Una de las principales políticas públicas promocionadas por los gobiernos del Estado y Federal, es la participación social. Los consejos y comités ciudadanos se conforman pero no son tomados en cuenta, “no tienen cobertura ni alcances”, dictaminó la Auditoría Superior de la Federación
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La participación social se ha configurado como una de las líneas más repetidas en discursos políticos y una de las principales metas en los planes de desarrollo gubernamental. Pero la realidad es otra.
La intención oficial es buscar que la sociedad se involucre en las acciones de gobierno, pero ante la falta de apertura de éste, terminan siendo usados para legitimar acciones e inversiones gubernamentales.
En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación y los avales ciudadanos en el sector salud, son dos de las figuras de participación social con presencia destacada.
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Sin embargo, las conclusiones de exhaustivas revisiones llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revelan que la mayoría de los comités ciudadanos conformados en esas áreas de desarrollo social solo son el requisito de conformación.
“Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en las materias de salud y educación, no permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa”, concluyó uno de los apartados del informe general 2014.
Lo anterior implica que estos representantes ciudadanos no cumplieron con sus objetivos de “vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente”, señala el documento.
Esta falta de efectividad, según la ASF, no surge de las propias figuras, el motivo fue que las dependencias gubernamentales no les proporcionaron herramientas, información, ni los mecanismos necesarios para su desempeño.
Estos resultados deficientes incluyen Baja California, donde la ASF revisó 108 centros escolares de educación básica, un Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, cinco consejos municipales de Participación Social en la Educación y 44 unidades médicas del sector salud, como parte de la auditoría titulada “Contraloría y Participación Social en el Gasto Federalizado”.
La revisión comprendió diversos aspectos como la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; así como transparencia, difusión y evaluación de la gestión y resultados.
CONSEJOS ESCOLARES SIN INFORMACIÓN NI PREPARACIÓN
“En México existen alrededor de 180 mil consejos escolares de participación social, por lo que son la figura más consolidada dentro de este conjunto”, señala el informe elaborado por la ASF.
Si se trata de cobertura por zona geográfica, Baja California alcanza un 94.91 por ciento en cuanto a consejos escolares de participación social, según información del Registro Público de Consejos Escolares (REPUCE).
La cifra se ubica la media nacional, aunque muy por encima de Michoacán y Oaxaca, con el 38.39% y 11.97%, respectivamente.
Estos consejos, creados mediante el Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), deben ser presididos por un padre de familia con al menos un hijo inscrito en la escuela.
En Baja California, el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación se constituyó el 14 de diciembre de 2012, con 40 integrantes, de los cuales el 12.5% eran padres de familia.
Mientras que el 98.4% de las primarias públicas en el Estado, dispuso de un Consejo Escolar de Participación Social (CEPS) instalado, según información proporcionada por la Secretaría de Educación y Bienestar Social en Baja California a la ASF.
Información consultada en el REPUCE, al 21 de marzo de 2016, indica que en la entidad existen 2 mil 805 consejos de este tipo en Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana.
A través de la revisión de actas, documentos, encuestas y la interacción con los integrantes de estos consejos, el órgano fiscalizador federal determinó que no cuentan con la información requerida para su debido funcionamiento.
Por ejemplo, el 63.9% de los consejos no revisan la asistencia de los docentes al centro escolar y el 68.5% no lleva registro correspondiente.
Además, el 63% no recibió información sobre la plantilla de docentes que laboran en cada centro escolar.
De igual forma, el 37% de los encuestados no verificó que la plantilla docente efectivamente laboró en la escuela correspondiente y, en caso de encontrar irregularidades en la asistencia de los docentes, el 81.5% manifestó que éstas no fueron registradas en las actas de sesión de los consejos escolares.
El resultado de esto, es un amplio desconocimiento sobre los centros escolares que los consejos representan para contribuir a la mejora educativa.
Inclusive el 79.6% de los padres de familia, presidentes de los consejos, afirmó no tener conocimiento de la existencia y operación del Registro Público de Consejos Escolares.
El REPUCE, disponible para su consulta en internet, consiste en la plataforma oficial de estos consejos. A cada integrante se le otorga un nombre de usuario y contraseña para su acceso.
En términos de preparación, el 63% de los integrantes dijo no haber recibido capacitación sobre el funcionamiento de los consejos donde participan.
Por otro lado, el 72.2% de los consejeros consultados por la ASF, afirmó que las autoridades educativas no han puesto a su alcance los medios necesarios para presentar quejas, denuncias y sugerencias.
De acuerdo con la ASF, en 2014, el análisis de la cobertura en Baja California indicaba que solamente el 58.8% de los menores entre tres y cinco años de edad, cursaban la educación preescolar.
EN SALUD, DINERO MAL GASTADO FRENTE A “AVALES CIUDADANOS”
Para mitigar la falta de confianza en las dependencias públicas dedicadas al sector salud y la insatisfacción de una gran parte de la población, el Gobierno Federal constituyó la figura del aval ciudadano.
Éste es un “un mecanismo de participación que vigila la mejora del trato digno en los servicios de salud”, según la Secretaría de Salud.
Al primer cuatrimestre de 2014, un total de 13 mil 570 avales ciudadanos estaban registrados en el país.
En Baja California hay 193 unidades médicas públicas para población sin seguridad social y 226 avales.
A pesar de que la cifra de avales es superior, en 26 unidades médicas no dispusieron de aval ciudadano, las cuales constituyen el 3.5% de las unidades médicas de la entidad federativa.
Los principales hallazgos de las revisiones de la ASF incluyen la falta de documentación vinculada con la capacitación para los avales ciudadanos.
“El formato que se usa para las encuestas de los indicadores de trato digno, no fue entregado por todas las unidades médicas que formaron parte de la muestra de auditoría”, señala el documento.
Además, indica, solamente se entregaron las encuestas realizadas por el Aval Ciudadano de 22 unidades médicas de la muestra de auditoría, por lo que no fue posible constatar que se realizó el 30% de las encuestas respecto de las que elaboró el personal de la unidad médica.
Adicionalmente, el Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) en el Estado sólo sesionó una vez en el año y no hubo participación de ningún aval ciudadano.
En cuanto al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, fiscalizado también por el órgano federal, en esas condiciones, estos avales ciudadanos fueron incapaces de detectar siquiera indicios de los malos manejos identificados por la misma Auditoria Superior de la Federación que fiscalizó mil 517 millones 269 mil 300 pesos, lo cual representó el 86.8% del total de recursos que recibió la entidad.
De ahí se constató que un monto de 402 mil 80 pesos se destinó a pagos a personas que no acreditaron cumplir con la especialidad requerida para el desempeño del puesto, bajo el cual cobraron sueldos durante el ejercicio fiscal 2014.
Mientras que de los mil 109 millones 905 mil 700 pesos de recursos federales transferidos al Seguro Popular para Baja California para el ejercicio fiscal 2014, se encontraron fondos sin ejercer.
La ASF también revisó una muestra de 664 millones 968 mil pesos -casi el 60% de los recursos federales transferidos-, pero al 31 de diciembre de 2014, el 7.2% de esos recursos no habían sido utilizados. Y al 30 de junio de 2015, el 4.6%, equivalente a 50 millones 871 mil 200 pesos, “estaba pendiente de aclarar”, refiere el documento.
Miles de pesos para bonos no autorizados
En el proceso de fiscalización 2014 realizado por la Auditoría Superior de la Federación al 94 por ciento de los 9 mil 507 millones 987 mil 200 pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) entregado a Baja California, se detectaron algunas irregularidades.
En 8 mil 983 millones 463 mil 300 pesos auditados, se evidenciaron transferencias no autorizadas por la SEP; se trata de 560 pagos al mismo número de trabajadores administrativos por concepto de Bono Anual a Personal de Apoyo por 857 mil 900 pesos.
Mientras que de los 23 mil 994 trabajadores financiados con el FAEB en Baja California, durante el ciclo escolar 2014-205, solo el 27.4 por ciento se encontraba incorporado al Programa de Carrera Magisterial en sus tres vertientes, cuando debería ser el 100%.
