial que le surgió a Vega al tiempo que incursionó en la política bajacaliforniana, le ha seguido latiendo en éste, su periodo como titular del Ejecutivo del Estado. A decenas de viajes a la Ciudad de México para conseguir recursos para las distintas áreas de acción en el gobierno estatal, le han seguido señalamientos de mala administración, o de un reparto inequitativo de los recursos estatales. La Secretaría de Planeación y Finanzas concentra el presupuesto en su totalidad, y negocia los términos en que se ha de entregar a propios y extraños.
Lo mismo sucede en Desarrollo Social, y en la adjudicación de licitaciones y obras.
ZETA ha documentado los excesos del secretario de Finanzas, en casos como la producción de placas, la emisión de licencias para manejar y otras licitaciones que se ven ventajosas para compañías ligadas a funcionarios o de nueva creación, despertando la sospecha de haber sido abiertas para lograr los contratos estatales.
El gobierno de Baja California se maneja como una Sociedad Anónima. El dinero entra, pero no se sabe qué sucede con él. Los accionistas, en este caso los principales colaboradores de Vega, deciden de manera cerrada cómo y a dónde lo dirigen. Las carencias que se ven en la Secretaría de Salud, con hospitales en condiciones deprimentes, deplorables, paupérrimas, y que han sido causa de muerte entre pacientes, tienen que ver con la política de no liberar los recursos desde la Secretaría de Finanzas. O de reinvertirlos en otras áreas. Lo mismo sucede en Seguridad Pública y ni qué decir con oficinas autónomas, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la que le liberan a cuentagotas el pobre presupuesto que le fue asignado; o incluso en el Poder Judicial, donde Antonio Valladolid se da el lujo de dar hasta una cuarta parte de los solicitado para atender la emergencia que representa la próxima puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tijuana y la falta de infraestructura, capacitación y cultura para ello.
Del presupuesto se pagan los caprichos de los funcionarios. Viajes al extranjero, contratación de asesores, bases para los cuates (caso reciente el de la CESPT, del amigo del gobernador, Alfonso Álvarez Juan), adquisición de unidades para funcionarios, pago de servicios de comunicación, de alimentación y de transporte, todo en tiempos de crisis económica, deja ver un manejo discrecional de los dineros bajacalifornianos.
El recurso público en el Gobierno del Estado se aborda de manera anónima. Las cuentas en el Congreso del Estado, en el Órgano Superior de Fiscalización, no salen, pero se ajustan. Es la impunidad institucional en su máxima expresión.
Con la campaña electoral a cuestas, la estrategia del PAN para definir candidatos fue la enviada por el gobernador del Estado y su fiel escudera, la oficial mayor, Loreto Quintero. Y se manejó en el mismo tenor de la empresa privada. No hubo elecciones democráticas como solía haberlas en el PAN. Tampoco elecciones con candidatos oficiales y compra de votos. Ya ni la simulación. Al estilo de Vega de Lamadrid y para que no quede duda de quién manda en el gobierno y en el partido, se ponderaron las designaciones. El dedazo vil.
Los intereses de los empresarios que como Fernando Beltrán, inciden en las decisiones del PAN y las acciones de gobierno. De funcionarios sospechosos como Antonio Valladolid, y el carácter férreo hacia su grupo de Loreto Quintero.
Lo que hubo fue nombramientos y no selección de candidatos. Francisco Vega está dirigiendo el Partido Acción Nacional como lo hace con el gobierno, como una Sociedad Anónima. Su prueba electoral es la que viene. A ver si el plan de negocios le funciona frente a un electorado harto de la corrupción y del privilegio de la insaciable clase política.
