Policías juntarán firmas para exigir reforma a Constitución

Desde el 14 de diciembre de 2015, la Asociación de Policías de Tijuana se ha sumado a la labor informativa que realizan otras corporaciones a lo largo del país para informar a los oficiales acerca de la afectación que les supone la reforma al artículo 123 Constitucional lograda en 2008, que evitaría su reinstalación en caso de obtenerla mediante fallo judicial. La medida no solo afecta a policías municipales, estatales y federales, sino también a miembros del Ejército, la Marina, peritos, agentes del Ministerio Público y policías ministeriales del fuero común y federal, quienes al regirse por sus propias leyes, aun demostrando su no responsabilidad en un proceso administrativo o penal, solo tienen derecho a una indemnización. De manera literal, en el segundo párrafo de la fracción XIII del Apartado B del 123 Constitucional se establece “si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido”. Los oficiales que se han dado a la tarea de realizar esta labor informativa consideran que esta modificación va en detrimento a su derecho al trabajo y a su presunción de inocencia, y al dejar sin trabajo a los elementos, fomenta que aquellos que no tienen una moral y principios éticos bien cimentados se incorporen a las filas del crimen organizado. A partir del 15 de enero comenzaría la recaudación de firmas en Tijuana a favor del Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia, buscando dar certeza laboral a alrededor de 740 mil mexicanos que sirven en las distintas corporaciones, mediante la reforma al citado artículo Constitucional. El movimiento surgió luego de que el ex oficial de la Policía Ministerial del Distrito Federal, Jaime Bernal García comenzara a denunciar precarias condiciones de trabajo propias y de sus compañeros y la falta de aumento salarial después de 15 años de servicio, esto en 2013, haciéndose efectiva su destitución de la corporación el 1 de diciembre de 2014, y debido al precepto Constitucional señalado, no podría reincorporarse a trabajar. Al oficial lo habrían despedido por no haberse presentado a trabajar el 27 de julio de 2014, a pesar de que en el proceso administrativo que se llevó en su contra hizo constar el haber obtenido permiso para esto, a fin de que pudiera reunirse con el oficial mayor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), para platicar acerca de las exigencias de los policías ministeriales de la capital. A partir de ese momento, el movimiento liderado por Bernal García ha encontrado eco en otras entidades del país, sumándose los uniformados a la exigencia de mejoras salariales, mejor preparación y armamento y obtener una efectiva seguridad laboral.