Las heridas que en las imágenes se observan, fueron cometidas por elementos de la Policía Comercial de la colonia Altabrisa. Los lesionados, sostienen que en ningún momento trataron de agredir a los oficiales, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana asegura que se trata de jóvenes conflictivos
Ya eran los primeros minutos del lunes 8 de febrero y un grupo de jóvenes que no pasan los 30 años de edad, salieron de la casa de uno de ellos para seguir tomando lo que cargaban en una hielera, ya había terminado el Super Bowl. Entraron al parque de la colonia Altabrisa y ahí mismo abrieron unas cervezas.
Eran nueve, pero uno por uno se fueron metiendo a sus casas hasta quedar tres.
“Veíamos pasar las patrullas y nos agachábamos. Pasaron como cuatro o la misma pasó cuatro veces. Sin música, sin gritar, solamente pisteando”, dice Omar, quien prefiere omitir sus apellidos.
Omar, Humberto y Daniel, vieron acercarse desde la parte sur del parque la luz de una lámpara y conforme se acercaba, se dieron cuenta que se trataba de un policía municipal. “Hey, oficial, nomás estamos tomando”, le dijo uno de ellos con la luz sobre su cara. Voltearon y vieron que por el otro lado (norte) se acercó un uniformado más.
“Pero no dijeron nada. Ni buenas noches, ni quiénes son, ni qué están haciendo, ni levanten las manos. Llegaron y nada”, continúa relatando.
Humberto y el primer policía –a quien identificaron como Omar Prado Santillán, registrado como Policía Comercial adscrito a la Mesa de Otay– forcejeaban en el intento por esposarlo, mientras que el otro policía, Hugo Daniel Zamora Gaxiola, observaba.
“Dije ‘no, si nos arrestan ahorita vamos a estar toda la noche’, me quise meter y, ¡pum!, me pegó con la lámpara en la cara”, dice Omar.
Acepta que al principio solo cayó y no dijo nada aunque es bien “hocicón”, pero después le gritó “hasta de lo que se iba a morir”.
“A mi compa (Humberto), ya en el piso le dio como cinco lamparazos, uno en la cabeza que fue el que le abrió y otros en la espalda”.
“¡Cálmate, qué chingados traes!”, le reclamaron. Calculan que otros seis policías se acercaron a la zona, y Omar les volvió a gritar: “¡Quiero saber quién es el que va a venir a mi casa a pedirme lo que piden todas las semanas!”,
“Solo me decían, ya cállate, morro. En el piso me empezaron a pegar otra vez, los otros placas”.
Daniel, el tercer joven, había corrido a su casa en busca de su padre, el mismo de Humberto, quien trató de llegar a un acuerdo pero no funcionó, así que los llevaron a la delegación Mesa de Otay, donde no fueron turnados con un juez y unos paramédicos les limpiaron y vendaron las heridas. Ahí mismo Omar Prado –el policía– pidió que le vendaran un brazo, argumentando una lesión.
De ahí los llevaron a la Estancia Municipal de Infractores, donde solamente los revisó un médico, pero dicen que tampoco fueron presentados ante un juez municipal. A las cuatro de la mañana llegaron al Ministerio Público –de la Procuraduría General de Justicia del Estado– de la zona de Otay.
“Un acuerdo”
El Policía Omar Prado ahí intentó llegar a un acuerdo. Les dijo que él les otorgaba el perdón por haber “agredido a un funcionario público” a cambio de que ellos no presentaran cargos por lesiones, y en ese momento Omar y Humberto aceptaron.
Aproximadamente a las 10 de la mañana salieron del Ministerio Público donde, comenta Omar, les dieron a firmar un documento que decía que no habían querido declarar por lo sucedido.
Omar, tras su relato a este semanario, busca precisar: responsabiliza a los policías involucrados si hay un daño a su integridad o a la de su familia. “Temo porque ellos saben dónde vivo”.
Denuncia y quejas
Durante las siguientes horas, Omar, acompañado por sus padres, acudió a las instancias competentes para narrar y buscar que los policías respondan por lo sucedido.
Fue a la PGJE e inició una denuncia por Abuso de Autoridad, misma que próximamente ampliará a Lesiones que –con base en un certificado médico– tardan más de 15 días en sanar, lo que según el Código Penal del Estado significa que el responsable podría cumplir condena en prisión.
En lo que va del año 2016, la PGJE zona Tijuana ha abierto 52 actas por abuso de autoridad de corporaciones policiacas.
Omar se dirigió también a la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, donde se inició la queja Q-081-16, y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, instancia en la que se abrió el expediente 72/16/1VG por una presunta violación al derecho a la seguridad jurídica: prestar indebidamente el servicio público, emplear arbitrariamente la fuerza pública y diferir de la presentación del detenido ante la autoridad competente.
“Jóvenes conflictivos”: SSPM
De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, los policías comerciales actuaron motivados por las quejas de los vecinos y los muchachos se pusieron agresivos ante la invitación del oficial de retirarse; empezaron a forcejear, por lo que un oficial resultó lesionado.
La dependencia, a través del departamento de comunicación social, agregó que “en investigaciones” resultó que los jóvenes tienen conflictos con los vecinos”, aunque no se mostró evidencia de ello.
Mensualmente, los vecinos de la colonia organizados en una sociedad de colonos, pagan 200 pesos por vivienda para tener los servicios de la Policía Comercial, con una caseta incluida. Rolando Hermosillo, presidente de dicha sociedad, hasta el cierre de edición no pudo ser contactado.
