Decenas de maestros encomendados a los sindicatos magisteriales debieron regresar a sus grupos -por acuerdo de Ley-, dando fin a una parte turbia de la historia del sindicalismo magisterial. Pero aún quedan cifras que no se han aclarado. Dirigencias sindicales aceptaron la decisión oficial sin refutar
A partir de enero de 2016, cientos de maestros comisionados a tareas sindicales debieron regresar a su labor en las aulas. Para quienes permanezcan con trabajos gremiales, su sueldo deberá ser cubierto por la organización sindical.
El cambio deriva de la implementación de la Reforma Educativa y la inclusión de la controvertida nueva Ley del Servicio profesional Docente, con una serie de ajustes entre evaluaciones, mecanismos de ingreso, fiscalización y seguimiento.
Pero en Baja California los números no cuadran, pues según el Censo 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen mil 851 irregularidades en cuanto a maestros que estaban comisionados sindicalmente, aunque ahora entre las dos secciones principales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) – 2 y 37- aseguren que eran cerca de 200, y que con el nuevo ajuste esta cifra se reducirá a la mitad. El resto se supone que ya regresó a laborar a las aulas.
“Ahí que busquen donde están los otros, porque no están en el sindicato”, expone la dirigente de la Sección 37 del SNTE en la entidad.
Por su parte, el dirigente de la Sección 2, Mario Aispuro, considera que a la par de afectaciones hay también oportunidades: “Este país está demasiado complicado, hay demasiados asuntos y no vamos a ser el obstáculo por el hecho de que el sindicato tenga que hacer un esfuerzo económico para poder continuar la marcha”.
Mario Aispuro, con el secretario de educacion Mario Herrera
La lupa en el tema la sigue poniendo el sector privado a través de la COPASE (Coalición para la Participación Social en la Educación), que a través de su coordinador, Alfredo Postlethwaite, insiste en que el tema debe transparentarse para saber quiénes son los comisionados y sobre todo aclarar la disparidad en las cifras.
OPORTUNIDADES
La sección 2 del SNTE en la entidad agrupa a 35 mil trabajadores de la educación, de los cuales alrededor de 9 mil son jubilados; el resto, 26 mil activos, están en diferentes niveles y regiones. Antes se les conocía como maestros federales.
Con base en la explicación de Aispuro, este año contaban con 64 integrantes del Comité Ejecutivo Seccional -electos en asamblea-, a los que se sumaban 40 que llegaron “por invitación”, todos ellos comisionados al sindicato y pagados por el sistema educativo.
“Desde que se aprobó la Ley de Educación, los comisionados no existimos como tales” explica el líder magisterial, argumentando que ahora el término es “asesores sindicales” y que llegan a raíz de la llamada “Toma de Nota”, producto de un congreso estatutario. Las personas electas en asamblea se envían en listado al Tribunal Federal de Arbitraje, donde quedan acreditados como nuevos miembros del Comité Ejecutivo Seccional.
“Pero nosotros requerimos de algunos otros apoyos”, dice en relación a otros cerca de 40 maestros asignados al trabajo sindical. El resto del personal que labora en el sindicato es contratado por la sección con recursos financieros del gremio. Aispuro Beltrán rechaza que se trate de “aviadores”.
“La persona que diga esto está completamente desinformada, o simple y sencillamente pretende exhibir algo que no existe. ¿Cómo podríamos ser aviadores, si tenemos más horas de trabajo y esas horas de trabajo son para representar a los compañero en todas sus necesidades como asistencia social, prestamos, problemas laborales?”, plantea el dirigente, quien considera que si hubiera un trabajo eficiente por parte de las autoridades correspondientes, no se requeriría de ese grupo.
“El compañero que requiere ese servicio reclama que no se está dando el buen servicio, entonces nosotros ponemos a alguien que permita canalizar todas esas inquietudes y así poder sacar adelante el trabajo”, ejemplifica.
Gutierrez Santoyo y Aispuro, dirigentes
En cuanto a la fiscalización de su labor -horarios, estados, resultados- Aispuro los separa en dos grupos: los de Toma de Nota -64-, que son “de congreso”, por lo que el estatuto del sindicato marca que haya reuniones para la evaluación del trabajo en general, “ahí tiene que dar la cara todos estos compañeros”.
Los otros 40 que ayudan en la parte operativa son gente “que está invitada por un servidor para que colabore, para que trabaje”, asegurando que a este último grupo era muy fácil evaluarlo, porque “si no dan resultados, se les agradece su acompañamiento, su participación, y le decimos que se vaya a su escuela y le hablamos a otro”, refiere, por lo que sí hay “rendición de cuentas y de resultados”.
El profesor sostiene que a partir del 16 de enero, los 64 integrantes del Comité Seccional solicitaron una licencia sin goce de sueldo. En tal caso se le pregunta si se trató de una decisión obligada por la resolución de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a lo que Aispuro Beltrán revira: “Obligados no, invitados, porque tenemos opciones. Una es pedir licencia sin goce de sueldo, otra es jubilarse -los que estén en posibilidades- y la tercera opción es regresar a su escuela”. Dice que de estos últimos se presentaron cuatro casos de maestros que optaron por regresar a grupo.
En cuanto a los permisos sin goce de sueldo, el dirigente de la Sección 2 del SNTE afirma que no perderán prestaciones, aunque hasta el día de la entrevista no les habían pagado la primera quincena con este nuevo mecanismo. Aispuro niega se trate de una medida unilateral y sintetiza:
“Vemos que en el cambio de la Ley hay afectaciones, pero también una gran cantidad de oportunidades, nosotros respetamos la Ley -que nosotros no hicimos-, lo que estamos haciendo es aprovechando las cosas buenas de la Ley”.
HAY QUE ACATAR
Por su parte, la Sección 37 cuenta con cerca de 17 mil 500 trabajadores de la educación en activo y 4 mil 300 jubilados. En el sindicato y de Toma de Nota, el Comité Ejecutivo Seccional lo integran 55 maestros que fueron electos en el pasado congreso, a los que se suma el llamado Comité Adicional, que son otros 25. En el caso de personal como secretarias, manuales, contadores, son empleados de la sección, el sindicato es el que paga esa parte.
“El horario en nuestra organización sindical es mucho más amplio, compañeros con una o dos plazas que saldrían comúnmente a las cinco de la tarde, pues a veces son las diez, once y doce de la noche, y ahí están trabajando en los edificios sindicales”, expone la dirigente de la Sección 37 del SNTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo, en alusión al término que les han endilgado de “aviadores”.
La dirigente magisterial considera que “estos pocos comisionados le resuelven la problemática laboral al universo de los compañeros”.
En cuanto a la fiscalización de este desempeño, la maestra Gutiérrez Santoyo expone que para quienes buscan cumplir una función sindical, lo que hace la permanencia es el trabajo, por eso insiste en que los maestros comisionados en la sección trabajan muchas más horas que un maestro frente a grupo.
La dirigente comenta que en la Sección 37 también se aplicó la medida dictada por la SEP en el sentido de que los comisionados sindicales deberían ser pagados por el SNTE o en su caso regresar a su plaza laboral y, que de los 55 de Toma de Nota, hay 19 prejubilados y dos jubilados.. Eso significó que fueran cerca de 30 los permisos sin goce de sueldo que optaron por regresar a grupo. Solamente dos fueron los maestros que solicitaron reintegrarse al trabajo en las aulas. Los otros 25 del comité ampliado ya regresaron a laborar en sus respectivas plazas.
“Estamos de acuerdo en cumplir, como lo hemos hecho en cumplir lo que marca la Ley en la reforma. Esto nos permite como organización sindical exigir de manera contundente el que cumpla el Gobierno Federal con lo que le toca”, expone Gutiérrez Santoyo, mencionando que al principio hubo resistencia, pero finalmente “todos nuestros compañeros estuvieron dispuestos a evaluarse”.
Asimismo, indica que la idea es que a quienes tengan permiso y el sueldo se los cubra el sindicato, pero sin perder prestaciones ni antigüedad, “tendremos que hacer un convenio con las instituciones para pagar todas las aportaciones”.
En el caso de este grupo de maestros estatales, la última quincena todavía se las pagó el gobierno local, pero a partir de la siguiente se las deberá cubrir el sindicato. De la posible afectación al trabajo sindical, la maestra de prescolar asume: “Tuve la reunión con los compañeros para plantearles la situación, que teníamos que cumplir con lo que marca la Ley y todos se fueron, no hubo ninguna resistencia y el ánimo es trabajar a contraturno”.
Y acepta que hay otros maestros comisionados, pero no al sindicato, “como organización sindical eso nos sirve mucho, ya quedó muy claro quiénes estábamos en el sindicato. Se dijo que en el sindicato había 2 mil 200 a nivel nacional, pero comisionados que había 20 mil, pues ahí que busquen donde están los otros 18 mil, porque no están en el sindicato”.
Explica que localmente había maestros que estaban adscritos al Sistema Educativo, pero no tienen un estimado.
Sobre la medida de quitarlos de la nómina oficial, “lo veo como una oportunidad, nosotros como sindicato hacer lo que nos toca. Cumplimos con la Ley, buscamos cómo adecuarnos, lo veo como una oportunidad para exigir a la otra parte (patronal) que también la cumpla”, expresa en relación a las escuelas de tiempo completo, los estímulos para los maestros que resaltaron en la evaluación o la entrega de plazas a quienes participaron en los concursos, escuelas con calidad, con muchos temas infraestructura.
—Hay muchos temas. Parece un embate contra ustedes y el sindicato no se defiende…, se le comenta y así responde:
“La promoción el cambio a la Ley no la hemos hecho los maestros, es una reforma constitucional, somos ciudadanos y qué nos toca, acatar. Pero en el acatamiento a la Ley vemos la gran oportunidad de que hoy el gobierno cumpla con la otra parte”.
DEPURACIÓN NECESARIA: COPASE
Desde mediados de enero, la Coalición para la Participación Social en la Educación emitió un comunicado donde se exhortaba al Sistema Educativo a la depuración de la nómina estatal en cuanto al cese del pago de comisionados. ”La Ley del Servicio Profesional Docente lo dejó muy claro, los comisionados a tarea no educativa lo debe pagar el sindicato y no debe pagarse con recursos públicos”, señala el coordinador de COPASE, Alfredo Postlethwaite, en alusión a una práctica sostenida durante los últimos 25 años.
Menciona el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de la Educación Básica y Especial que realizó el INEGI en 2014, donde se detectaron irregularidades a nivel nacional y estatal. En Baja California trascendió que había mil 851 personas con licencia sindical.
“Había sido una práctica corrupta, perversa”, sugiere, añadiendo que la Secretaría de Hacienda ha convenido con el SNTE cubrirle el 1 por ciento de la nómina a la cúpula sindical, pero a la vez cada Estado les pagaba a los comisionados. Eso significaba que con los recursos púbicos se pagara tres veces: uno la cúpula sindical, otro lo pagaba el gobierno estatal, y el tercero a quien remplazaba, a quien salía de plaza y se iba al trabajo sindical.
Ahora con la nueva Ley quedó claro que los comisionados al trabajo sindical los debe pagar el sindicato de la parte cupular original “Ese es legal, es un convenio que hizo el SNTE con el Gobierno Federal para poder sufragar los gastos propios de actividades sindicales, pero nunca se pagó, se quedó en la parte cupular, y los Estados empezaron a cubrir esta parte local.
“Como estaba tan suelto y no estaba bien regulado el sistema de pagos (…) a nivel estatal comenzaron a desviarse y abultarse ese tipo de pagos. Con el trabajo de CEMABE se detectaron a nivel nacional cerca de 300 mil irregularidades, de todos tipos, personas que decían trabajaban en una escuela y no estaban; personas que estaban adscritas al sindicato”, expone el coordinador de COPASE, confirmando que en la entidad esas irregularidades sumaron cerca de 7 mil 200.
“Estaba muy desordenado administrativamente, mal manejadas las nóminas, y esto en todos los Estados”, además de que en la anterior administración estatal llegaron a haber cerca de 600 comisionados en las dos secciones del SNTE.
“Si hubo abusos, si hubo desvíos en ese sentido, qué bueno que ya haya una Ley que es contundente”, reflexiona Postlethwaite, quien considera legal la figura de comisionado al sindicato, aunque se cuestiona los montos y quién los pagaba.
En su opinión, en parte la actual problemática de falta de pagos a maestros consiste en que desde el año pasado empezaron a regresar los comisionados y “botaron” a los interinos, una buena parte de quienes ahora reclaman la falta de pago. “Tienen que ser más claros por parte del sindicato y el Gobierno del Estado, que digan quiénes son, con nombres y apellidos los que están en el trabajo sindical”, concluye.
