Negociazo con asfalto del Ayuntamiento

Poco se sabe del donativo de mil toneladas de asfalto que PEMEX donó a Ensenada durante el gobierno de Enrique Pelayo. Mientras tanto persisten los baches en 22 delegaciones, debido a la mala calidad de los materiales que usan las empresas constructoras locales

En 2013, Petróleos Mexicanos (PEMEX) entregó mil toneladas de asfalto al XX Ayuntamiento de Ensenada presidido por Enrique Pelayo Torres. Pero una serie de irregularidades envuelven el donativo, a través de la empresa Grupo Multiservicios para la Construcción (GMC), que al final entregó menos del 50 por ciento del material.

La investigación, turnada en diciembre de 2015 a Sindicatura Municipal por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del Congreso del Estado, indica que una parte de las mil toneladas de asfalto AC-20 con valor de 9 millones 538 mil 376 pesos, se desvaneció entre los fletes, procesamiento y acarreo.

Marco Antonio González Aréchiga, ex director de Infraestructura de la pasada administración municipal, es quien realizó el trato con PEMEX y con GMC, y de comprobarse que tuvo responsabilidad se le sancionará con una inhabilitación y la empresa responsable será boletinada.

Representada por Fernando Martín del Campo Aviña, con oficinas en Salamanca, Guanajuato y con nombre fiscal Omnitractos, S.A de C.V., GMC fue contratada por el Ayuntamiento de Ensenada para sacar el asfalto de las instalaciones de PEMEX en Monterrey y llevarlo a Sonora para procesarlo y entregar en Ensenada.

Han pasado varias administraciones municipales, panistas y priistas, sin que ninguna haya podido dar solución al conflicto de los baches; se calcula existen en el 80% de las calles de la ciudad. En las 22 delegaciones las vialidades están dañadas por la mala calidad de los materiales que usan las empresas constructoras locales.

En 2015, el Cabildo de Ensenada aprobó junto con el alcalde de Ensenada Gilberto Hirata Chico la donación de otras mil toneladas de asfalto, pero según la versión de los regidores, ésta fue intercambiada por combustible.

MARAÑA POLÍTICO-EMPRESARIAL

Según la auditoría,  el total del donativo equivale a 9 mil metros cúbicos, de los cuales, por razones desconocidas, el director de Infraestructura, mediante convenio con la empresa constructora Vehcsa, hizo  que le entregaran 3 mil 729 metros cúbicos, es decir, solo el 41%.

Jorge Valdez Miranda, director de la empresa Vehcsa, se defendió de las observaciones del ORFIS e informó que en tres ocasiones fue contratado por el gobierno municipal para tales fines, tanto con Manuel Montenegro, el actual auditor del ORFIS, como con Manuel Quintero, ambos priistas; la diferencia en que en esas administraciones sí se usó el millón de metros cúbicos.

Explicó que en 2013, al momento de recibir el porcentaje de asfalto para transportarlo a Ensenada, GMC entregó menos del 50% de lo especificado en el convenio con folio PM/567/06/2013, firmado con el entonces director de Infraestructura.

“La empresa GMC sacó el millón de litros y solo nos entregó 471 mil, faltaron 529 mil”, calculó Valdez Miranda.

Con el porcentaje de asfalto que al parecer se extravió -529 m3- se pudieron bachear alrededor de 50 mil metros cuadrados de vialidad.

Comentó que el ayuntamiento debió actuar legalmente en contra de GMC al no entregar el 100% del asfalto, pero por una extraña razón el gobierno de Pelayo Torres prefirió dejar que este intermediario se quedara con el material valuado en unos 4 millones de pesos.

“Tengo aquí las facturas, que quede claro, donde compruebo que pagué el flete, yo he estado entregando a Sindicatura la información que me han pedido”, respondió el ingeniero, y aseguró que el ORFIS no le llamó nunca.

Pero además, el asfalto que le entregaron era importado de Estados Unidos y no el mismo que donó PEMEX, por lo que se cometieron varias irregularidades prohibidas por la paraestatal.

LUCRAN CON DONATIVO PARA ENSENADENSES

Los encargados del Departamento de Comunicación de PEMEX afirmaron que todos los trámites hechos entre el gobierno de Ensenada y la paraestatal, están al acceso del público en el portal de internet, donde además se encuentra el acta de entrega del 100% de asfalto. Mencionaron casos como el de Guanajuato, en cuyo informe de 2013 se reportó un faltante que ya no se entregará.

Fuentes extraoficiales del sector constructor aseguran haber recibido ofrecimientos por partes de Campos Aviña, quien intentó vender asfalto a compañías de Ensenada. Tampoco se sabe cómo fue el arreglo entre las cuatro empresas contratadas para bachear, ya que antes de que llegara la mezcla, habían iniciado con el programa de reparación de vialidades.

INVESTIGACIÓN VA PARA LARGO

El síndico procurador Iván Barbosa Ochoa informó que la observación llegó a su oficina hace poco más de un mes, tiempo en que ha acumulado una torre de hojas que integran la investigación que determinará si hay o no un faltante de asfalto.

De antemano aclaró que se trata de meras observaciones por parte del Órgano de Fiscalización, pero que no es un hecho consumado, además de que los involucrados podrán recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para su legítima defensa.

Reconoció que es un trabajo complicado saber en qué punto del trayecto se mermó el porcentaje de asfalto, y aunque el ORFIS asegura se trata de 9 mil metros cúbicos, dentro de los contratos hay un convenio que especifica la conversión de toneladas de asfalto AC-20 a metros cúbicos de mezcla. Las mil toneladas hacen 3 mil 739 metros cúbicos de material para recubrir baches.

“Una vez puesta la mezcla en baches y tramos de carretera es difícil saber cuánto de los materiales pétreos y agregados se utilizaron para la mezcla, aparte de que a estas fechas. ese asfalto ya cumplió su uso, ya no existe”, aclaró.

Sobre las sanciones, Barbosa mencionó que “en el supuesto de que se comprobara que la empresa incurrió en la desaparición de material, se tendría que hacer la recomendación a Infraestructura para que boletine a la empresa para que no se le vuelva a contratar”.

En su Artículo 78, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas contempla la inhabilitación de empresas que incumplan convenios o contratos con no menos de tres meses y no más de cinco años, así como sanciones económicas por montos desde los  50 hasta mil salarios mínimos.

Agregó que el personal a su cargo realiza recorridos de vigilancia para garantizar que los contratistas apliquen selladores necesarios en el pavimento, uno de los químicos que da mayor resistencia a la obra.

La directora de Sindicatura, Mónica Vargas, reconoció que el caso que investigan es  difícil de comprobar. Hasta lo comparó con una receta de cocina: “Horneas un pastel, te regalan la harina pero tienes que conseguir los huevos, azúcar y al final, cuando está listo, lo repartes en rebanadas. ¿Cómo sabremos cuánto ingrediente hay en cada rebanada?”, cuestionó intrigada la servidora pública.

MIENTRAS,  SURGEN  “CRÁTERES” EN LA CIUDAD

En lo que va del presente año, tres personas se han tomado el tiempo de visitar las oficinas de Sindicatura para denunciar que sus unidades sufrieron descomposturas al caer en un bache, informó la directora Mónica Vargas Núñez.

En agosto de 2013 un automovilista cayó en un bache en Avenida Esmeralda y Costa Bella, donde la llanta estalló junto con el rin, y, debido a que el Ayuntamiento ignoró la queja interpuesta en Sindicatura se promovió un juicio contencioso administrativo donde se ganó la demanda por 5 mil 600 pesos. Con un comprobante de gastos emitido por un negocio de la localidad, el abogado cobró la cantidad para su cliente, quien está al corriente con sus impuestos, y en consideración que es responsabilidad del gobierno municipal mantener las calles en buen estado.

La denuncia fue interpuesta durante la administración de Pelayo Torres, pero  nunca fue contestada, tampoco lo hicieron funcionarios de la actual gestión de Gilberto Hirata Chico, por lo que el afectado recurrió al Tribunal y en verano de 2015 le repusieron el daño.

Para defenderse, el litigante se basó en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Ley General de Víctimas, exigiendo la retribución del daño: “La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones, públicas o privadas que velen por la protección de la víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral”.

En una reciente reunión con el grupo civil Madrugadores, al director de Servicios Públicos Municipales, José de la Luz Valdez, le hicieron la petición para que inste a las compañías constructoras a usar concreto en lugar de asfalto.

CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO AC-20

El AC-20 es el producto que sale del residuo de la destilación atmosférica y de la destilación al vacío del petróleo crudo, es decir, la parte más pesada, siendo una mezcla de químicos orgánicos altamente viscosa, negra, pegajosa, completamente soluble en bisulfuro de carbono y compuesta principalmente por hidrocarburos aromáticos policíclicos. Se utiliza en la construcción y pavimentación de carreteras, autopistas, caminos y calles, además como impermeabilizante para techos.

Este donativo en específico fue trasladado desde la planta de la refinería en Cadereyta, Nuevo León, hasta Ensenada, a las instalaciones de distintas empresas constructoras y al Departamento de Servicios Públicos Municipales, encargados del bacheo en la ciudad.

PEMEX aseguró que de su planta salió el cien por ciento del material y “algo” pasó en el camino.

Empresas involucradas en la investigación de acuerdo al ORFIS

Volumen en toneladas entregado por Vehcsa

Lo que dice la Ley

Artículo 77. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

Artículo 78. (…) la inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet.