Cerca de 800 mil vehículos de los denominados “chocolate” se encuentran en el limbo legal, luego de que el Gobierno Federal prohibiera la importación de automóviles anteriores al modelo 2007; ante las manifestaciones de los afectados, administrador del SAT dice que pararán los decomisos, y luego afirma todo lo contrario. Mientras, los interesados recaban firmas para solicitar al gobernador un plan como Placa BC, que en el sexenio pasado ayudó a regularizar miles de autos
Luego de diversos operativos para asegurar vehículos que no se encuentren regularizados, decenas de personas se manifestaron el 18 de enero, tomando la Calzada Independencia en Mexicali, para exigir al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado, dejar de participar en los decomisos implementados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Todos queremos importar nuestros vehículos, sabemos que hay un plan del gobierno para poder importar nuestras unidades pero se niegan a bajar la solución, quieren decomisar los carros y hacer el negocio millonario de venderlos ya nacionales y luego regularizarlos; eso se llama corrupción”, acusó Leonardo Álvarez, presidente de Comerciantes Unidos de la Franja Fronteriza.
Pidió que se respetara el Tratado de Libre Comercio, además de denunciar robos por parte del SAT, ya que de 200 vehículos decomisados, los más lujosos ya no fueron entregados.
“Esos carros los estamos buscando ahorita, los vamos denunciar”, insistió.
Nuevamente el 21 de enero se manifestaron en las instalaciones del SAT, bloqueando la Calzada CETYS. Luego de dos horas fueron atendidos por el administrador local, Jacobo Corona Bolaños Cacho, quien les informó que no se tienen programados más decomisos.
Sergio Zapata, uno de los inconformes con las políticas de importación, declaró no poder costear un vehículo de reciente modelo, debido al alto costo de las importaciones.
“Nos obligan a andar de ilegales, no queremos ser ilegales, queremos estar bien legalmente, circular donde sea, cumplir con la Ley, pero no nos dan otra opción”.
Agregó que en cuanto compró un automóvil modelo 2003 cerraron las importaciones, por lo que no lo pudo legalizar, ya que no se puede realizar el trámite a modelos anteriores a 2007, además de reconocer que tiene miedo de las autoridades, ya que a cada rato lo detienen.
Por su parte, José Gastón indicó que en diversas ocasiones ha tenido que darle mordida a policías municipales para que lo dejen circular. “Mi mamá trabaja en fábrica, ¿de dónde va a salir para comprar un carro nuevo?”, plantea.
Estela Reyes dijo que personal del SAT les quitó un vehículo modelo 1995, además de imponerle una multa por conducir un vehículo ilegal. “Nos lo quitaron y una multa de 24 mil pesos y 24 horas para pagar, imagínese cómo nos fue, es delito federal. Venimos a manifestarnos porque va a empezar el decomiso de carros norteamericanos y yo creo que nadie quiere que le quiten el carro, y lo peor de todo es que no nos están dando chance para legalizarlos”, expuso la afectada.
Los manifestantes concordaron que la única alternativa es acudir a los tribunales internaciones para que se acate el Tratado del Libre Comercio, ya que deben permitir las importaciones a un menor precio que además genera una fuerte derrama económica en la región.
Édgar Silva, uno de los manifestantes, reiteró que las maniobras del Gobierno Federal de decomisar vehículos y aumentar las importaciones, es una estrategia para beneficiar a la industria automotriz.
SIGUEN OPERATIVOS, ADMINISTRADOR SE DESDICE
Pese a las manifestaciones que se realizaron en la capital del Estado, donde se tomaron las vialidades de Independencia y Calzada CETYS, el jueves 28 de enero, el administrador general de Aduanas, Ricardo Treviño Chapa, informó ante diversos medios de comunicación que continuarán los operativos para retirar los llamados autos ”chocolate”.
En la reunión de la toma de protesta del nuevo presidente del Index, Salvador Maese Barraza, Treviño afirmó que en Baja California se continuará con los decomisos con el fin de garantizar el desarrollo de diversos sectores de la economía.
Justificó los aseguramientos de vehículos al dar a conocer una alza del 60 por ciento en la industria automotriz en Baja California, siendo el incremento más alto en todo el país.
Para concluir, dijo que los operativos realizados por el SAT buscan detener el contrabando de diversos productos, entre éstos vehículos, cigarros y ropa.
IMPORTACIONES DIVIDEN
El gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, se dijo incapaz de resolver el problema, ya que la regularización de las importaciones es de competencia federal, aunque solicitó una entrevista con el titular del SAT para buscar una alternativa.
Complementó que existen atribuciones que el Gobierno Federal pudiera dejar en manos del Estado, a fin de implementar un programa de regularización para autos “chocolate”.
“Es importante para todos los bajacalifornianos que los vehículos que circulen estén regulares y tengan lo mínimo indispensable que la Ley marca”, declaró.
En su opinión, existen muchas familias de escasos recursos en los que el carro es un “artículo de primera necesidad”, aunque reconoce, en esta situación no puede actuar fuera de la Ley al estar facultados para actuar. “O son federales o son municipales, porque ustedes saben que la importación de carros la regulariza el Gobierno Federal, y por otro lado, Tránsito y Transporte está en poder de los ayuntamientos”.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Mexicali, José Manuel Hurtado Montaño, se deslindó de las manifestaciones que han realizado diversas personas, ya que aseguró, son los comerciantes informales quienes han tomado las calles.
“Hemos insistido mucho que las Cámaras de Baja California no están conformes con lo que está pasando de los carros ‘chocolate’ porque estamos invadidos, y yo creo que todos somos los grandes perdedores, tanto el gobierno, la ciudadanía, las Cámaras… Todo mundo somos perdedores, porque en cualquier momento nos cometen algún accidente y no sabemos ni quién fue”, detalló Hurtado Montaño.
En Baja California circulan en promedio 800 mil autos ilegales, pero que pugnan por su regularización, sobre todo pensando en las personas de escasos recursos que no pueden costear carros del año, además de que se tiene que revisar el precio de las importaciones, ya que el costo aumentó de 600 a mil 200 dólares en promedio.
“Sí se le debe dar la mano a las personas de bajos recursos, a la gente que tiene necesidad del auto para ir al trabajo o a la escuela, pero si me van a querer importar vaquetonadas como los Hummers o carros de lujo, eso ya no se vale” reiteró el dirigente de los comerciantes organizados.
BUSCAN DECRETO
El titular del Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia, Gabriel González Celestino, informó que buscarán mediante Iniciativa Ciudadana, obligar al Congreso del Estado a fin de que exhorte al gobernador para que decrete un programa de regularización de vehículos.
Opinó que el ex mandatario José Guadalupe Osuna Millán implementó un programa de regularización denominado Placas BC, con el que se beneficiaron miles de bajacalifornianos de escasos recursos económicos y, pese a ello, la problemática continúa, debido a que siguen sin generarse fuentes de empleo ni oportunidades.
Según González, la iniciativa beneficiaría a 800 mil familias de escasos recursos económicos, por lo que, por medio de la Ley de Participación Ciudadana, buscarán hacerle llegar la petición al Gobierno del Estado. Hasta el momento se tienen 2 mil firmas en Tijuana, pero el sábado 30 de enero estarán en Ensenada Tijuana y Mexicali buscando recabar 15 más para solicitar a los diputados, exhorten al gobernador del Estado.
Las firmas serían presentadas el lunes 1 de enero en el Congreso del Estado para dar trámite a la iniciativa ciudadana, la cual contempla que con solo 500 se puede iniciar el procedimiento ante oficialía de partes.
En cuanto a los retenes, comentó que como Consejo Ciudadano no respalda que se perjudiquen los derechos de terceras personas, ya que los plantones que se realizaron, fueron de manera pacífica.
“En Tijuana tuvimos una reunión en el SAT, donde por el momento se han suspendido los operativos que implementaron desde el lunes 18 (de enero), hasta en tanto el Congreso del Estado no emita dicho exhorto”, reveló, para puntualizar que la solución se tiene que dar en el ámbito local, ya que el gobierno de Baja California es libre y soberano, y recae en la responsabilidad del gobernador.
Señaló que la recepción de firmas es de manera gratuita.
CANACO pide abatir problema de autos “chocolate”
No es la primera vez que la Secretaría de Hacienda anuncia una redada de autos “chocolate” en Baja California, la más cercana fue en julio de 2014, cuando se emprendió la confiscación de unidades con placas norteamericanas, para luego dejarla en el olvido.
En su más reciente visita al Estado (16 de enero de 2016), el titular de la dependencia, Luis Videgaray, anunció una campaña de verificación contra autos ilegales que el SAT iniciaría en la frontera.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Gilberto Leyva, destacó que el jueves 28 de enero se sostendrían reuniones con empleados de la Secretaría de Economía; de ahí se esperan los acuerdos a los que lleguen en el tema de los vehículos.
El titular de CANACO agregó que permitir que transiten unidades sin estar importadas, representa una competencia desleal para quienes sí regularizan sus carros.
“La promesa fue contundente, tanto del gobernador como del secretario de Hacienda y el propio Aristóteles Núñez del SAT, de abatir el problema. Voy a ver qué pasó, en Tijuana le están apostando a la ilegalidad, ya me di cuenta que se reunió Alejandro Lares con el pillo de Fidel Villanueva, de Anapromex, para permitirles que circulen las unidades”, denunció.
“Vamos con todo, si la autoridad no hace nada voy a hacer una ‘Canaplaca’. Ya nos dimos cuenta que estar en la ilegalidad es lo mejor, pues entonces hay que entrarle. Si no solucionan el problema, este año vamos a tener más de un millón de unidades irregulares en el Estado”, finalizó Leyva.
COPARMEX pugna por el tema de la seguridad
El presidente del Centro Empresarial COPARMEX Mexicali, Francisco Fiorentini Cañedo, señaló que el organismo defiende la libre empresa, pero no están de acuerdo en que se afecte a terceros por las manifestaciones que se han venido realizando.
Según el titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la capital del Estado, en el caso de los vehículos, éstos tienen que cumplir con el proceso de importación como cualquier otra empresa, por lo que lo justo es que se aplique el reglamento para todos.
“El rechazo es absoluto, el comercio organizado tiene que cumplir con lo que la Ley mandata y, si aquí hay que importar los vehículos, que cumplan como cualquiera de nosotros al comprar una cámara o cualquier bien, importándolo”.
— ¿Qué opina sobre los vehículos que ya están en México y que definitivamente no pueden ser importados por la reglamentación que existe?
“Desafortunadamente se quedaron en un limbo, los carros tendrán que ir envejeciendo y salir de circulación, lo que la autoridad está procurando ahorita es también que eso ya no se repita en un futuro y es un tema de la Federación, la cual decide qué se importa y cuándo se importa. Estoy a favor de que si va a haber carros que sean importados”.