Estados Unidos lo reclama. México está dispuesto a extraditarlo. Finalmente la decisión de la autoridad nacional es administrativa, previo procedimiento judicial para escuchar y vencer al extraditable. Sin embargo, la entrega del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán a la justicia norteamericana parece que no será pronto. El líder del Cártel de Sinaloa ya contaba con, por lo menos, seis juicios de amparo vigentes en contra de la posible extradición, tramitados antes y después de escapar de prisión en julio del año pasado. Tras su recaptura el 8 de enero de 2016, sus abogados le han promovido por lo menos otros cuatro. En todos cuenta con la suspensión provisional o de plano para que las cosas se mantengan como están. Por lo pronto ya se cumplimentaron las dos órdenes de detención provisional con fines de extradición que se dictaron en julio –inmediatamente de la evasión– y en septiembre para que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera sea llevado ante Cortes de Distrito de los estados de California y Texas. La estrategia legal del “Chapo” de llenar de demandas de amparo los juzgados federales del Distrito Federal y el Estado de México no obedece a combatir esas dos órdenes ya cumplimentadas, sino al temor de que en cualquier momento el gobierno mexicano reciba el resto de las averiguaciones norteamericanas que se encuentran en Nueva Jersey, Illinois y otros distritos. Muchos de esos juicios de garantías “morirán” jurídicamente durante los siguientes meses en cuanto todas las autoridades que se mencionan informen que no existe el acto reclamado –al menos no uno nuevo– y se establezca que en otros juzgados ya se estudian los dos asuntos confirmados. Mientras los medios de comunicación realizan sondeos con sus lectores o televidentes y los investigadores académicos y abogados dividen opiniones sobre la conveniencia de extraditar a Guzmán Loera, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, abrió la puerta a la entrega al declarar que México seguirá la ruta de la colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos, porque en ese sentido, la Unión Americana siempre ha colaborado con nuestro país. El temor a la extradición por parte del “Chapo” Guzmán se incrementó luego de que a los días de ser re-internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, trascendió en voz del informante de la DEA, Héctor Berrellez, que al sinaloense se le involucra en el secuestro y asesinato del agente antidrogas Enrique Camarena Salazar, en 1985. Los saldos de Guzmán Cuando Joaquín Archivaldo fue recapturado el 22 de febrero de 2014 –tras su fuga del penal de Puente Grande en 2001– apenas había compurgado siete años y medio encarcelado, producto de tres condenas firmes que sumaron la friolera de 20 años y nueve meses de prisión. Acumuló en ese lapso al menos 13 órdenes de aprehensión y reaprehensión. En esta segunda excursión del narcotraficante e infeliz retorno al centro penitenciario del Altiplano, “El Chapo” Guzmán contaba con las dos órdenes de detención provisional con fines de extradición, un mandamiento de recaptura por la evasión y diez procesos penales vigentes en Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Estado de México y Distrito Federal, uno de ellos por la primera escapatoria. 
Durante su ausencia de prisión, a Guzmán Loera le iniciaron diversas averiguaciones previas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Procuraduría General de la República. En la indagatoria de la fuga de Almoloya se le fincan cargos por daños, cohecho y delincuencia organizada. También enfrentará acusaciones por los delitos derivados de la balacera en Los Mochis cuando fue detenido tras huir de la Marina por el alcantarillado. Desde las primeras horas de su reaprehensión y hasta el cierre de la presente edición, el capo ha promovido cuatro juicios de amparo en contra de actos de incomunicación, tormentos y desde luego la extradición. Simultáneamente presentó las dos primeras demandas de derechos fundamentales el mismo viernes 8 de enero; una en un juzgado en materia penal y otra en uno administrativo.
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