Posesión de vialidades públicas por particulares, desarrollo de obras privadas causando daños a terceros y la edificación sin licencias correspondientes, son irregularidades cometidas en Tijuana y solapadas por el Ayuntamiento
Sin licencia de construcción, fuera del polígono de su propiedad y auto adjudicándose físicamente un callejón de servicio, Grupo Beckmann, propiedad de Francisco Beckmann González, inició la preparación del terreno para la construcción de un edificio de condominios en la colonia Francisco I. Madero, mejor conocida como La Cacho.
Entre la Avenida Aguascalientes y la prolongación de la calle Durango, con acaso cinco calles de por medio, en ese asentamiento se erigen cuatro edificios de condominios al mismo tiempo: Cosmopolitan, Highland, Arboleda y Angular.
Todas estas edificaciones tienen un común denominador: causan molestias a los vecinos, no solo por el ruido que a deshoras, incluyendo los domingos, generan los trabajos de construcción, sino por la invasión de las vías que son utilizadas incluso como bodegas de material de construcción.
Los habitantes se quejan, pero ninguna autoridad interviene, bajo el argumento de que se trata de un “conflicto entre particulares”.
Despótica invasión
El ruido de la retroexcavadora hizo despertar a la familia Hodoyán la mañana del 27 de junio de 2015; al volver la mirada hacia el punto que originaba el estruendoso sonido descubrieron que el cerco posterior de su vivienda había sido derribado.
Al acercarse al límite de la propiedad, encontraron que medio metro del patio donde están los juegos de sus hijos había sido desgajado y terminaba en un vacío y no en tierra firme como estaba la noche anterior.
Decenas de trabajadores en maquinaria pesada cercenaban lo que antes había sido un callejón de servicio ubicado entre Avenida Ensenada y Prolongación Durango, en la colonia La Cacho, hasta lograr una hondonada de 12 metros, obra que causó el desmoronamiento de la tierra en la parte inferior de los límites vecinales, dejando una especie de túnel.
Omar Hodoyán Callado, cuyo domicilio se ubica en Prolongación Durango, buscó una explicación sobre la invasión de que estaba siendo objeto, pero ni quienes realizaban la obra, ni las autoridades del XXI Ayuntamiento de Tijuana le respondieron.
Dos días después, la empresa intentó reparar el cerco dañado por su maquinaria, a cambio de recorrerlo medio metro más, acción que la familia Hodoyán no permitió.
Obra de barda calle privada
Ante eso, el 30 de junio de 2015 Omar Hodoyán presentó un reporte de daños en la Delegación Centro, en el departamento de Administración Urbana; entonces se le asignó el número de folio 039/15.
El denunciante no recibió atención a su queja de parte del gobierno de Tijuana, pero sí una llamada de Grupo Beckmann. Alejandro Marti Briones, “estructurista” de la obra, les hizo ver a los Hodoyán que eran ellos los que habían invadido terreno y, por lo tanto, la destrucción del cerco perimetral no constituía un daño en propiedad ajena, según compartieron los quejosos a ZETA.
Una semana después, el 7 de julio de 2015, se inició oficialmente la construcción del desarrollo que en un espacio de 924 metros cuadrados albergará un edificio de nueve pisos, en los que se ubicarán 48 condominios y tres penthouses; diseño arquitectónico bajo la responsabilidad del perito Víctor Peralta. En el acto estuvo presente el secretario de Desarrollo Económico, Xavier Peniche Bustamante –en representación de la autoridad municipal.
Las irregularidades
Avanzada la construcción de Angular, Grupo Beckmann inició el trámite municipal para obtener licencias y permisos correspondientes, irregularidad permitida por la autoridad municipal.
Lo hizo después de que la obra fue clausurada el 20 de agosto de 2015 por la Dirección de Administración Urbana (DAU), ante la inconformidad de los residentes afectados y la observación de Protección Civil Municipal ante el inminente peligro.
Mas no fue suficiente para detener la edificación de Angular, nombre comercial que se le da al proyecto que promueve Bustamante Realty Group, a cargo de Héctor Bustamante.
El desarrollo del proyecto se detuvo solo en papel, porque con todo y sellos de clausura colocados en su acceso los trabajos continuaron; el hecho fue documentado por los vecinos.
A decir de Ana Lilia Loaiza Martínez, directora de Desarrollo Urbano, la licencia le fue liberada al consorcio el 20 de noviembre de 2015, previo pago de una multa de aproximadamente 170 mil pesos.
La DAU rechazó el proyecto original presentado por Grupo Beckmann porque consideraba en el área de edificación de Angular que la mitad del callejón era de servicio. “Le dimos para atrás, indicándoles que se sometieran a lo que marca su deslinde”, dijo.
Si bien es cierto, añadió, los solicitantes plantearon que iban a adquirir el callejón, hasta en tanto no presenten un documento en el que demuestren la posesión legal del terreno, “no les podemos autorizar construir en esa sección” y añadió, “hasta que no se la adjudiquen oficialmente”.
Dos meses y medio después de causado el daño, la desarrolladora colocó un muro de contención de bloque, pero fuera del polígono de su propiedad, lo hizo al límite de la mitad del callejón de servicio.
Al respecto, la directora de DAU justificó: “El muro es inevitable, porque si no se va a colapsar el predio de arriba”.
Para Carlos Esquivel, a cargo de la Dirección Inmobiliaria de Grupo Beckmann, la molestia que este tipo de obras causa a los vecinos es normal, sobre todo cuando están, “acostumbrados a un entorno libre, a una vista sin obstrucciones”.
No obstante, aseguró, el proyecto está sobre el terreno que marca el deslinde, respetando el callejón de servicio, cuya mitad buscan adquirir legalmente.
Manipulan deslindes
Por al menos tres décadas, el callejón de servicio ubicado entre las calles Durango y Ensenada, en la colonia Cacho, lo tomaron en posesión física los vecinos, del lugar, repartiéndose mitad y mitad para cada lado, acción que no legalizaron.
En esta situación se encuentra el polígono en el que se asienta la edificación de Angular, y que comprende los lotes 11 y 12 de la manzana 23 de la Colonia Madero Sur –La Cacho– a nombre de Teresa Olivia González Salazar de Beckmann, el cual registra una superficie de 854 metros cuadrados.
En 2009 González Salazar inscribió ante el Registro Público de la Propiedad una subdivisión de los lotes 13 y 14, de la misma manzana 23, lo que aumentó la superficie de su polígono en 4.28 metros cuadrados, pero no incluía el callejón de servicio.
En tanto, el deslinde del predio habitado por los Hodoyán, constatado por el Departamento de Cartografía de la Dirección de Administración Urbana en 2007, asentó la diferencia existente entre una superficie documentada en 560 metros cuadrados y otra real de 668.21 metros cuadrados.
Después del agravio en su propiedad, contrataron a un perito para corroborar la delimitación de su predio, pero al solicitar el documento oficial de parte de Catastro Municipal, este documento les fue condicionado.
El 23 de julio de 2015 Gerardo Martín Durán Espinoza, jefe de Cartografía en el XXI Ayuntamiento de Tijuana, expuso que los lotes 1, 2 y 3 se alinearon mal desde un inicio, al igual que la subdivisión realizada posteriormente por Grupo Beckmann.
Para “regularizar” la situación sugirió dejar un deslinde que modificaba el de los vecinos de Angular y permitía a la desarrolladora poseer oficialmente la mitad del callejón de servicio.
Barda en plena vialidad
El acceso a un predio particular colindante a La Rinconada, conjunto habitacional ubicado en la colonia Cacho desde hace 10 años, ha generado conflicto entre vecinos, con la participación sesgada de la autoridad.
En septiembre de 2014, Elsa Maribel Rodríguez Guevara adquirió un predio con Desarrolladora Arnaiz, S.A. de C.V. conformado por 714.192 metros cuadrados, de los cuales solo 496.082 son aprovechables, se precisa en la cláusula segunda del contrato de compraventa.
El lote en desnivel se ubica en los límites del fraccionamiento Cumbres de Juárez y de La Rinconada y su único acceso posible es a través de La Rinconada, desarrollo que se construyó bajo el régimen de condominio y es privado.
Ante Administración Urbana municipal exigió el poder tener acceso a su predio por la única vialidad de La Rinconada; los vecinos del lugar accedieron proporcionándole control del portón y llave de la puerta peatonal. No fue suficiente.
En mayo de 2015 reclamó como propia parte del terreno de La Rinconada donde se ubica parte de la vialidad de acceso, banqueta y muro de contención y exigió a los habitantes de La Rinconada que le pagaran los metros “invadidos” de su propiedad.
Al negarse los vecinos, en septiembre de 2015 procedió a derribar el muro de contención que separaba ambas propiedades e inició trabajos de construcción en su predio; en parte de la vialidad de acceso a La Rinconada levantó un muro. Para ninguna de estas acciones contaba con licencia.
Por ello, el 16 de diciembre de 2015 inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano le clausuraron la obra por falta de permisos.
No obstante, en tiempo récord, el 22 de diciembre se ese año, Rodríguez Guevara ya contaba con las licencias correspondientes.
A decir de Eduardo Contreras Loera, subdirector de Administración Urbana Municipal, los permisos de Rodríguez Guevara son para la construcción de una alberca y área verde, y solo cubre una parte del terreno, sin que se le haya expedido permiso alguno para edificar en el área que reclama como invadida, “para lo cual tendría que obtener un deslinde limpio, sin que aparezca área afectada”.
No obstante, el murete en plena vialidad continúa instalado y ninguna autoridad ha sancionado los daños en causados en La Rinconada por Rodríguez Guevara.
Acciones que para la Dirección de Desarrollo Urbano de Tijuana, deben dirimirse en otras instancias, “porque son pleitos entre particulares”, manifestó la titular de la dependencia, Ana Lilia Loaiza.
Respecto a la inspección de obras, dijo que la dependencia a su cargo solo las lleva a cabo cuando existe una queja de por medio, y que por ello las construcciones deben contar con un perito responsable a cargo.
