En Baja California, los 37 millones de pesos anuales aprobados para la Comisión Estatal de Derechos Humanos encienden “un foco rojo” en cuanto al monto destinado por ciudadano a la defensa de derechos humanos. La falta de recursos impide la aplicación de proyectos relacionados con la protección de migrantes, de indígenas, de niños y adolescentes, explica en entrevista la comisionada
A pesar que Baja California fue el primer estado en contar con un organismo autónomo dedicado a la defensa y protección de los derechos humanos, los malos manejos financieros de ex titulares y los recortes presupuestales, han marcado un atraso en la materia.
La falta de recursos ha sido el principal obstáculo que la presidenta de la CEDH, Melba Adriana Olvera Rodríguez expone al hablar de sus seis meses al frente del organismo.
El 10 de abril de 2015 por medio de un decreto se creó la CEDH, en sustitución de la Procuraduría de Derechos Humanos. El cambio otorgó más atribuciones y por lo tanto, más responsabilidades a la Comisión, pero no mayor presupuesto.
En diciembre de 2015, los diputados locales aprobaron dentro del Presupuesto de Egresos 2016, un monto de 37 millones 851 mil 15 pesos para la CEDH.
En Baja California, la defensa y protección de derechos humanos recibe una de las partidas más bajas dentro de las dependencias estatales y organismos autónomos.
La Secretaría de Protección al Ambiente obtuvo más de 52 millones de pesos, a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental le fueron asignados 100 millones de pesos y a la Secretaría de Pesca, arriba de 106 mil pesos.
La cantidad incluso resulta menor a presupuestos aprobados anteriormente. Por ejemplo, durante el periodo de Heriberto García, entre 2009 y 2012, al organismo se le concedieron arriba de 38 millones al año.
Además la Comisión inició sin los millones de pesos del presupuesto que el anterior procurador Arnulfo de León Lavenant desvió a sus cuentas personales, ni los montos a pagar por demandas laborales y adeudos a proveedores.
Sin embargo, la falta de recursos no impactó en el número de quejas iniciadas. En su primer mes, la CEDH registró 636 asuntos, 61 por ciento más de los atendidos en el último mes de la Procuraduría.
Y en sus primeros seis meses, la Comisión ha iniciado mil 903 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por autoridades o servidores públicos, estatales o municipales.
Sin presupuesto para protocolos ni para Quinta Visitaduría
El proyecto de Olvera para la CEDH, requería un presupuesto de 65 millones de pesos “porque fue pensando en todas las atribuciones y obligaciones. Incluía un panorama y un diagnóstico de derechos humanos en el estado, el mecanismo estatal de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que esta institución no ha tenido, por lo menos, desde hace dos periodos”.
En los próximos días, solicitará una ampliación presupuestal de poco más de 3 millones de pesos ante el Congreso estatal. “Veo buen ánimo en el Congreso, tanto en el Legislativo como también en el Ejecutivo, para fortalecer la institución”, dice sobre las probabilidades de obtener mayores recursos.
— ¿Hay un abandono, algún atraso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Lo pregunto porque Baja California fue el primer estado en tener una Procuraduría de los Derechos Humanos.
“De Procuraduría, sí”.
— ¿Y hablando de otras Comisiones Estatales que tienen avances, que nosotros no tenemos?
“Sí, por supuesto. El diagnóstico de las Comisiones, procuradurías y defensorías lo hizo la CNDH”.
— ¿Y en qué número estamos?
“Tenemos variaciones porque hay diferentes criterios para evaluar. En el criterio de cuántos pesos por ciudadano para la Comisión, estamos en foco rojo por el tema de cuánto se invierte en los ciudadanos, en general, en cuanto a inversión para el fortalecimiento de las instituciones. Si hacemos la comparación, las Comisiones de Nuevo León o Jalisco, que tienen una Dirección de Periciales. O la de Sonora con salarios, son más elevados y más acorde a las obligaciones que tienen los visitadores generales, los abogados”.
— ¿Cuál es el déficit de personal?
“Estábamos hablando de 20 personas, buscando quienes pudieran asumir triple función”.
Entre los planes de Olvera Rodríguez, estaba la creación de la Quinta Visitaduría. Su función, explica la presidenta de la CEDH, sería “la atención de los grupos que vienen de las comunidades indígenas y personas en situación migrante”.
— ¿Pero no están enclavadas ahorita en ninguna otra?
“Sí, los está atendiendo la Cuarta, pero no con mecanismos específicos. Se había justificado la creación de la Quinta por el programa específico de atención a la población migrante, que tiene que tener un protocolo de aplicación y de supervisión para poder tener una estadística de cuántas personas migrantes. Estamos haciendo una gira por los albergues y casas que atienden a la población migrante para poder allegarnos de información, pero sobre todo para poderlos asistir en caso de que quieran presentar una queja”.
También a finales de 2015 y debido al desfalco cometido por el ex procurador de Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenant, el Congreso aprobó la creación de una Contraloría dentro de la CEDH para vigilar el destino de los recursos.
— ¿Y qué hay de la Contraloría?
“Con el Órgano Interno de Control no se dio la ampliación para crear su causa. Entonces, lo estamos absorbiendo un poco, medio complicado, medio forzado, pero en ampliación estaremos solicitando la creación de esa plaza que el mismo Congreso legisló, decidió y tomó protesta”.
— ¿Para qué más sería la ampliación?
“También es el tema de dos mecanismos muy importantes: uno es el de prevención de la tortura, prevención y eliminación de la tortura. El otro es de la aplicación adecuada de la Comisión sobre Derechos de Personas con Discapacidad”.
“Otro de los temas es de la Ley de los Derechos Humanos de los Niños y Adolescentes mediante una unidad específica que pueda dar seguimiento a sistemas de protección, sobre todo pensando en niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad en los Estados, como los niños en casas hogar o en situación de calle, pero sin presupuesto es muy complicado”.
—Más allá de la estadística, ¿cuáles son los logros? Has logrado que el gobierno considere tus recomendaciones y haga algún cambio en los procesos, en los procedimientos…
“Todas las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fueron aceptadas. La pérdida del cadáver de una recién nacida en Ensenada, con haber privado de la libertad injustamente por dos años, once meses y 18 días a un adulto mayor; el incendio del albergue de adultos mayores en Mexicali, tanto en los hechos como las recomendaciones fueron las más fuertes, fueron aceptadas y estamos recibiendo las pruebas de cumplimiento de las recomendaciones”.
“Para lo que está la Comisión, es para incidir en que disminuyan las violaciones a derechos humanos, entre otras metas, y esto se puede lograr con diferentes vías: una es la concientización de servidores y servidoras públicas que tienen la obligación de tomar decisiones apegadas a derecho y con perspectiva de derechos humanos, porque todavía no nos apropiamos del concepto de derechos humanos”.
—El hecho de que aumenten los números de casos a partir de que llegas tú, ya en la mitad de 2015, ¿significa que hay más violaciones a los derechos humanos, o que no lo han atendido debidamente?
“Lo que aumentaron fueron los asuntos en general, no solo las quejas. Lo que significa es que más gente se acercó y más gente se ha estado acercando. Quizás la lectura que le podamos dar, y creo que así lo he interpretado de manera personal, es cada vez mayor confianza en la institución”.
— ¿Crees que se debe a tu persona?
“No. Creo que es un tema coyuntural, que tiene que ver con que nace una nueva institución, que se la da una ley con más atribuciones, y que se nota un cambio en el trabajo porque somos un equipo, poco menos de cien personas. Muchos tienen trayectoria en el tema de derechos humanos, que han trabajado, y que a la hora de la atención dan lo mejor de sí”.
Muchas gracias.