De nuevo, dejan a Solorio fuera de la UABC

Un tema que parecía concluido tomó fuerza nuevamente al decidir un Tribunal Colegiado de Circuito que el abogado Daniel Solorio Ramírez quedara fuera de la plantilla de personal académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en Mexicali. Después de que hace un año la Junta Local de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo a favor del académico para su reinstalación en la facultad de tiempo completo, el Tribunal Colegiado -luego de que la UABC promovió un amparo- falló a favor de la Universidad, rezagándolo de la actividad docente. En su  decisión, el Colegiado del Tribunal de Arbitraje tendrá que tomar en cuenta una serie de elementos que dejó fuera al momento de su resolutivo y, posterior a eso, emitir un nuevo laudo. “Son chicanadas que buscan retrasar el procedimiento”, sostuvo Solorio en alusión a la estrategia para separarlo que, sugiere, viene desde Rectoría. El académico con 37 años de experiencia, adelantó que el caso se va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte el rector de la UABC, Juan Manuel Ocegueda, indicó que se trata de un proceso jurídico que ya está en marcha, y se dijo dispuesto a dialogar, pero la solución implica una cesión por ambas partes. “Es necesario que el maestro Solorio y su servidor nos sentemos a dialogar en un esquema donde ambos estemos dispuestos a sacrificar algo, un esquema de negociación. Ese es un proceso que ya se fue por la vía legal”, indicó. Daniel Solorio fue reinstalado en su puesto en la Facultad de Derecho el 22 de enero de 2015, a casi tres años de su despido, en marzo de 2012. Fue expulsado de la Facultad de Derecho bajo el argumento de que tuvo 10 faltas consecutivas, aunque él siempre ha considerado que su salida se provocó por ser un crítico de la gestión rectoral de Felipe Cuamea. Luego, cuando fue reinstalado, la administración de la Universidad no le pagó sus sueldos caídos y promovió el amparo contra su reincorporación. “El 22 de enero quedé reinstalado y a partir de ahí ya no hubo ningún acuerdo de nada porque los dos ciclos escolares siguientes estuve en ejercicio normal de mis atribuciones, con el pago de mis prestaciones normales”, explica Solorio. En ese inter se dio el cambio de rector -Ocegueda por Cuamea-,  pero desde Rectoría no se retiró la promoción del amparo. Solorio comenta que a los pocos días de la toma de posesión de Ocegueda, recibió una llamada de éste invitándolo a platicar, por lo que tuvieron  una conversación que caracteriza como “cordial, amplia y en un tono afectuoso”. El entonces nuevo rector le planteó: “Sé que a usted le hicieron una injusticia, voy a reparar esa injusticia, no voy a cargar con este problema que yo no provoqué, solo téngame paciencia, yo soy un hombre de palabra”. El abogado relata que tras ese diálogo dio por hecho que el problema había finalizado, pero el tiempo pasó. El Colegiado forzó a la inclusión de otras pruebas aportadas por Rectoría, consistente en la declaración testimonial de los anteriores directivos  de la Facultad sobre el tema de los permisos a Solorio. El otro rubro fue en relación a un peritaje ofrecido por la UABC donde pretenden demostrar que las firmas asentadas en el libro de lista de la Facultad no corresponden a Solorio. “Un abogado hace eso cuando quieren que el juicio dure, él (abogado de la UABC) sabe que son mis firmas”, afirma Solorio. En la parte jurídica, el catedrático refiere que el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo se suspendió debido a que-con el apoyo un experimentado abogado de la UNAM, Manuel Becerra- se tramita un recurso ante la Suprema Corte contra la sentencia del Tribunal Colegiado, bajo la tesis de que las personas morales oficiales -como la UABC- no tienen derecho a pedir amparo porque no tienen derechos humanos, por tratarse de una institución pública. Según Daniel Solorio, la estrategia de los abogados de la UABC ha sido en el sentido de alargar el proceso legal, que en los tribunales resulta una práctica frecuente de las empresas privadas. Por otra parte, considera que el ex rector y miembro de la Junta de Gobierno “sigue interfiriendo en las actividades que solo le corresponde al rector”, concluye en alusión a su nuevo despido.