Fue la errada estrategia federal de aprehender a los grandes capos de la droga, de dejar intacta la estructura financiera, el recurso humano y la producción de drogas, el fertilizante que hizo crecer los cárteles en México.
Fue la errada estrategia federal de aprehender a los grandes capos de la droga, de dejar intacta la estructura financiera, el recurso humano y la producción de drogas, el fertilizante que hizo crecer los cárteles en México.
No terminaba la primera semana de febrero de 2016 cuando México amanecía con, por lo menos, tres nuevas organizaciones criminales. Escisiones de cárteles de la droga: La Nueva Familia, Los Justicieros y un grupo autodenominado Insurgencia por el Rescate Institucional y Social.
La zona que se adjudican estas organizaciones criminales es la Tierra Caliente, que con Michoacán al centro colinda con el Estado de México y Jalisco, entidades, las tres, con los mayores índices de inseguridad, asesinatos, violencia y actividad de cárteles de las drogas en este país.
El problema de los cartelitos surgidos de los grandes cárteles es la violencia inherente a las pandillas o bandas delictivas. Sin ser —aún— crimen organizado, el suyo es el lenguaje de las balas y la intolerancia, no sólo hacia quienes dicen enfrentar otros grupos de narcotraficantes, sino hacia una sociedad que, ahora sí, estará entre dos fuegos: el de los cárteles y el de los justicieros que brotan ante la incapacidad del gobierno para frenar la impunidad y cooptar la corrupción que dan vida a estas organizaciones.
Es preciso anotarlo: los nuevos cárteles, los que han surgido en los últimos 10, 15 años, lo han hecho a partir de divisiones en los cárteles ante la aprehensión de liderazgos criminales, o la traición por el control de territorios para el trasiego de droga.
En el caso de las tres nuevas organizaciones criminales, el antecedente es la aprehensión de Servando Gómez, la Tuta, de Los Caballeros Templarios. De esta organización surgen ahora los nuevos cartelitos.
Solían existir en México los cárteles “tradicionales”. Sí; resulta vergonzoso aceptar con naturalidad la presencia de grupos delictivos en la vida cotidiana del país pero, vaya, es el contexto que nos han creado a los mexicanos los gobiernos —sean del partido que sean—, que a partir de la corrupción que origina la impunidad entregan territorios a los criminales.
Las zonas o plazas de desarrollo de las estructuras criminales han sido asignadas a los cárteles, sea entre ellos en negociaciones o a balazos, o con la anuencia de gobiernos corruptos, particularmente del federal, que tiene en su fuero la persecución, el combate y el procesamiento de los delitos contra la salud, la asociación delictuosa, el tráfico y la distribución de drogas, la posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y otros en los que suelen tipificarse las conductas ilícitas de los criminales organizados.
Hace no muchos años podíamos hablar de los “grandes” cárteles. El cártel de Sinaloa, el cártel de los hermanos Arellano Félix, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez y párele de contar.
Fue la errada estrategia federal de aprehender a los “grandes” capos de la droga, de dejar intacta la estructura financiera, el recurso humano y la producción de drogas, el fertilizante que hizo crecer los cárteles en México.
La naturaleza criminal, donde prevalece la premisa de la sobrevivencia del más fuerte, lleva a los integrantes de segunda de un cártel a pelear por el poder cuando el liderazgo ha sido abatido o detenido. En una estructura horizontal de crimen organizado, casi de negocio familiar, donde el capo está arropado por lugartenientes, y a estos los suceden jefes de células, seguidos de sicarios, traficantes y de ahí el nivel inferior pero de mayor número con los narcomenudistas, serán los brazos del liderazgo criminal quienes buscarán encabezar la organización. Ahí el problema: cuando delincuentes al fin, no ceden terreno, se enfrentan, se alían con otros cárteles, compran corporaciones policiacas, hasta terminar construyendo otros cárteles, o como es el caso, cartelitos.
Ejemplos de este actuar hay muchos.
Del cártel de Sinaloa surgieron el cártel de los Beltrán Leyva, la organización de Ignacio Coronel y el cártel del Milenio; del cártel del Milenio surgió el cártel Jalisco Nueva Generación, y de este, el cártel de Los Cuinis. Del cártel del Golfo se creó el cártel de los Zetas, y ahí tuvieron su origen también Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, mientras del cártel de Juárez surgieron La Línea y Los Aztecas. Del cártel Beltrán Leyva emergieron Los Rojos y Guerreros Unidos. Acaso el único menguado, pero aún subsistiendo a fuerza de alianzas, es el cártel Arellano Félix, ya en manos de una tercera generación de la familia de mafiosos, la cual sigue encabezando —sin orden de aprehensión en ningún país— Enedina Arellano Félix.
En los inicios de este sexenio, el de Enrique Peña Nieto, su primer procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, declaró, para justificar la violencia en el país, que habían recibido expedientes que documentaban más de 80 organizaciones criminales. Hoy, sin un padrón criminal establecido con elementos científicos de investigación, la cifra aumentó.
La actual procuradora general de la República, Arely Gómez, no ha establecido un plan integral de control y combate de los cárteles de las drogas. Es evidente, la señora aún vive y respira, en términos políticos, de una captura que no fue suya. La de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, planeada en la DEA y ejecutada por la Marina de México, aderezada por un golpe de suerte de dos policías federales que nada hacían en el cuadro de la inteligencia extranjera pero que fueron el último eslabón en la captura del capo.
Fuera de esa aprehensión ajena, Arely Gómez no tiene nada que presumir o festejar. El nacimiento de tres organizaciones criminales en la parte centro del país y la mutación del cártel Jalisco Nueva Generación en el norte y el noroeste de México hablan de una política fallida por parte del gobierno federal para, ya no digamos eliminar, sino controlar y combatir a los cárteles y evitar su crecimiento.
De los tres nuevos cárteles surgidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se puede decir que de algún modo iniciaron con una campaña mediática. Colgando mantas y amedrentando. La Nueva Familia las colgó en Zamora, Michoacán, con leyendas como: “Se les avisa a toda la sociedad de Zamora y sus alrededores que comenzó la limpia de gente que apoye al CJNG, así como los que anden extorsionando, robando, secuestrando, violando y matando por paga. La limpia ya empezó y el aviso va para todos sin piedad, se castigará al que esté contribuyendo con estas lacras del CJNG…”.
Los Justicieros hicieron lo suyo pero en Lázaro Cárdenas (donde se localiza uno de los puertos marítimos más importantes de América), al colgar mensajes donde se leían sentencias: “Somos un grupo de personas que traemos los ideales de un gran señor, todo aquel que venga y haga daño a nuestro pueblo, aténganse a las consecuencias”.
Mientras, Insurgencia por el Rescate Institucional y Social promocionó su actividad criminal en internet, con un video donde anunció ser una especie de vigilantes que pretenden controlar lo que el gobierno no ha podido: la creciente corrupción en las corporaciones policiacas y a los narcotraficantes.
De estas amenazas, tanto el gobierno federal como el del estado de Michoacán —el primero priista, el segundo con sello del PRD— las minimizaron. No han emprendido estrategia especial para contener lo que se avecina, ni para controlar lo que ya existe. Los Caballeros Templarios comenzaron de la misma forma que ahora lo hacen estos tres grupos, y de predicar con la justicia y prometer acabar con asesinos, narcotraficantes y secuestradores, se convirtieron en un cártel violento, extorsionador, corruptor, secuestrador y dedicado al trasiego de droga.
Sin embargo, el gobierno federal de Enrique Peña, la Procuraduría de Arely Gómez y la Comisión Nacional de Seguridad de Miguel Osorio no actúan con base en la historia reciente y sus funestos resultados, sino en concordancia con la retórica presidencial de negar el problema para no verlo con la intención de que se olvide. Los hechos ahí están, las amenazas a la sociedad también, y las escisiones de cárteles que han terminado en otros cárteles. Controlar ahora las incipientes organizaciones criminales sería lo propio. Lo debido y lo obligado. Pero no. Mientras se permite el desarrollo de nuevos cárteles, otros se expanden, ante un gobierno aparentemente impávido —o tal vez comprometido con quien menos debería— que espera que un milagro desde Roma acabe con cárteles de hoy, mañana y siempre.
