(EDICIÓN IMPRESA) Ochenta y cuatro centímetros de largo, delgadito. Facciones discretas. Camiseta de manga larga a cuadros, azul y blanco. Pantalón de pijama. Envuelto en una chamarra color beige. Muerto en el asiento trasero de una patrulla de la Policía Municipal de Tijuana. Minutos antes, salió en brazos e inconsciente de la casa en que vivía en la colonia Tres de Octubre en Tijuana. Fue su padrastro, José Luis Ortiz García, quien pidió ayuda, y uno de los vecinos prestó su carro para apresurar la llegada al hospital. Se cayó de la cama, le dijo. Pero la gasolina alcanzó solo para llevarlo al fraccionamiento Pinos de Nares, sobre el Bulevar Díaz Ordaz, así que pidieron ayuda a los oficiales que por ahí circulaban en su patrulla. Los uniformados se dieron cuenta de que el menor ya no respiraba, y a su arribo, los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso. José Damián murió a sus dos años cumplidos. Un golpe duro en la cabeza, moretones y otras heridas anteriores que nunca fueron tratadas: para los agentes municipales de la Unidad de Violencia Doméstica no fue difícil saber que se trataba de un niño constantemente maltratado. Cuando aún estaba vivo, ese 6 de enero a las ocho de la mañana, José Damián lloraba porque su madre, María Elena Mendoza, no lo llevó al mercado sobre ruedas como lo hizo con su hermano Rafael, de seis años. “No estés chingando, cállate”, le decía su padrastro. De acuerdo a las declaraciones que José Luis hizo en el Ministerio Público, tomó un desarmador que en ese momento usaba para una reparación eléctrica y azotó el mango cuatro veces sobre el estómago de José Damián, pero como no dejó de llorar, utilizó un mango de madera para golpearle en la cabeza dos veces. María Elena y José Luis, coincidieron en que este último sabía que si José Damián y Rafael “se portaban mal” tenía permiso para “corregirlos”; utilizaban -comúnmente- cinturones y una chancla para pegarles en las nalgas. No era raro escucharle decir “pendejos, dejen de chingar”. Rafael y José Damián habían regresado a su casa hace tres meses, después de haber pasado más de dos años bajo custodia del DIF Estatal. En julio de 2013, María Elena fue encontrada alcoholizada en la vía pública y con sus hijos en brazos. Rafael tenía cuatro años y José Damián, 38 días de nacido. Antes, en 2010, Rafael, que debió tener un año de edad, también fue separado de su familia por el problema de alcoholismo de sus padres, quienes en ese tiempo aún estaban juntos. No había registro de un padrastro Durante 2015, mil 869 menores bajacalifornianos fueron puestos bajo protección de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia del DIF, por agresiones, omisiones de cuidado u otro tipo de violencia. En el mismo periodo, mil 761 niños fueron reintegrados con sus familias. Consuelo Luna, titular de la dependencia, asegura que si José Damián y Rafael fueron devueltos a su madre, se debió a que cumplió asistiendo a terapias psicológicas para personas alcohólicas y a Escuela para Padres. Mientras el padre de Rafael y José Damián, seguía en un centro de rehabilitación. Después del 1 de octubre de 2015, cuando regresaron a su casa, María Elena y sus hijos acudieron al DIF para un seguimiento del caso. La primera cita fue el 15 de octubre y la segunda el 26 de noviembre. La próxima reunión era en enero de 2016, sin embargo, por las razones aquí relatadas, eso ya no se va a cumplir. La funcionaria asegura que en entrevistas, Rafael, el mayor de los hermanos, no hizo referencia ni a maltrato, ni a la presencia de la pareja de su madre dentro de la casa. Sin embargo, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado las declaraciones del niño fueron determinantes para esclarecer los hechos: una omisión de cuidados de la madre y el frecuente maltrato físico por parte del padrastro como correctivo. Minutos más tarde Igual que José Damián, para Sofía los golpes terminaron el 6 de enero, una hora más tarde y a sus siete meses de edad. Luis Alberto Cota Nevárez, joven de 21 años y novio de su madre, Patricia Maravilla Soto, le propinó a la niña el coraje que sentía contra su padre biológico, quien en otro tiempo “le quitó” a una novia. Patricia y Luis Alberto se conocieron porque fueron vecinos en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado II, y ahí mismo iniciaron una vida juntos hace ochos meses. Desde ese entonces, cuando se quedaba solo con la bebé, aprovechaba para agredirla físicamente: golpes, pellizcos y apretones de cuello que el cuerpo de Sofía Maravilla soportó. En otra ocasión, cuando la leche se derramó en la ropa de Sofía, Luis Alberto activó una secadora en su punto más cálido y la colocó frente a su rostro. Ante la madre, justificó que la leche caliente había caído sobre ella. En su declaración ante el Ministerio Público, Cota narró que el 6 de enero Patricia le encargó cuidar a la bebé. Sofía empezó a llorar. Se desesperó y le pegó en el abdomen hasta vencer las fuerzas de la menor; convulsionó, se puso morada y dejó de respirar. El padrastro salió de la casa pidiendo ayuda y varios vecinos lo asistieron, pero por la vida de Sofía todo esfuerzo ya era inútil. Al lugar llegaron elementos de la Unidad de Violencia Doméstica de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja. Solo hicieron oficial la muerte. En la unidad municipal -misma que en primera instancia atiende estos temas-, de acuerdo al responsable José Luis Razo, durante 2015 se reportaron 103 casos de abuso sexual -contra personas de todas las edades-, 68 de lesiones a menores, 50 de violencia física, 36 de desatención y uno de abandono. En la PGJE se abrieron durante el mismo tiempo 227 averiguaciones previas por omisión de cuidado y 412 por violencia familiar contra menores. El patrón Ambas madres y padrastros fueron detenidos, interrogados, sus casos enviados a un juez y ellos están presos. Ellas por los delitos de omisión de cuidados, ellos por homicidio calificado. En el primero de los casos, la pena oscilará entre los cinco y seis años de prisión. En el segundo podría alcanzar una máxima de 50 años. Miguel Ángel Guerrero Castro, coordinador de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada de la PGJE, y responsable de la Unidad de Homicidios Dolosos, explica que como en la mayoría los ocho casos de menores asesinados en su hogar ocurridos durante 2014 y 2015, se distingue el mismo patrón: Mujeres que han sido abandonadas con sus hijos, que encuentran otra pareja y por temor de volver a sufrir lo mismo, se someten a las reglas de él. Arriesgan la vida de sus hijos. El consumo de alguna droga, el alcohol en exceso y una personalidad agresiva también son comunes. Guerrero Castro comparte que en una primera instancia la madre asegura desconocer que sus hijos fueron o son golpeados, incluso tratan da defender a su pareja. Luego la justifican. Finalmente, terminan llorando y arrepentidas. “Ya después, cuando se empieza a platicar con ella y se le hace ver la realidad, terminan llorando y arrepintiéndose, diciendo que sí sabían, pero que la pareja la obligaba y que le decía que si abría la boca, la iba a golpear también. Es el patrón”. Pero por lo menos en estos dos casos, los primeros de 2016, los asesinos no tardan en confesar sus crímenes, agrega el funcionario. Luego queda la duda si el sentimiento que les llega es arrepentimiento o temor. “Están hasta cierto punto arrepentidos, ellos saben que lo que hicieron no estuvo bien. Se dicen muchas cosas que pasan, ya que están en las cárceles, que dicen que les van a hacer pagar lo que le hicieron al niño, muchos hasta temerosos se ponen. Él (José Luis Ortiz) estaba como asustado, porque me imagino que a quien se tope no le va a agradar nada la historia”.