José Antonio Reynoso heredó junto a sus hermanos un fraccionamiento y un terreno de más de 900 metros cuadrados de superficie en Guadalajara, un par de casas en Querétaro, cuentas de banco y lotes de joyas y muebles antiguos, tras el fallecimiento de su madre en julio de 2011.
Viviendo en Tijuana, José Antonio asegura que sus hermanos pretenden dejarlo fuera del reparto de la masa hereditaria, ofreciéndole en un inicio poco más de 3 millones de pesos, de manera que renuncie a un beneficio que el quejoso supone mucho mayor, por lo que acusa de que las propiedades están siendo subvaluadas en su perjuicio.
Asegura que el reparto de los bienes se está realizando de acuerdo a una carta manuscrita de su madre María Ibarra del Refugio Mora, documento sin firma, sin fecha y sin lugar de emisión, que fue protocolizado como testamento ante la notaría número 32 de Querétaro, otorgando fe pública la de nombre Virginia Ortiz Arana.
Sin embargo, con fecha 27 de noviembre de 2009, Ortiz Arana renuncio a la notaría, dejándosela a su hijo Juan Carlos Muñoz Ortiz, por lo que habría usurpado funciones para otorgar validez al supuesto testamento de la difunta.
Además, José Antonio asegura que dicha carta no pudo ser escrita por su madre ya que ésta padecía de la enfermedad de Parkinson desde los 60 años de edad.
Acusándole de rebeldía en el juicio sucesorio 404/2013, los hermanos de José Antonio le hicieron llegar por paquetería un escrito redactado a su nombre –tan solo le falta la firma y la fecha–, de manera que éste tan solo tendría que viajar a Querétaro para presentarlo ante el juzgado tercero familiar de dicho partido judicial para exigir la cantidad de 2 millones 475 mil 095 pesos, consignados mediante cheque en el certificado 38556, desde el 24 de marzo de 2015.
Tal cantidad representa el 25 por ciento de la venta de un terreno en Guadalajara, la cual no le fue notificada para que en su momento ejerciera su derecho del tanto.
De acuerdo a documentación mostrada por el quejoso, la venta contraviene la resolución del 26 de septiembre de 2014 del juzgador familiar, en la cual no se autorizó la venta del inmueble, porque la cantidad estipulada por los otros herederos era menor a la de su avalúo. De cualquier modo, la venta se efectuó.
José Antonio Reynoso señaló que la casa de su madre ha sido saqueada de sus bienes y que el cúmulo total de la herencia ha sido manejado de manera que él no ha visto beneficio alguno de la misma, así como tampoco ninguna clase de informe por parte del albacea Jorge Jacinto Reynoso, por lo que se ha negado a firmar cualquier clase de documento o aceptar los ofrecimientos económicos de sus hermanos para ceder sus derechos.
Concluyó señalando a ZETA que le informaron que tiene como plazo el 24 de marzo para cobrar la cantidad depositada en el juzgado, de lo contrario perdería el derecho a la misma.
Gustavo Jasso, sobrino de José Antonio y también heredero, dijo sobre el quejoso que, “se habló una cantidad de veces con él”, señalando que éste cambiaba radicalmente de opinión sobre la forma en que habría de repartirse la masa hereditaria y efectuarse la venta de los inmuebles que la conformaban, siendo tan solo el mencionado terreno en Guadalajara y una casa en Querétaro.
Aseguró que el testamento manuscrito que menciona su tío no es tal, sino que se trata de una repartición de mobiliario y joyas que hiciera su difunta abuela, de las cuales estas últimas ya fueron recogidas por uno de los hijos de José Antonio mediante un poder notarial, siendo los únicos bienes señalados en el testamento la casa y el predio mencionado.
Al oponerse a la venta de las propiedades, ya que consideraba “valen más”, el juicio sucesorio comenzó en 2013, siendo notificado José Antonio sin ofrecer contestación ni presentarse a las subsiguientes etapas del procedimiento.
El dinero consignado, cada día pierde más valor adquisitivo, concluyó Jasso, sin que se haya encontrado la forma de convencer al quejoso de que cobre su parte de la herencia.
