Del amiguismo a la prisión, medios de comunicación que en su momento dedicaron planas y espacios privilegiados para hacer lucir la gestión de Guillermo Padrés en Sonora, son ahora pieza clave en la acusación por extorsión contra de su ex secretario de Comunicación, Jorge Morales Borbón. Los recursos que destinó el gobierno estatal a la prensa, regresaban al ex funcionario mediante el cobro de comisiones de convenios y contratos otorgados. En el actual gobierno de Kiko Vega, el ex empleado de Morales Borbón en Sonora, Jorge Cornejo, cobra como “subdirector de Imagen, Producción y Publicidad Institucional”
La primera consignación de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, creada en los primeros días de la administración de Claudia Pavlovich, fue la de Jorge Morales Borbón, ex secretario de Comunicación del gobierno de Guillermo Padrés Elías por extorsionar a propietarios de medios de comunicación.
La detención del ex funcionario se dio la mañana del lunes 1 de febrero por elementos de la Policía Estatal Investigadora de Sonora.
De Morales Borbón, el titular de la Fiscalía, Odracir Espinoza Valle, expuso: “Utilizó la facultad inherente a su cargo como secretario de Comunicación para tramitar beneficios económicos a su favor, coaccionando e intimidando a las víctimas que pudieran recibir el pago de los servicios que prestaran al Gobierno del Estado”.
Según el fiscal, las evidencias recabadas en el transcurso de la investigación iniciaron con la denuncia de un empresario extorsionado. De ahí, otros afectados rindieron también sus testimonios.
De acuerdo con información dada a conocer por la autoridad investigadora, Morales Borbón “condicionó el pago de servicios prestados a empresas de comunicación a favor de él, en efectivo, una parte proporcional de esas cantidades. Incluso condicionaba la contratación futura de esos servicios a esas empresas.
La acusación, aseguró Espinoza Valle, se sustenta en testimonios, dictámenes contables, emisiones de órdenes de pago oficiales y transferencias bancarias, los cuales fueron presentados ante el Juez Tercero de Primaria Instancia de lo Penal, quien emitió la orden de aprehensión en contra de Morales Borbón.
Luego resumió: “En pocas palabras, el señor Jorge Morales Borbón les pedía dinero (a las víctimas) para que pudiera liberar esos pagos que tenían pendientes por esos servicios”.
A ZETA, la Fiscalía Anticorrupción confirmó que la investigación en contra del ex secretario de Comunicación Social, continúa abierta.
De hecho, el 13 de enero de 2016, el ahora detenido compareció junto al ex subsecretario de la Secretaría de Comunicación Social del Estado, Luis Enrique Montejano. A ambos se les citó para explicar desvíos de recursos públicos desde esa dependencia.
La extorsión, de acuerdo con el Artículo 293 del Código Penal de Sonora, es considerada delito grave y, por ello, no alcanza fianza para llevar el proceso en libertad.
LOS MEDIOS COMO ALTAVOCES DEL GOBERNADOR
Para el abogado y escritor Carlos Moncada Ochoa, autor del libro “Asalto a Sonora” sobre el sexenio de Guillermo Padrés Elías, el cambio de una coordinación de Comunicación Social a Secretaría en ese gobierno, dictó el poder que desde ahí se ejercería para el control de medios de comunicación.
FOTO: Tomada de internet.- Cornejo y Kiko al centro
“En el Congreso del Estado, no se modificó la Ley Orgánica del Ejecutivo donde se enumeran las secretarías de las que conforman la estructura. Por medio de un decreto de Padrés, se transformó en Secretaría, y con ello, la posibilidad de manejar recursos de manera directa”, explica en entrevista telefónica.
Moncada Ochoa documentó en su libro, publicado apenas en 2015, el desvío de millones de pesos desde las distintas dependencias del gobierno estatal de Sonora.
En el caso de la Secretaría de Comunicación, refiere “hicieron convenios que parecen inofensivos porque se refieren a la obligación de publicar desplegados y boletines, pero la verdad es que el director o la directora de un medio cuida a ese cliente, procurando no molestarlo con críticas negativas”.
El escritor menciona como ejemplo, la cobertura de la obra del Acueducto Independencia -cuya construcción sigue en controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, apoyada por el gobierno de Padrés Elías, pero rechazada por el Pueblo Yaqui y los agricultores del sur de Sonora.
“Padrés se va unos días a Ciudad Obregón y publica una página diaria a favor de la obra en El Imparcial, cuyo costo es de 100 mil pesos aproximadamente. También en otros periódicos como El Expreso y el Diario del Yaqui. Eran los altavoces del gobierno”, detalla Moncada Ochoa.
Como con muchas otras portadas y planas completas en diarios, a través de su cuenta de Twitter, Jorge Morales Borbón compartió el 7 de marzo de 2013, fotografías de la primera plana de El Imparcial, El Expreso y El Diario de Sonora, cuya nota principal reproduce las promesas del entonces gobernador sobre el suministro ininterrumpido de agua a Hermosillo a través del acueducto y una planta potabilizadora.
Al respecto, el escritor puntualiza: “Eran campañas sumamente costosas, pero la relación fundamental la tenía con El Imparcial, porque fue su director editorial. Entonces la publicidad se dirigía fundamentalmente a ese periódico y a El Expreso un poco menos”.
De acuerdo con documentos de Transparencia, en tres años, el gobierno de Padrés Elías destinó casi 90 millones de pesos para asesorías de imagen y publicidad en medios de comunicación.
FALTAN POR CAER
Tras conceder la ampliación del término constitucional para la presentación de pruebas a favor de la defensa de Morales Borbón, Manuel Palafox, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal, determinó que el plazo concluirá el domingo 7 de febrero a las 13:00 horas.
Interno en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Hermosillo, Sonora, el ex funcionario ha sido careado con sus denunciantes desde el 3 de febrero.
FOTO: tomada de internet
Respecto a la continuidad del proceso, aunque se le dicte auto de libertad por el delito de extorsión, las investigaciones por fraude y enriquecimiento ilícito, lo mantendrían preso, explicó un abogado consultado por ZETA.
Tras la transición del PAN al PRI, con la llegada de Claudia Pavlovich a la gubernatura en septiembre de 2015, ha prometido más ex funcionarios por consignar.
El fiscal Odracir Espinoza sentenció: “No cierra capítulos, es el principio de múltiples acciones para turnar ante la justicia sonorense a quienes defraudaron la confianza de los ciudadanos y no deben quedar en ningún momento impunes de esos actos de corrupción”.
EN SONORA COMO EN BAJA CALIFORNIA…
De 1997 a 2009, Jorge Morales Borbón trabajó para Periódicos Healy. Ocupó tanto la subdirección editorial en los diarios La Crónica y Frontera, de Mexicali y Tijuana, respectivamente, como en El Imparcial de Hermosillo, Sonora.
En enero de 2009, se integró al equipo de campaña del panista Guillermo Padrés Elías y cuando éste rindió protesta como gobernador, ese mismo año, despachó desde la Secretaría de Comunicación.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, la esposa de Morales Borbón, Kathya Félix Salazar, ocupa la dirección general de Comunicación Social con un sueldo mensual de 35 mil pesos, según el portal de Transparencia del organismo.
Desde esa dependencia contrató al reportero en Baja California metido a operador panista, Jorge Humberto Cornejo Manzo, para que ocupara la oficina de San Luis Río Colorado.
Del periodo comprendido entre el 1 de febrero al 31 de diciembre de 2011, Cornejo Manzo cobró 732 mil 600 pesos por el concepto de “asesoría, análisis, elaboración, presentación e implementación de un estudio ejecutivo de comunicación en San Luis Río Colorado”. El contrato fue adjudicado de manera directa al proveedor con domicilio en Tijuana, según consta en documentos públicos.
Al año siguiente, el contrato se renovó a nombre de su esposa Maricarmen Viera Guerrero y con un incremento de más de 60 mil pesos.
A Viera Guerrero se le otorgó un contrato -también por adjudicación directa- por “asesoría, análisis, elaboración, presentación e implementación que realizará en coordinación con el Enlace de Comunicación Social del Gobierno del Estado en San Luis Río Colorado”.
El monto total fue de 799 mil 200 pesos, pagados entre el 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012. La pareja recibió, en conjunto, más de un millón de pesos de la dependencia encabezada por Morales Borbón.
En la campaña electoral de 2013, Jorge Humberto Cornejo se colocó dentro del equipo de Francisco Vega de Lamadrid y, desde que éste asumió la gubernatura, se maneja bajo el cargo de subdirector de Imagen, Producción y Publicidad Institucional del Gobierno del Estado de Baja California.
No obstante, en la plantilla de personal del gobierno de Baja California, Cornejo Manzo aparece como “jefe de Producción y Diseño” de la Oficina del Ejecutivo con un sueldo de 40 mil pesos al mes.
Tras la detención de Morales Borbón, a Kiko Vega se le cuestionó sobre la relación laboral de éste con Cornejo Manzo, su actual subdirector de imagen. “Se tendrá que demostrar, yo no lo sé… como a cualquier persona, comunicador en este caso, asiste y se le contrata donde tenga trabajo” respondió.
Desde el inicio de su campaña en 2013, el nombre de Francisco Vega -al igual que de Padrés Elías en Sonora- aparecía en notas favorables publicadas en las ediciones de Periódicos Healy.
Por ejemplo, tras su Primer Informe de Gobierno, el periódico Frontera dedicó su portada a resaltar “En el primer año de Kiko se crean 47 mil empleos”.
A principios de 2015, esto cambió. Tanto Frontera como La Crónica comenzaron a dedicar portadas y planas a criticar las acciones del Gobierno del Estado. Información previamente publicada en ZETA, fue retomada para evidenciar triangulaciones, compras de predios y construcción de mansiones del gobernador.
Finalmente, en marzo de ese año, tanto el gobernador como los cinco alcaldes en Baja California, acusaron al medio de comunicación de extorsión. Por medio de desplegados, explicaron el retiro de publicidad gubernamental de esos diarios.
Periódicos Healy respondió con la amenaza de denunciar a la administración estatal y solicitó el apoyo de organismos nacionales e internacionales, por considerar la medida un ataque contra su libertad de expresión.
Con el paso de los meses, la dura línea editorial contra el gobierno de Kiko Vega desapareció y ambas partes abandonaron las acusaciones.
