Con el fin de que Elvis González Valencia, miembro de la organización criminal de Los Cuinis y presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no sea incomunicado ni sometido a tratos crueles o inhumanos sus familiares interpusieron una demanda de amparo en el Distrito Federal. Los parientes de “El Elvis” presentaron su escrito en la oficialía de partes común del Consejo de la Judicatura Federal y el reclamo fue turnado al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, donde se radicó bajo el número de juicio de garantías 5/2016. El amparo promovido en nombre de Elvis González Valencia señala como autoridad responsable de presuntos actos de incomunicación al Subprocurador Especializado en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR). El juez de amparo ordenó se notifique al quejoso sobre la demanda de derechps fundamentales presentada en su nombre para que la ratifique o en su caso desista de ello; sin embargo, hasta ayer no había sido posible al actuario judicial comisionado localizar al michoacano, quien fue detenido el pasado sábado en un hospital privado de Guadalajara, a donde fue trasladado luego de sufrir un atentado a balazos en la región de los Altos de Jalisco. Desde el viernes primero de enero, Adriana Sánchez Reyna, esposa de Elvis González, promovió un juicio de amparo en Guadalajara en contra de todos los jueces federales especializados en cateos, arraigos e intervención de Comunicaciones con competencia en toda la República. La mujer externó como reclamo: “los actos de incomunicación de los que esté siendo objeto el quejoso directo en lugar en el que se encuentra hospitalizado”. Para desgracia de su familia, González Valencia fue trasladado el domingo por la noche a la Ciudad de México, presuntamente a la SEIDO. En Jalisco, el fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez aseguró que el cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, es señalado en tres averiguaciones previas por delitos del fuero común como daño en las cosas y extorsión, independientemente de las imputaciones que realice la Procuraduría General de la República por ilícitos del fuero federal.