(EDICIÓN IMPRESA) Para Baja California, en términos de inseguridad, el primer trienio de Enrique Peña Nieto ha significado estancamiento en algunos de los casos y retrocesos, en la mayoría de los aspectos.
Si se parte de la estadística de homicidio -el crimen menos fácil de ocultar- se puede ver que incluso en Baja California, que pasó de ocupar el tercero (anterior sexenio) al noveno lugar de violencia por el número de asesinatos cometido en su territorio entre los 32 Estados del país, en la entidad norteña también se incrementó el número de ejecuciones en lo que va de la administración peñanietista.
Al comparar el primer trienio de Felipe Calderón, de 2 mil 114 homicidios, con el primero de Peña Nieto, que suman 2 mil 547 homicidios, actualmente se contabilizan 433 muertos más. Y al confrontar los 2 mil 147 registrados en el último trienio calderonista con los de los primeros tres años de Peña, de nuevo suman 400 asesinatos más.
De hecho el peor año para Baja California en el sexenio de Calderón fue 2010, cuando se contabilizaron 884 carpetas de homicidio, mientras 2015 cerró con 908 víctimas incluidas en 830 expedientes. Y 2016 no pinta mejor, ya que en los primeros 20 días del año, solo Tijuana ya sumaba 48 asesinatos.
Pero con la llegada del priista a la silla presidencial, en Baja California se constriñó el apoyo de las instancias federales en el combate al crimen organizado y se puso fin al liderazgo del Ejército en el Mando Único. Sin guía y con una coordinación fracturada, los cárteles combatidos y acorralados en el sexenio anterior se reorganizaron.
Desde 2010, los gobiernos locales han sostenido que en Baja California no hay cárteles y se respaldaron en la reducción de los homicidios, porque de los 884 abiertos en 2010, bajaron a 673 en 2011 y a 590 en 2012. Sin embargo, las cifras volvieron a elevarse, en 2013 sumaron 774 y, para 2014, las averiguaciones previas iniciadas por homicidio fueron 714, más los 830 expedientes con 908 muertos registrados en el recién concluido 2015. Pero los mandos sostienen que no hay cárteles.
En entrevista concedida a ZETA a finales de septiembre de 2015, el secretario de Seguridad de Baja California, Daniel de la Rosa Anaya, explicó: “Cuando digo que no hay cárteles me refiero a que no hay grupos empoderados como antaño los CAF, que andaban como Juan por su casa”.
Sin embargo, la presencia está patentada en el incremento en un 500 por ciento de los decomisos publicitado por el mismo secretario, y reflejan que no hay disminución en la actividad delictiva de los cárteles, el de Los Arellano, el de Sinaloa, los michoacanos.
Además, el año pasado destacó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y las pugnas ante la reestructuración Cártel Arellano Félix a manos de “El Piloto”, como identifican a un sobrino de los violentos hermanos que se enriquecieron con el tráfico de droga en y a través de Baja California, durante prácticamente los últimos 30 años. Incluso se reportó presencia del grupo homicida del Cártel de Sinaloa, denominado “Los Ántrax”, del que también argumentó la autoridad, usan el Estado desde los años noventa como punto de paso.
A lo largo de los tres años de la administración de Enrique Peña Nieto, Baja California ha sido escenario de la impunidad, múltiples crímenes relacionados con el trasiego de droga y el narcomenudeo sin resolver. Destaca por el ataque a un funcionario público, en diciembre de 2013 e:l asesinato de Arturo Kaloyán, director del Instituto Municipal del Deporte, quien fue una de las primeras víctimas bajacalifornianas de la impunidad en este gobierno, sin que sus homicidas hayan sido detenidos.
Los criminales también deciden secuestrar a un sacerdote católico, el Padre Juan Carlos Ackerman, rescatado de manera efectiva.
Apenas Peña Nieto se estrenaba como Presidente cuando Alejandrina Guzmán Loera, hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue deportada después de intentar cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, traía documentos mexicanos falsos con los que intentó obtener beneficio, pero la joven embarazada no fue ni detenida ni juzgada del lado mexicano.
En la presente gestión federal, el Ejército abandonó las calles y se multiplicaron las balaceras entre grupos de las diversas células delictivas, según los pocos criminales capturados por “bajes de droga”.
Lo que se redujo en la entidad en estos tres años, fueron las capturas de criminales de un mayor nivel en el organigrama delictivo. En tres años se ha dado la detención básicamente de cuatro: como cabecilla de cártel, Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” en junio de 2014, y lugartenientes y jefes de célula como Melvin Gutiérrez Quiroz “El Melvin” (marzo de 2013) y Alfonso Lira Sotelo “El Atlante” (septiembre de 2014), además de Jorge Humberto Acosta Gallegos “El Güero Leches” (31 de diciembre de 2015).
Adicionalmente, capos del CAF presos han obtenido amparo tras amparo para ser favorecidos o evitar ser sentenciados, como son los casos Gustavo Rivera Martínez “El P1” y Juan Sillas Rocha “El Sillas”, el mismo Fernando Sánchez Arellano y Manuel García Simental “El Chiquilín”.
Asimismo, el reciclaje criminal ha sido un sello en el actual período, en el que fueron liberados otros hombres detenidos en la anterior administración y presentados como capos de la droga; tal es el caso de Candelario Arceaga, Manuel López Núñez “Don Balas”, Pedro Quintero “El 5-8”, el ex ministerial Enrique Jorquera, Manuel Garibay Espinoza “El Meño” y Juan Lorenzo Vargas Gallardo, entre otros.
En el fuero común también otros narcomenudistas implicados en varias muertes han entrado y salido a placer del sistema penitenciario, como Luis Manuel Toscano Rodríguez “El Mono”, uno de los principales lugartenientes del CAF que estivo detenido por lo menos en cuatro ocasiones antes que lo asesinaran, en abril de 2015.
De hecho, actualmente de todos los cabecillas del crimen organizado y del trasiego de droga -delito federal- en Baja California, el único que tiene orden de aprehensión activa es Alfonso Arzate García, por delito del fuero común.
Este presunto delincuente está ubicado por el Consejo Estatal de Seguridad de Baja California -donde el Gobierno Federal tiene representación de la Marina, Ejército, PGR, la Policía Federal y CISEN- como el principal líder criminal del Cártel de Sinaloa para la zona costa, que abarca Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada; sin embargo, la administración federal no ha emitido órdenes en su contra.
Otros como René Arzate “La Rana”, José Soto Gastélum “El Tigre” o Cenobio Flores Pacheco “El Checo” están fichado Estados Unidos, pero en México no tienen órdenes de aprehensión en contra.
De igual manera, el Gobierno Federal le falló todavía más al Estado, particularmente en el tema de secuestro, al no apoyar en la crisis de secuestro, extorsión y homicidios de migrantes que se dio en 2014. Y dejó escapar la más importante célula de policías secuestradores, de los cuales tres integrantes fueron capturados la última semana de septiembre de ese año; estaban involucrados en varios expedientes de secuestro que se llevó la Federación, con el compromiso de fincar cargos contra el resto de la banda que incluía a por lo menos 24 agentes o ex agentes de los tres órdenes de gobierno. Pero nada pasó hasta que los matones -no policías- integrados a la célula decidieron asesinar a su jefe, Lorenzo Hernández García “El Viejón”, en noviembre de 2015.
El año 2014 se caracterizó el por el resurgimiento de crímenes más violentos, cuerpos torturados, cercenados, incinerados y el asesinato de familias incluyendo niños, adolescentes y mujeres.
Al final de 2014 y durante 2015 las pugnas territoriales de los cárteles y de las células empezaron a cobrar víctimas colaterales, y se hizo más común que los asesinatos se cometieran como en 2010, a plena luz del día, sin importar la presencia de testigos en lugares públicos, restaurantes, plazas comerciales y vialidades transitadas en horas de tráfico. Las víctimas ya no fueron solo narcomenudistas, adictos o deportados; también incluyeron comerciantes y abogados.
De hecho las balaceras públicas han continuado en lo que va de 2016, donde también ha habido cadáveres mutilados y con narcomensajes.
Más grave todavía: a mitad del sexenio, en Baja California empezaron a crecer las denuncias en contra de policías municipales, estatales y ministeriales ligadas a actividades de trasiego de droga, como protectores u operadores. Incluso detenciones de elementos del Ejército en intercambios de droga que por “cortesía” mal canalizada, no fueron consignadas ni publicitadas.
En este punto, lo más peligroso para los bajacalifornianos es que las autoridades se sostienen en su discurso triunfalista, pese a los deficientes resultados y la limitada efectividad de las estrategias.
El recién estrenado Comandante de la Segunda Zona Militar, José Ricardo Bárcena Rosiles, aseguró en su toma de posesión el 18 de enero de 2016 que continuaría con las estrategias de sus antecesores porque habían sido efectivas.
