En el Hospital General de Tijuana niegan los señalamientos, incluso se dicen sorprendidos. Sin embargo, la acusación de que una empresa privada trató con ésta y otras instituciones públicas para hacerse de medicamentos y venderlos a un bajo costo, se encuentra dentro de un expediente de un juicio civil.
Elís Slim Lozano, socia mayoritaria de Nutriven, S.A de C.V., admitió la compra a instituciones de salud dentro de un juicio iniciado por otra causa en 2014. Mencionó además haber hecho uso de una campana de flujo laminar (laboratorio para crear los medicamentos) al interior del Hospital General.
Nutriven se dedica principalmente a la venta de nutriciones parenterales estandarizadas y personalizadas, según las necesidades del paciente. Hablamos de alimentación intravenosa -similar a un suero- para aquellos que no pueden ingerir alimentos sólidos por cuenta propia.
Los que dieron a conocer lo anterior a ZETA y pidieron el anonimato, también señalan a René Bassó como colaborador de las transacciones en el año 2007, cuando estaba en la nómina del hospital.
La poca inversión de la empresa para las compras, les permite vender los medicamentos sin competencia posible: 853 pesos los estandarizados y 2 mil 320 los personalizados, cuando con otros distribuidores los precios oscilan entre los 5 mil y 15 mil pesos. Hay un margen de ganancia amplio.
Lo mismo sucede con otras medicinas que ofertan, como es el caso de la Metformina a 32 pesos, Cibroplofaxino Be Advance de 60 pesos, Ácido Acetilsalicílico a 20 pesos y Ketorolaco inyectable a 20 pesos; precios que con regularidad son objeto de descuentos, por lo que los denunciantes sospechan, éstos también podrían venir de instituciones como ISESALUD, IMSS, ISSSTE o ISSSTECALI.
Según su acta constitutiva, Nutriven tiene como objeto social “la compraventa, importación, exportación, comisión, consignación, representación, almacenamiento, transportación, distribución, promoción y comercialización, de toda clase de artículos médicos y farmacéuticos, medicinas, perfumería y bienes de comercio en general”.
Además, “previa obtención de las autorizaciones legales correspondientes, la elaboración y mezcla de toda clase de medicamentos, así como la venta al público de los mismos y servicio de consulta médica gratuita”.
Figuraban como accionistas Lorís Slim Lozano, María Isabel Lozano Gaspar y Emili Slim Lozano, hasta que en octubre de 2009, optaron por transformar la sociedad anónima de capital variable en una sociedad civil y admitir como socios clase B -sin parte social- a Samantha Jiménez como gerente operacional y Jessica Muñoz como supervisor operacional. Las sociedades civiles cuentan con la prohibición legal de perseguir fines de lucro.
Lo anterior, podría vulnerar la salud de los derechohabientes, manifiestan los quejosos, al estarse dirigiendo el medicamento a fines distintos a la prestación del servicio público de salud.
Recuerdan que entre el 30 y 60 por ciento de los pacientes hospitalizados pueden sufrir complicaciones debido a la falta de suministros de medicamentos de primera línea. Estiman que de las 15 mil defunciones que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta anualmente en Baja California, el 20% podría estar relacionado con la escasez de medicamentos.
Entrevistado por ZETA sobre el tema, el director del Hospital General de Tijuana, Fernando Peñúñuri, se dijo extrañado y calificó el señalamiento como inverosímil. Aseguró que los controles internos de administración de medicamentos son muy estrictos, y que la campana de flujo laminar con que cuenta la institución se encuentra almacenada y en desuso.
Por esta razón, señaló que en la institución a su cargo se han dejado de producir nutriciones parenterales y que éstas se adquieren estandarizadas, incluso a menor precio del que ofrece Nutriven. Asimismo, que el químico René Bassó ya no labora para el Hospital General de Tijuana desde hace al menos cinco años.
Sobre la declaración judicial de Slim Lozano, comentó que bien podría haber mentido, por parecerle complicado el que se haya presentado la situación expuesta a ZETA.
“Cuando una cosa así pasa en un lugar donde hay mil trabajadores, dígame si no se hubiera sabido algo, Aunque sea un chisme” cuestionó.
Ni el Hospital General de Tijuana ni el resto de las instituciones de salud se prestan a la venta de medicamentos, porque es cuestión prohibida y por la gran demanda de los derechohabientes, aclaró Peñúñuri, agregando que el hacerlo veladamente requeriría de la implicación de una gran cantidad de personas, al menos en la clínica a su cargo, si bien no negó que la sustracción de medicamentos está en el terreno de lo posible.
El titular del Hospital General de Tijuana exhortó que los denunciantes y cualquier persona que tenga relación con el nosocomio, así como conocimiento del tema, deben acercar las pruebas con las cuales dicen contar a la Contraloría del Hospital General, así como al Ministerio Público.
Mientras que la empresa Nutriven expresó a ZETA su falta de interés por exponer su versión de los hechos, o dar contestación a los señalamientos.
