Anabel Flores, reportera de El Sol de Orizaba, fue torturada y asesinada el 9 de febrero; en total, 15 periodistas han sido asesinados en el gobierno de Javier Duarte. Carlos Lauría, del Comité para la Protección a los Periodistas, exigió: “El gobernador de Veracruz debe renunciar”, mientras en Artículo 19 reflexionaron, “La entidad permanece como la más violenta contra la prensa en México”, y periodistas de Veracruz: “Exigimos que dejen de criminalizar a los periodistas asesinados”
Luis Ángel Bravo, fiscal general del Estado de Veracruz, el mismo que no ha resuelto los casos de catorce asesinatos de periodistas en Veracruz durante el mandato del Gobernador priista Javier Duarte de Ochoa, será quien encabece las investigaciones sobre el asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar, la misma que fue secuestrada de su casa el lunes 8 de febrero a las dos de la mañana, y su cuerpo localizado en Puebla el martes nueve.
En efecto, la Fiscalía General del Estado de Puebla, entregó al fiscal Bravo el expediente del hallazgo del cuerpo de la periodista bajo el concepto de comisión de delito. Que corresponde investigar a la Fiscalía del lugar donde se cometió el crimen. Y de acuerdo a las investigaciones de los poblanos, tanto el secuestro como la muerte de Flores Salazar se cometieron en Veracruz.
“Nosotros, lo que hicimos fue coadyuvar con la investigación, enviando los documentos que integran la labor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que consisten en la identificación del cuerpo por parte de los familiares y los periciales que realizó el Instituto de Ciencias Penales, sobre la preservación de la escena e indicios y el levantamiento de cuerpo”, dijo a ZETA Cristina Ortiz, la vocera de la Fiscalía poblana.
Así, la investigación de la privación ilegal de la libertad primero y el asesinato posterior de Anabel Flores, recaerá en el Gobierno de Javier Duarte, señalado de represor, y en el fiscal Bravo, que en los primeros minutos de la “investigación”, intentó criminalizar a Flores Salazar al pretender involucrarla con criminales organizados de Veracruz. El caso, como los catorce que le anteceden, parece estar destinado a la no solución.
En estas condiciones, siendo Veracruz el estado donde han asesinado más periodistas, organizaciones internacionales de defensa y protección de periodistas y de la libertad de expresión, han demandado no solo que la Procuraduría General de la República atraiga el caso para su investigación en el ámbito federal, y sacarlo de un orden que ya ha criminalizado a la periodista y tiene antecedentes de no solucionar los casos, sino que, como el Comité para la Protección a los Periodistas, exigen, ante el asesinato de periodistas y la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, la renuncia del Gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República que encabeza Arely Gómez, y a pesar de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el viernes 11 de febrero de 2016, no ha ejercido la facultad de atracción para llevar a su fuero la investigación del asesinato de la periodista.
Anabel Flores Salazar, era periodista que cubría la fuente policíaca y que laboró para diversos medios en Veracruz. Le sobreviven dos pequeños hijos.
Las recomendaciones de la CNDH: Que PGR atraiga el caso
El jueves 11 de febrero, Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió una recomendación para la protección de los periodistas y la correcta investigación de las agresiones contra periodistas en los estados de la república. Sobresale la petición para que la PGR ejerza su facultad de atracción para la investigación en el ámbito federal de las agresiones a periodistas en los estados. Así como insta a los gobiernos de las entidades federativas, a crear fiscalías de atención para delitos cometidos contra la libertad de expresión.
Aquí los puntos medulares de la recomendación –que comprende 80 páginas– de la CNDH a propósito del asesinato de la periodista Anabel Flores Salazar, y el terror que vive la prensa en Veracruz:
A la Procuradora General de la República y a los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia de las Entidades Federativas:
“Instruir a quien corresponda, a efecto que en cada una de las indagatorias que se encuentren en integración respecto de hechos relacionados con agravios a periodistas, comunicadores o medios de comunicación…se lleven a cabo todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los mismos, agotando todas las líneas de investigación, incluyendo las relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la labor periodística.
…
“Promuevan al interior de las instituciones que dirigen la creación de fiscalías o unidades especializadas en la investigación y persecución de los delitos cometidos en contra de la labor periodística y la libertad de expresión, especialmente en aquellas entidades en las que se advierte una alta incidencia respecto de ataques a periodistas y medios de comunicación”.
Y por último: “Ejercer, en el caso de la Procuraduría General de la República, la facultad de atracción que le fue conferida para conocer y perseguir los casos de delitos cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación…”.
Al Secretario de la Defensa Nacional y al Secretario de Marina:
“Instruir a quien corresponda a efecto de que en los procedimientos administrativos de investigación que se inicien en esas dependencias y que guarden relación con periodistas, comunicadores o medios de comunicación…se consideren las líneas de investigación relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la labor periodística.
A la Gobernadora y Gobernadores de los Estados, así como al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México:
“Promover, ante las legislaturas de las entidades que no cuenten aún con legislación en materia de protección a periodistas, las leyes necesarias para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo con motivo del ejercicio de su profesión; legislación que deberá considerar la implementación y operación de Mecanismos de Protección en favor de los periodistas.
…
“En aquellas entidades en las cuales aún no se ha legislado al respecto, promover la reglamentación necesaria para la creación de un mecanismo local idóneo para la protección de periodistas, comunicadores y medios de comunicación.
“Se lleven a cabo las gestiones necesarias para la creación de Fiscalías o Unidades especializadas en la persecución de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión en aquellas entidades en las que se advierte una alta incidencia delictiva en contra de periodistas, comunicadores y medios de comunicación”.
Al Comisionado Nacional de Seguridad y Secretarios de Seguridad Pública de los Estados: Garantizar la seguridad de los periodistas y comunicadores, conforme se definen en el párrafo noveno de esta Recomendación General, en eventos públicos que por su propia naturaleza impliquen la presencia de medios de comunicación, debiendo prever las medidas y protocolos necesarios para reaccionar en casos de que se susciten agresiones en contra de éstos”.
Al Presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas:
“Que instruya a la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo a que se lleve a cabo una diferenciación geográfica, con base en un mapa de riesgos, respecto de la implementación de protocolos a través de los cuales se otorgan medidas de protección en favor de periodistas, comunicadores y medios de comunicación…”.
“El peor Gobernador”
“Javier Duarte ha sido el peor gobernador de Veracruz”, expresaron a Semanario ZETA algunos empleados del gobierno de aquella entidad federativa luego que las autoridades poblanas confirmaran el asesinato de la periodista Anabel Flores, el martes 9 de febrero de 2016.
“No vemos la hora en que ya se vaya Duarte”, agregaron, indignados por el asesinato de la periodista.
De 32 años y con dos hijos, la reportera de El Sol de Orizaba fue sustraída de su casa por hombres armados en el municipio de Mariano Escobedo a las 2:00 de la madrugada del lunes 8 de febrero, hasta que al siguiente día fue localizada torturada, semidesnuda y asesinada en el municipio de Tehuacán, Puebla, colindante con el estado de Veracruz, a la altura del kilómetro 1+580 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca.
CPJ: “El gobernador de Veracruz debe renunciar”
Luego de cinco años y dos meses del gobierno de Javier Duarte a concluir el 30 de noviembre de 2016 y a menos de cuatro meses de las elecciones por la gubernatura del Estado de Veracruz del 5 de junio, algunos organismos internacionales como el CPJ demandaron la renuncia de Javier Duarte:
“El gobernador Duarte se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para la impartición de justicia en el estado. Con un poco de sentido común y dignidad, considerando que ha perdido legitimidad como representante de los ciudadanos veracruzanos, Duarte debería presentar su renuncia y garantizar una salida ordenada del poder antes de las elecciones de junio próximo”, expresó Carlos Lauría, Director de Programa y coordinador sénior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
“Tal decisión abriría, tal vez, la posibilidad de que se imparta justicia sobre los periodistas asesinados en Veracruz”, concluyó Lauría.
Criminalizar “partiendo de rumores”
Cuando Anabel Flores fue sustraída de su casa el lunes 8 de febrero, el gobierno del Estado de Veracruz se apresuró a emitir un comunicado ese mismo día, donde vinculó sumariamente a la periodista con el crimen organizado, sin investigación de por medio:
“Se indagan todos los probables vínculos de la reportera, como el del 30 de agosto de 2014 en Acultzingo cuando se encontraba en compañía de Víctor Osorio Santacruz (a) El Pantera, que fue detenido en ese momento por elementos del Ejército Mexicano por sus probables nexos con un grupo de la delincuencia organizada”, expresó la Fiscalía General del Estado de Veracruz bajo la titularidad de Luis Ángel Bravo Contreras.
Luego, en entrevista con Denise Maerker para Grupo Fórmula, Luis Ángel Bravo refirió que la vinculación que hizo de la reportera con el crimen organizado fue a partir de “rumores” e información proveniente de “redes” sociales:
“El departamento de comunicación social de la Fiscalía, partiendo de todos los rumores, comentarios en redes, algunas notas que incluso podemos consultarlas, daban por hecho ese escenario”.
Artículo 19 lamentó la costumbre del gobierno de Javier Duarte de criminalizar a los periodistas desaparecidos y asesinados antes de investigar:
“La Fiscalía tardó en atender a las víctimas y se abocó a emitir un comunicado donde criminalizó a Flores Salazar, en lugar de considerar su labor como periodista para realizar las pesquisas. La actitud recurrente de las autoridades de Veracruz de criminalizar a quien ejerce periodismo afecta la objetividad de su trabajo y su capacidad para proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión”.
Serían documentos de agosto de 2014 escritos por la esposa de Osorio Santacruz, los que deslindarían a la periodista Anabel de la injuria gubernamental. En aquel año, la mujer denunció públicamente cómo personas con uniformes tipo militares –como los que de hecho, sustrajeron a Anabel Flores de su casa– habían llegado a un restaurante para llevarse a su esposo y a dos personas más. Y que incluso ahí se encontraba una reportera –era Anabel– que se levantó a tomar fotografías y también fue agredida por los soldados.
Los padres de la periodista habrían confirmado después que, efectivamente se encontraban en el lugar, pero en otra mesa y con otro grupo de personas.
Periodistas de Veracruz: “Exigimos que paren esta estúpida masacre”
De acuerdo con Artículo 19, Anabel Flores es la periodista número 15 asesinada durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, del 1 de diciembre de 2010 al 9 de febrero de 2016.
Solo en 2015, Artículo 19 documentó 67 agresiones a comunicadores, de las cuales sobresalen tres asesinatos y el desplazamiento forzado de cuatro periodistas.
“La entidad permanece como la más violenta contra la prensa en México”, sostuvo Artículo 19 en un comunicado el 10 de febrero.
Organismos nacionales e internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, Organización de las Naciones Unidas, entre otros, exigieron al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y a Enrique Peña Nieto, investigar tanto los asesinatos como las desapariciones de periodistas en aquella entidad.
El 10 de febrero, más de 40 periodistas de Veracruz demandaron a Javier Duarte y Enrique Peña Nieto, a través de un documento público:
“Exigimos que dejen de criminalizar a los periodistas asesinados y dejen también de transgredir a la libertad de expresión en Veracruz. Criminalizar a los compañeros asesinados es una estrategia realmente cobarde por parte de quienes están obligados en investigar y no en fabricar pruebas en contra de quienes no pueden rebatir las calumnias de este mal gobierno. Exigimos que paren esta estúpida masacre que han ejecutado en contra del periodismo en Veracruz de parte de este desgobierno”.
23 periodistas desaparecidos en México
México es uno de los países en todo el mundo con más riesgo para los periodistas: amenazas, agresiones, desapariciones y homicidios engordan las cifras en la nación.
Año tras año, México se ubica entre los primeros lugares con mayores agresiones a periodistas, sus números son mayores a todos los incidentes registrados en Latinoamérica, donde en algunos países (calificados como autoritarios) como en Cuba, no hay un solo reporte de un periodista asesinado o desaparecido.
La organización Artículo 19 dio a conocer un estudio titulado “La desaparición y desaparición forzada de quienes ejercen la libertad de expresión en México”. En ella, se describe que de 2013 a 2015 han desaparecido 23 periodistas.
Prácticamente, cada año en promedio se registran dos casos de desaparecidos en el gremio. El 96 por ciento de los casos “se identifica como antecedente la cobertura informativa relacionada con temas de corrupción y de seguridad, en los que se relaciona funcionarios y crimen organizado”.
Los diversos niveles de gobierno (desde el municipio hasta la milicia) representa la principal amenaza.
Artículo 19 explica que de los casos de desaparición registrada en México el 73 por ciento se “encuentran involucradas autoridades”. El 18 por ciento de los casos con militares, el 23 con federales, el 18 con estatales y el 14 con municipales.
En solo el 9 por ciento, es decir, en dos casos de los 23, existieron amenazas por parte de las autoridades militares.
Senadores demandan destitución de Duarte
Por los 19 asesinatos de periodistas y 37 casos de movilización forzada, senadores de la República piden que inicie el proceso de desafuero al gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Además exigen que el caso de la periodista Anabel Flores, encontrada muerta el 9 de febrero, sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) ya que “las autoridades locales no han podido contener esa situación de violencia en contra de los comunicadores y solo buscan criminalizar a la víctima”.
En conferencia de prensa, el senador Marco Antonio Blásquez, presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones Contra Periodistas, preguntó al presidente Enrique Peña Nieto, qué se necesita para que un gobernador sea destituido de sus funciones, toda vez que en Veracruz los periodistas y comunicadores son amenazados o asesinados.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes sostuvo que la periodista Anabel es incriminada porque no tiene medios de defensa. “Con esa ligereza y bajeza, se busca insultar la memoria de una persona que fue asesinada de una forma vil, buscando la salida fácil”, denunció.
