La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia ocurridos en el penal de Topo Chico, localizado en el estado de Nuevo León, en los que 49 personas perdieron la vida, y 12 resultaron heridas.
En los hechos, la CIDH dice hubieron irregularidades en las que los gobiernos estatal y federal tardaron en actuar conforme a los protocolos, por ejemplo, en no informar a los familiares de los reclusos, sobre lo que estaba sucediendo al interior del penal durante la riña.
A través de un comunicado, la Comisión Interamericana urgió al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, y en su caso, identificar y sancionar a los responsables.
El pasado 11 de febrero tuvo lugar un enfrentamiento en el penal de Topo Chico, en Monterrey. De acuerdo con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, la pugna inició debido al enfrentamiento entre integrantes de Los Zetas y del Cártel del Golfo. Según declaraciones oficiales, el saldo fue de 49 personas muertas, de las cuales 5 quedaron calcinadas. Asimismo, 12 personas resultaron heridas.
Según declaraciones oficiales, las autoridades retomaron el control del centro de detención aproximadamente 90 minutos después de iniciados los hechos.
Los informes de prensa indican que el despliegue de la fuerza estatal incluyó participación de miembros del Ejército, la Marina y las fuerzas federales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH), emitió un comunicado de prensa en que condenó esta situación de violencia, demandó el pleno esclarecimiento de estos hechos y determinó atraer el caso para investigarlo.
La información recibida indica además que después de los hechos, el gobierno estatal habría determinado el traslado de aproximadamente 230 internos del penal de Topo Chico a otros centros de detención.
Según declaraciones de los familiares, aún no habrían sido informados sobre los internos que serían trasladados ni dónde.
La CIDH indica que en los casos de traslados colectivos de internos como medida de seguridad, el Estado tiene el deber de informar sin mayor dilación acerca de la nueva ubicación y las condiciones personales de los internos.
De conformidad con declaraciones del gobernador de NL, los hechos de violencia referidos tuvieron lugar en una situación crítica de hacinamiento.
En este sentido, la CIDH urgió al Estado mexicano a adoptar pasos dirigidos a reducir el hacinamiento y el uso de la prisión preventiva, mediante el empleo de medidas alternativas a la misma.
Por otra parte, la Comisión Interamericana llamó al Estado mexicano a continuar con la investigación de estos hechos, y recuerda que el Estado tiene la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia.
“Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión”, se puede leer en el comunicado.
