La ampliación del puente Lázaro Cárdenas en Tijuana, obra que benefició los negocios del gobernador Francisco Vega, no solo violó los procesos de licitación; además se trató de un “trabajo de mala calidad, con falta de limpieza y que pagó obra fuera del objeto del contrato”, determinó la Auditoría Superior de la Federación
En el ejercicio que hizo el gobierno de Baja California por 861 millones 850 mil pesos, producto del Fondo Metropolitano y del Programa de Desarrollo Regional, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó probables gastos indebidos por 73 millones de pesos.
Con estos fondos, el gobernador Francisco “Kiko” Vega, anunció la realización de 74 obras públicas. Entre ellas, la ampliación del puente Lázaro Cárdenas, la cual requirió una inversión de 16 de millones 660 mil pesos, de los cuales 14 millones 186 mil pesos correspondían al Fondo Metropolitano, es decir, a recursos federales.
Desde 1972, Constructora Transpeninsular se creó como filial de Grupo Arnaiz y ha obtenido numerosos contratos con los tres ámbitos de gobierno.
El 18 de noviembre de 2014, la empresa obtuvo mediante el contrato C-FM-14-TIJ-SI-80, la ampliación del puente Lázaro Cárdenas en Tijuana, en conjunto con la compañía Pavimentos y Obras del Noroeste.
Menos de un mes después, el 12 de diciembre de 2014, la partida 594609, dada de alta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), oficializó la “Constitución de Régimen de Propiedad en Condominio” entre Francisco Vega de Lamadrid y el fraccionamiento Arnaiz, bajo el nombre San Carlos II.
La ampliación del puente Lázaro Cárdenas no solo fue otorgada a Grupo Arnaiz, empresa con la cual el gobernador hizo negocios después de concedido el contrato, además permitió crear un acceso vehicular a los condominios San Carlos, construidos en terrenos vendidos por el gobernador al mencionado grupo.
En un boletín enviado desde las oficinas de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Baja California, se atribuyen la obtención de fondos federales “gracias a las gestiones realizadas por el gobernador Francisco ‘Kiko’ Vega ante la Federación”.
Y en las auditorías realizadas al ejercicio federal otorgado en 2014 con el “fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa vigente”, la ampliación del puente Lázaro Cárdenas aparece como una de las obras más irregulares cometidas por el Gobierno del Estado.
GOBIERNO ESTATAL DESTRUYÓ EVIDENCIA
Tanto el Fondo Metropolitano como el Programa de Desarrollo Regional tienen el objetivo de financiar estudios, planes, evaluaciones, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento.
“En la licitación para adjudicar los trabajos de la ampliación del puente Lázaro Cárdenas en Tijuana, no se conservaron las dos propuestas con los precios más bajos”, explica en su punto número 18, el informe de la ASF.
Diez meses para una obra cara y de mala calidad
De acuerdo con las auditorías realizadas, el órgano fiscalizador determinó que Constructora Transpeninsular “ocupó el cuarto lugar, con un presupuesto mayor en 35 por ciento que el previsto para su realización”.
Sin embargo, cuando la ASF solicitó al gobierno de Baja California, en este caso a la Secretaría de Desarrollo Urbano (SIDUE), a cargo de Manuel Guevara, las propuestas de los demás concursantes, la administración estatal respondió que “dichas propuestas fueron devueltas o destruidas”.
El organismo federal, entonces, detalla que la normativa aplicable establece que tales propuestas “no podrán devolverse a los licitantes o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes”.
NI EN TIEMPO NI EN FORMA
Además, el informe de la ASF documentó que “en visita de verificación física de dicho puente, se detectaron trabajos de mala calidad y falta de limpieza”. De igual forma, la SIDUE “adicionó y pagó obra fuera del objeto del contrato sin la autorización correspondiente”.
El Gobierno del Estado estimó el período de ejecución de la obra entre el 24 de noviembre de 2014 y el 12 de abril de 2015. Posteriormente, la SIDUE anunció que la obra iniciaría los primeros días de enero y concluiría en cuatro meses.
Lo cierto es que la obra tomó diez meses para su realización, durante los cuales más de 100 mil automovilistas que transitan por el puente al día, padecieron cierres de carriles, obstrucciones de salidas a la Vía Rápida e intenso congestionamiento vial.
En octubre de 2015, cuando la obra concluyó, el delegado de la SIDUE en Tijuana, Gabriel Arvizu Loyola, explicó que las obras consistieron en crear un carril adicional en el sentido de Norte a Sur (de la Central Camionera al crucero de la “5 y 10”).
MÁS OBSERVACIONES
El resto de los contratos revisados por la ASF, en los cuales se utilizaron fondos federales en 2014, incluyen la construcción de la Plaza 11 de Julio, la construcción del Bulevar Florido-El Niño y la construcción de la vialidad Liga Barcelona-Del Prado, las tres obras correspondientes a Tijuana. De éstas, surgieron más recomendaciones como pagos indebidos por 2 millones 643 mil pesos en sobreacarreos improcedentes y la formalización de contratos y convenios de forma extemporánea, sin contar con las modificaciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Además, la ASF no localizó estudios de impacto ambiental ni su autorización en los proyectos revisados.
En cuanto a la construcción de la Plaza 11 de Julio en Tijuana, ya que se encuentra suspendida y clausurada por falta de permisos municipales, el organismo fiscalizador determinó que a la Tesorería de la Federación, se deberá reintegrar el importe no ejercido de 70 millones 335 mil pesos.
En general, la SIDUE “no ha conservado de forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica de los actos y contratos celebrados”, detalla otra observación.
Mientras que en la licitación para adjudicar la construcción de vialidad Liga Barcelona-Del Prado, también en Tijuana, “se detectaron inconsistencias en los procesos licitatorios, ya que mientras en uno de los tramos una contratista resultó ganadora en una licitación, en el otro se le descalificó por falta de experiencia, a pesar de tratarse del mismo proyecto”.
Esta obra consiste en la primera etapa del proyecto integral Corredor Norte-Sur, el cual conectará al Libramiento Rosas Magallón hasta el Corredor 2000 y que constará de 14 kilómetros de extensión.
Una observación más de la ASF respecto a la Liga Barcelona-Del Prado, es que “no se contó oportunamente con el permiso ni con la autorización para que la CFE reubicara los postes de energía eléctrica que se encuentran sobre los carriles de circulación de las obras”.
Al momento de la inauguración de la vialidad, en diciembre de 2015, el gobernador comentó: “Los recursos que administramos como gobierno son de todos ustedes, los bajacalifornianos, y lo hacemos de una forma muy ordenada, directa, con mucha responsabilidad”.
“NO ES TEMA DEL GOBERNADOR”
Como resultado de la fiscalización del Fondo Metropolitano y del Programa del Desarrollo Regional, la ASF determinó en su informe 2014 que el gobierno de Baja California se hizo acreedor a 15 observaciones que se dividen en tres recomendaciones, cuatro solicitudes de aclaración y nueve promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Éstas incluyen los malos manejos financieros y las irregularidades cometidas tanto en la ampliación del puente Lázaro Cárdenas como en la Liga Barcelona-Del Prado y en la Plaza 11 de Julio.
De acuerdo con los lineamientos, las recomendaciones deberán ser seguidas por el Órgano de Fiscalización Superior de Baja California (ORFIS).
Otras tres recomendaciones emitidas por la ASF, fueron solventadas por la SIDUE antes de que el organismo concluyera su más reciente informe.
Al respecto, Miguel Lemus, subsecretario de SIDUE, desestimó las observaciones de la ASF: “Lo primero que dijimos fuera que nos radicaran por documento y a través de los canales correspondientes, si había una responsabilidad real o si solo era parte del humo que se aventó porque había unas casas ahí de alguien. Fue un tema que se revolvió mucho, cuando llegaron las supuestas observaciones, estamos pidiendo que nos las formalicen para darles atención”.
Después explicó que en la SIDUE “no tenemos un requerimiento formal para atender el tema. No hemos limitado que cuando nos pidan información, cumplir y entregarles la información”.
A la oficina del mandatario estatal se solicitó una versión sobre las recomendaciones emitidas por la ASF, pero la respuesta consistió en que “no es tema del gobernador”.
