Las cuentas del Congreso local no son nada claras y mientras más se hurga más anomalías se encuentran –sueldos, funciones, plazas a diestra y siniestra–, por eso el reclamo ciudadano en una instancia que debe representar a la población
El Congreso del Estado revisa y fiscaliza las cuentas de todos los organismos públicos en la entidad que reciben dinero público, define presupuestos –vota la propuesta enviada por el Ejecutivo– y teóricamente es el contrapeso a las decisiones de las otras dos instancias que conforman el Estado, el Poder Ejecutivo y el Judicial.
Pero realmente no hay nadie que los revise a ellos y el ejercicio presupuestal queda en una suerte de “juego libre” entre las distintas fuerzas políticas, y en la práctica los 25 diputados de los nueve partidos que lo componen, se convierten en cómplices de un despilfarro millonario del dinero público.
El ejemplo más ilustrativo se dio en la anterior legislatura –la XX– cuando el Congreso se convirtió en un espacio de poder controlado por el PRI para acomodar cuadros, utilizar el presupuesto a dos manos; hicieron y deshicieron: Aumento del presupuesto de 249 millones a 412, creación de organismos, engrosar la nómina y –antes de concluir la legislatura– aprobar las cuentas de ese año 2013, aún sin finalizar.
Foto: Sergio Haro/Nancy Sánchez y René Mendívil
Recientemente el Observatorio Ciudadano de Baja California (ObserBC) realizó un análisis del presupuesto ejercido por la actual XXI Legislatura durante el 2015, detallando que de los 535 millones de pesos del total presupuestado, 359 se fueron a servicios personales –sueldos del personal–, más del 66 por ciento del total, lo que significa un costo anual por legislador de cerca de 21.5 millones de pesos.
Pero los números no cuadran y de acuerdo a ese mismo análisis, queda la duda en cuanto al gasto de cerca de 92 millones de pesos. Aparte cuestionan el “dobleteo” en gastos como Apoyo a Módulos (de Atención Ciudadana) y Gastos en Módulos, o el caso de Sueldo en Comisiones y Apoyo en Comisiones.
Además un descontrol en sueldos, no solo en montos, sino en ejercicio. De los 150 empleados de módulos, unos ganan 5 mil pesos mensuales, y otros 15, 18, 20 mil. Incluso una plaza de 62 mil pesos.
Tampoco hay control sobre la labor que realizan, ni horarios, ni asistencias, menos rendimiento, sobre todo en los Módulos Ciudadanos. No hay ni Manual de Operación ni Normatividad para estas áreas, todo queda al albedrío de los 25 legisladores en una red de filias políticas, familiares, compadrazgos y otro tipo de hasta empatías.
En las otras áreas sucede lo mismo. Sueldos de los 10 mil a los 30, 40, 60 mil pesos al mes. Uno de 112 mil 553 pesos –se embolsa casi lo mismo que un diputado–, el Secretario de Servicios Administrativos. Otros de los cercanos ganan más de 87 mil pesos por mes.
No te acabes, presupuesto
De acuerdo al análisis del ObserBC, en el 2015 el Congreso del Estado se aprobó un presupuesto de 535 millones 525 mil pesos –150 menos que el anterior–, restando los 359 millones 683 mil pesos de Servicios Personales, 125 millones 834 fueron a Materiales e Insumos y 49 millones a Servicios Generales. Una cifra menor, 201 mil pesos a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
Las cuentas arrojaron que cada diputado se gasta –en relación a ese monto total– cerca de 21.5 millones de pesos anuales, desglosados los rubros más altos entre dietas de 1 millón 123 mil pesos, Apoyo a Comisiones 1 millón 200 mil pesos, Apoyo a Gestión Social, 2 millones 400 mil pesos, sueldos en Módulos 1 millón 717 mil pesos, sueldos administrativos 3 millones 566 mil pesos.
Un rubro de sueldos en Parlamentarios por 808 mil pesos, sueldos en Comisiones 728 mil pesos, sueldos de la Junta de Coordinación Política 703 mil pesos, gastos en Comunicación 466 mil pesos. Resalta el análisis del ObserBC, los “Sueldos NO identificados”, 3 millones 693 mil pesos por diputado hasta alcanzar, por todos, 92 millones 317 mil pesos.
La revisión arrojó que se trata de 575 empleados de los cuales 150 corresponden a los Módulos de Atención Ciudadana. En el análisis sumaron el total de empleados, que significan a la nómina 163 millones 443 mil pesos, más aguinaldos, tiempo extra, seguridad social y dieta de diputados, un total de 267 mil pesos. De ahí se los restaron a los 359 millones del presupuesto para Servicios Personales, lo que arroja la diferencia de los 92 millones 317 mil pesos, los famosos “Sueldos No Identificados”.
“Es un dinero público que está sujeto a todas las leyes y son servidores públicos los cuales la Ley de Responsabilidades también los incluye”, explica el Contador Víctor Ávalos, realizador del análisis.
Foto: Tomada de Internet Martínez Palomera, exigen transparencia
Ávalos muestra las cifras del desglose del Costo por Diputado, por ejemplo el monto de Apoyo a Módulos de 828 mil pesos, y se suma el de Sueldos en Módulos con 717 mil pesos, igual el Apoyo a Comisiones de 1 millón 200 mil pesos y el de sueldos de Comisiones con 728 mil pesos.
“Sí, le dan a cada diputado al año 828 mil pesos porque aparte le deben de pagar a 150 empleados que cobran (sumados) 18 millones de pesos”, comenta el especialista y cuestiona si en los módulos realmente están los empleados registrados. Critica además, los pagos “dobleteados” en Comisiones.
Insiste en el rubro “Sueldos No Identificados”, donde a cada diputado le corresponderían 3 millones 639 mil pesos anuales, que suman esos 92 millones que no encontraron. “¿Dónde están?”, se pregunta Ávalos.
Monica Bedoya, diputada
Atacar la corrupción
“A nosotros lo que nos preocupa es la transparencia, si no hay transparencia en los organismos públicos ¿cómo puede haber rendición de cuentas?, se pregunta el empresario y ex alcalde de Mexicali, Eduardo Martínez Palomera, cabeza visible de la Mesa Directiva del Observatorio Ciudadano de Baja California. Añade: “Si no hay transparencia y rendición de cuentas ¿cómo atacamos la corrupción y los actos de omisión?”.
Explica que el documento de análisis se envió a todos los diputados, pero hasta el momento no ha habido una respuesta. El empresario comenta que se ha insistido en la necesidad que se haga una auditoría al Congreso anterior –la XX Legislatura– “porque lo amerita”.
Dice que aunque este congreso bajó 144 millones al presupuesto, “nuestra preocupación es que en el anterior hubo tanto exceso, tanta falta de transparencia, que realmente amerita una auditoría”.
De la facultad del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de revisar esas cuentas, Martínez Palomera dice que no se ha sabido que ese organismo haya auditado las cuentas del Congreso de la XX Legislatura. “Los diputados de esa legislatura en septiembre del 2013 autorizaron las cuentas de enero a septiembre, sin haber terminado todavía el ejercicio”.
Considera un acto de omisión de la actual legislatura que no se hayan revisado las cuentas anteriores y revisar además el cómo se debe llevar a cabo eficientemente las labores del Congreso. Y el caso del 2014, cuando hasta septiembre tiene las cifras con las subcuentas, pero al final del año cierran con datos totales y se pierden esas subcuentas, con números cerrados, por lo que asegura que en el 2015 esperan que no pase lo mismo. “Vamos a revisar cómo ejercieron el rubro de servicios personales los diputados”, advierte.
Dice que en el ObserBC están conscientes que 575 empleados para 25 diputados “es mucho”, y pide a los legisladores que demuestren que para ser eficientes en su labor de generar leyes que beneficien a los bajacalifornianos necesitan esos 575 empleados. Igual desmenuza el concepto para gestión social –cerca de 60 millones de pesos anuales por los 25 diputados–, “ellos están repartiendo el dinero nuestro, de nuestros impuestos, por eso lo que queremos es más transparencia. No me importa que el diputado gane bien, para eso lo elegimos como diputado, pero sí me importan los gastos que ellos estén incurriendo a nuestro nombre y que no sean necesarios”.
Ocupas gobernabilidad
La diputada panista Mónica Bedoya encabeza la Comisión de Administración y Finanzas y recuerda que desde el arranque de esta legislatura la idea de encabezar esa comisión era el lograr la reducción tanto del organigrama como de los costos del legislativo, sobre todo comparando con lo que sucede en otros congresos del país.
“Se miraba que era de los que gastaban más”, explica y rememora como en la anterior legislatura se dio un salto tanto en el gasto como en la estructura. De los cerca de 150 millones de pesos que disminuyeron del presupuesto, Bedoya explica que esto se reflejó en ahorros en rubros como el sueldo de los diputados –cerca del 20 por ciento– y aparte en áreas como Comunicación Social, donde de 60 millones gastados en la anterior se redujo a 11 millones. Que revisaron partida por partida para ahorrar, como el caso de una escalera para el edificio presupuestada en cinco millones y que al final se optó por no construirla.
Del 66 por ciento que se va a servicios personales, Bedoya menciona que como partido la posición era que sí, se consideraba demasiado el personal que tiene cada diputado, además que en la legislatura anterior hubo un gran número de demandas y por ende de basificaciones “con sueldos muy buenos”.
De los cálculos de 21 millones de pesos por diputado refiere que –en el ObserBC- están dividiendo el presupuesto total del Congreso entre los 25 diputados, lo que considera no acertado; “Yo si estoy de acuerdo en que el Poder Legislativo de Baja California está gordito”. Dice que al inicio de la legislatura al presentar el presupuesto con 150 millones menos se lo rechazaron, y amenazó informaría a la prensa lo que estaban proponiendo. “Fue así como saqué ese presupuesto”.
De los trabajadores, acepta que en campaña reciben apoyo de gente y no todos van como voluntarios, hay quienes aspiran a lograr un trabajo y ubicarse en el gobierno. Sostiene que aunque lleguen con otra idea, a la hora de estar ahí hay compadrazgos, amiguismo.
— ¿Pero eso no los vuelve cómplices?
“A lo mejor sí te vuelve cómplice, pero qué puedes hacer, se tienen que sacar acuerdos políticos importantes, se tienen que sacar leyes, muchas cosas. La verdad es que ocupas una gobernabilidad y ahora es de nueve partidos”.
De los 92 millones que asegura el ObserBC están sin identificar, Mónica considera que se trata de “cálculos matemáticos erróneos”. En el caso de los módulos, donde hay rubros de Apoyo a Módulos y otros de Sueldos de Módulos, explicó que uno es para el pago de renta y la operatividad en sí del Módulo –aparte una caja chica para apoyos a la gente– y por separado los sueldos de los empleados.
De las Comisiones explica que ahí se destina lo que son Gastos de Representación y campañas de difusión separado del presupuesto de Comunicación, dado que este último es para difusión institucional.
“Hay compañeros de los medios que aquí tienen la base y siempre andan buscando cómo promover sus periódicos, sus revistas, sus programas”. Se le pregunta si hay una parte que destinan al apoyo a reporteros y así le explica: “De lo mío, institucional, es una decisión que tu tomas, hay quien dice que no les dan y no les dan”.
— ¿Pero hay otros que sí les dan?
“Sí”.
— ¿Tú les das…?
“Sí, claro que sí”.
Sobre la fiscalización del trabajo de los empleados de los Módulos, la diputada explica que se ha estado realizando un documento –Manuales de Operación, de Organización–, que se trabajan con el Contralor, pero no se han implementado.
“Aquí hay 25 jefes, lo que hace falta es una buena voluntad política de todos”.
Bedoya espera que con la nueva Ley de Transparencia se puedan evitar muchos de los huecos que actualmente se tiene y aclarar en qué se utilizan.
Los priistas, ganones
Benjamín Bautista
Desde la anterior legislatura los puestos claves administrativos están en manos de priistas afines a Fernando Castro Trenti, es el caso de Benjamín Bautista, quien en la XX Legislatura fungió como titular de Servicios Administrativos y Secretario de Administración del Comité Directivo Estatal del PRI, cuando Nancy Sánchez lo encabezaba. En ese tiempo el titular de la Contraloría Interna del Congreso era Alejandro René Molina Torres, cercano a Castro Trenti, y actualmente labora en la Embajada de México en Argentina al lado del ex candidato a la gubernatura. El área de Servicios Administrativos –con sueldo de 112 mil pesos mensuales– la encabeza Jesús García Castro, quien a la vez es Secretario General del Sector Popular (CNOP), mientras la Contraloría Interna es encabezada por Benjamín Bautista. Son los dos puestos claves, ya que la Contraloría es la instancia interna de revisión, antes que los números pasen al Órgano de Fiscalización.
Comunicación social, botón de muestra
Foto: Sergio Haro/Claudia Agatón, Comunicación Social Congreso
En Comunicación Social hay 21 empleados en nómina, que suma por mes 574 mil 688 pesos. Encabezados por la Directora General, Claudia Agatón, con sueldo de 87 mil 826 pesos y que ha destacado estos tres años por su ausencia.
En esa área hay un Subdirector general, un Subdirector de Información, un Coordinador de Dirección y un Coordinador de Relaciones Públicas, todos con sueldos de 45 mil, 43 mil y una analista que gana 44 mil pesos mensuales.Del coordinador de relaciones públicas nadie sabe, igual otras empleadas como Gabriela Gaxiola –ex Televisa–, quien gana 31 mil pesos mensuales como Subdirectora de Información y hace labores cercanas al titular de Servicios Administrativos. Otro caso es el de Gabriela Lizola, gana 13 mil pesos mensuales y no saben exactamente quién es ni qué hace. Caso similar es el de Mariela Noriega Vélez –del PEBC–, quien aparece como Subdirector con sueldo de 45 mil pesos mensuales y no se sabe cuál es su función. Igual otros cinco casos de personal adscrito a esa área que no se sabe qué hacen.
