Gobierno confirmó la muerte de 49 presos y las lesiones de al menos otros 12, luego de los trágicos hechos del penal más antiguo de Monterrey. Otros 138 reclusos fueron trasladados a diversos centros penitenciarios. No hubo motín, sino una riña entre dos grupos antagonistas, uno de ellos de Los Zetas. Se investiga una presunta venganza por la ejecución, en septiembre de 2015, del narco apodado “El Fresa” en la misma prisión
El gobierno de Nuevo León no aprendió de las lecciones del pasado. A cuatro años de la tragedia del reclusorio de Apodaca, se registra otra masacre, pero ahora en el penal de Topo Chico, el más antiguo del Estado, con saldo de 49 muertos y decenas de heridos.
El hecho se convirtió en el primera crisis en la administración del gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, quien durante el periodo electoral -como candidato independiente- prometió endurecer la agenda de combate a la corrupción, pero al ejercer su mandato se olvidó del tema.
Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 10 de febrero, cuando un grupo de reos se enfrentó a otro presuntamente por la disputa del poder de patios y dormitorios. Hubo trifulca, incendio y hasta disparos de armas de fuego. Inicialmente se afirmaba que había ocurrido un motín o intento de fuga. Finalmente se conoció que fue una riña entre grupos.
La trágica bataola fue controlada en los primeros minutos de la madrugada siguiente. Sin embargo, la crisis por los hechos se agudizó por más de diez horas más, pues la información oficial no fluyó con la dinámica que debía y, desesperados, familiares de los reclusos enfrentaron a las autoridades a las afueras del establecimiento.
Aunque desde las primeras horas se estableció que hubo entre 30 y 50 muertos, la cifra correcta y la identificación de los fallecidos o heridos se mantuvo en sigilo. Alrededor de las diez de la mañana se informó por parte de las autoridades, encabezadas por “El Bronco”, que eran 52 las víctimas mortales.
Fue hasta la tarde de ese día, que en rueda de prensa “El Bronco” rectificó la cifra de muertos y precisó que fueron 49 los decesos confirmados, uno de ellos por impacto de bala. Para esa hora ya habían sido identificados 40 de los occisos, mientras que cinco quedaron irreconocibles por calcinación y otros cuatro aún no eran identificados por sus compañeros y familiares. Se indagaba entre escombros sí había algunos fallecidos más.
Pesquisa inicial
Sobre los hechos que motivaron la tragedia se dijo que todo se debió a la disputa entre los grupos rivales encabezados por Juan Pedro Saldívar Farías “El Z-27” y Jorge Iván Hernández Cantú “El Credo”. Sobre el muerto por arma de fuego el mandatario explicó que, debido al caos imperante, los presos amenazaron la seguridad de las mujeres reclusas y entonces un custodio efectuó disparos. Se descartó la fuga de internos.
Al exterior del centro penitenciario fue necesaria la presencia de policías estatales para contener a cientos de furibundos familiares que carecían de información. Después arribaron elementos de la Policía Federal y del Ejército para resguardar el traslado de al menos 138 reos que fueron llevados a diversos penales de Nuevo León y del país.
La identificación de las víctimas se realizó en las instalaciones del Servicio Médico Forense del Hospital Universitario, donde las autoridades neoleonesas dijeron a los dolientes que se les brindarán apoyos para los gastos funerarios.
Además del Ministerio Público del Fuero Común, de los hechos tomó conocimiento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que envió visitadores adjuntos y peritos para recabar datos que apoyen en las pesquisas de violaciones a los derechos fundamentales de los reos del penal regiomontano.
Trascendió que la mayoría de los victimados estaban procesados o sentenciados por delitos graves como homicidio, secuestro y extorsión.
Dentro de las indagatorias, se sigue la hipótesis de que el ataque fue planeado por los internos de la organización criminal de Los Zetas en venganza por la ejecución de uno de sus ex líderes, identificado como Mario Alberto Roldán Zúñiga alias “El Fresa”, quien perdió la vida en una riña ocurrida en la misma penitenciaría en septiembre del año pasado.
Además del “Fresa”, quien estaba recluido desde febrero de 2015 tras ser detenido en el municipio de San Nicolás de los Garza, en esa ocasión otros 11 reos resultaron heridos.
Las reacciones
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, determinó atraer el caso, inicialmente atendido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, abrir una queja y expediente oficiosos e investigar los hechos.
Por su parte, luego de enviar sus condolencias a los familiares de los fallecidos y desear el restablecimiento de los lesionados, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó a la Secretaría de Gobernación brindar apoyo al gobierno de Nuevo León.
Políticos como el ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino, no desaprovecharon la ocasión para enviar un mensaje a través de su cuenta de Twitter @ManuelEspino: “Lo ocurrido en la cárcel de Topo Chico es por negligencia del gobierno del ‘Bronco’. No es lo mismo ganar una elección que gobernar bien”.
En la Cámara de Diputados, su presidente, Jesús Zambrano, lamentó los sucesos y aseveró que la situación que se vivió en el penal de Topo Chico “es fiel reflejo de la crisis por la que pasa el sistema penitenciario y, por tanto, urge una revisión a fondo”. También arremetió contra el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, al que atribuyó un alto grado de responsabilidad en la mortal reyerta.
“Dijo que él se iba a hacer cargo del penal, de los penales a cargo del Estado y que no necesitaba la presencia de fuerza federal, ahí está una de las consecuencias de lo que yo calificaría como uno de esos arrebatos que no tienen nada que ver con comportarse o estar a la altura de un hombre de Estado”, destacó el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El antecedente
Aún están presentes los acontecimientos registrados el 19 de febrero de 2012 en la cárcel neoleonesa de Apodaca, cuando 44 internos del Cártel del Golfo fueron incinerados y masacrados por Los Zetas con la complicidad de directivos y del personal operativo que les abrieron las puertas del pabellón rival.
El evento ocurrido en tiempos del ex gobernador Rodrigo Medina también pasó por una crisis de información, pues las autoridades ocultaron la verdad de los hechos durante casi un mes. Igual que ahora se habló de un motín y de la fuga de 37 reclusos, después se sabría que no hubo tal motín, sino una venganza en bandeja que sorprendió a los “Golfos” que estaban dormidos. Dentro de la prisión había 43 mujeres y 48 menores de edad. El director y sus mandos formaban parte de la nómina mensual de criminales.
En Apodaca había todo un coctel de corrupción, no muy diferente al que aseguran, impera en el penal de Topo Chico y en muchos reclusorios del país.
Sobrepoblación
El sistema penitenciario nacional reporta que Nuevo León cuenta con una infraestructura de 15 prisiones, con capacidad para albergar a 7 mil 352 presos; sin embargo, al último día de diciembre de 2015 había en sus celdas 7 mil 909. Es decir, un 7.58 por ciento más del límite.
En el caso concreto del Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico, el porcentaje de sobrepoblación era similar. El cupo es de 3 mil 685 internos y había 3 mil 965. El excedente era del 7.6%, superado por los penales de Apodaca con 25.7% de sobrepoblación y Cadereyta, con 19.05%.
