Inhabilitan a 6 por fuga del “Chapo”

Ex directivos penitenciarios omisos en cumplir con sus deberes fueron sancionados 10 años

Aunque penalmente no se ha acreditado en sentencia definitiva su participación en la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, seis funcionarios adscritos al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) fueron inhabilitados y algunos destituidos por la Secretaría de la Función Pública (SPF).

El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, informó que luego de cinco meses de investigación se concluyó que los ex funcionarios del sistema penitenciario incurrieron en responsabilidad al violar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, y el Manual de Protocolos que rigen dichos establecimientos.

Celina Oseguera Parra, ex coordinadora general de prisiones federales, fue inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos, al demostrarse que no asignó el presupuesto para la actualización de sistemas de seguridad internos y la optimización de acciones al interior del Cefereso. También se conoció que Oseguera celebró una sesión extraordinaria el 31 de diciembre de 2014 para autorizar la entrega de un televisor a Joaquín Guzmán Loera infringiendo reglamentos.

Leonor García García, directora técnica del CEFERESO 1 Altiplano y titular del área jurídica, quien el 11 de julio de 2015 estaba encargada de la dirección general -cuando se fugo “El Chapo” Guzmán- fue destituida e inhabilitada por 10 años por no haber declarado el sistema de alerta máxima en forma inmediata en cuanto se conoció la evasión del interno.

También fue inhabilitado por 10 años el ex director general del penal referido, Valentín Cárdenas Lerma, pues omitió establecer la coordinación con las fuerzas de seguridad federales al momento de conocerse la fuga y no activó a tiempo el código rojo de alerta para responder a la situación. Cárdenas participó en la sesión extraordinaria de funcionarios en la que se autorizó el televisor al preso.

Los otros tres funcionarios inhabilitados 10 años son Roberto Cruz Bernal, supervisor penitenciario adscrito al penal, por no actuar con diligencia para activar el código rojo y omitir la vigilancia permanente en el área que le correspondía; Esteban Estrada, oficial del CEFERESO, por no atender las llamadas que se efectuaron para la activación del código rojo ni dar la alerta correspondiente a otras autoridades y Juan Ignacio Orozco, supervisor penitenciario, por las mismas razones.

Virgilio Andrade aseguró que por el momento no hay más funcionarios investigados en relación a la fuga del líder del Cártel de Sinaloa, exonerando de antemano de cualquier responsabilidad a servidores públicos del CISEN y de la Secretaría de Gobernación. Tampoco se investigó al ex comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.