Ataque directo contra el Consulado

(EDICIÓN IMPRESA) Las llamas alcanzaron la altura del segundo piso del edificio del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana. Ni la elevación de los muros que rodean el recinto diplomático, alcanzó a esconder la imagen. Así lo cuentan quienes desde puntos cercanos presenciaron el acontecimiento. A las 12:51 am del 1 de enero de 2016, una llamada realizada al número de Emergencias 066 por un ciudadano advirtió: “Al parecer se está quemando el Consulado”. Mientras del otro lado de la línea telefónica solicitaban la dirección exacta de la sede diplomática, dos de los tres guardias encargados de vigilar los terrenos vecinos -propiedad de una empresa- se comunicaron por medio de radios y se movilizaron. A bordo de una bicicleta, el guardia asignado al estacionamiento privado a un costado del Consulado, llegó hasta la puerta principal de la sede diplomática para informar del incendio a personal de seguridad consular, quienes de entrada negaron la presencia de fuego. Mientras hablaban, cuatro vehículos, uno de ellos blindado, pertenecientes al cuerpo diplomático de Estados Unidos, eran consumidos por el fuego. Un quinto automóvil resultaría con daños. Estacionados en la parte trasera del Consulado, los vehículos escapaban a la vista de quienes vigilaban el frente del edificio, pero no de las cámaras colocadas alrededor del lugar. A los cinco minutos arribaron automóviles del Departamento de Bomberos. Entre 20 y 30 minutos tomó a los bomberos apagar por completo el fuego, detalló un testigo del incendio entrevistado por ZETA. Por protocolo, autoridades de los tres órdenes de gobierno acudieron al sitio. Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva (PEP), agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Procuraduría General de la República (PGR), así como elementos del Ejército Mexicano. Ahí se entrevistó a los testigos para elaborar los primeros reportes. Dos automóviles tipo sedán, un tipo pick-up y una panel consumidos por el fuego y uno quinto con daños. En los vehículos destruidos, incluso las placas terminaron fundidas, vidrios estallados, solo quedó la carrocería. Personal del Consulado comunicó así los hechos a las autoridades mexicanas: “Unas personas se brincaron la barda del Consulado y encendieron fuego en el interior. Al parecer hay huellas en la barda”. En los reportes oficiales también quedó asentado que los vehículos “al parecer fueron rociados con gasolina”. No  hubo lesionados ni daños en el edificio construido con una inversión por encima de los 75 millones de dólares e inaugurado en 2011.  De los testimonios recogidos por la autoridad, destaca el de un velador, quien manifestó haber visto “dos individuos vestidos con ropa oscura, brincarse la barda y darse a la fuga”. Finalmente, a partir de las cuatro de la mañana, el Agente del Ministerio Público Federal, Martín Daniel Peregrina Sosa, se hizo cargo del reporte de daños por incendio.   DIFÍCIL ACCESO Llegar al interior del Consulado no es fácil. Alrededor se erige una valla de alambre, seguida por una barda, cada una alcanza una altura de más de cuatro metros, casi tan alto como el muro fronterizo que divide a Tijuana de San Diego. La entrada principal se encuentra custodiada por guardias. Cámaras apuntan al interior y al exterior de las instalaciones. El acceso por la parte posterior es todavía más complicado. Se encuentra bastante alejado del paso de vehículos y el terreno es rocoso, accidentado y bastante inclinado. Además, a diferencia de cualquier otra noche, los agentes de la Policía Municipal se mostraron ausentes. Una patrulla de la corporación se encuentra asignada a la seguridad del edificio durante la noche, no estuvo en ese momento. En cambio, a raíz del incendio, ha aumentado el número de patrullas asignadas a la vigilancia del lugar.     FBI Y PGR ATRAEN INVESTIGACIÓN; CONSULADO REVISA SEGURIDAD Según los principios del Derecho Internacional, cualquier sede diplomática es considerada parte del territorio del país que representa. Por lo tanto, el delito de incendio y daños se cometió en “suelo estadounidense”, destacó Pedro Torres, delegado de la PGR en Baja California. Tres días después del incendio, el funcionario federal apuntó que la investigación se trabaja desde la Procuraduría de manera conjunta con las autoridades de Estados Unidos. En específico, las dependencias colaboran en “conseguir indicios y la elaboración de algunas pruebas periciales”. El delegado de la PGR detalló que la Agencia de Investigación Criminal participó en peritajes diversos como criminalística de campo, “que se practican en cualquier hecho delictivo”. Aunque la PGR levantó un acta de investigación por incendio y daños al Consulado, según el acta AP/PGR/BC/TIJ/1/2016, el gobierno estadounidense mantiene el control de los  peritajes, resguardo de evidencia y rumbo de la investigación.  Darrell Foxworth, vocero del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en San Diego, explicó a ZETA que dicha oficina “está trabajando con agencias federales y del país anfitrión (México) para investigar el incidente en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, el cual resultó en daño a propiedad gubernamental”. El funcionario estadounidense no descartó ninguna línea de investigación, pero añadió que los detalles se encuentran clasificados por tratarse de un caso abierto.  Por su parte, Preeti Shah, cónsul para Asuntos Públicos del Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana, aceptó que el fuego se produjo de manera “aparentemente intencional”. De igual forma, la diplomática, quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2015, sirvió antes como oficial de la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos Policiales en Afganistán, informó que “el Consulado en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, han revisado su perfil de seguridad como resultado de este incendio. “El Departamento de Estado (del cual dependen las embajadas de Estados Unidos) siempre intenta encontrar el equilibrio adecuado entre riesgos y diplomacia, reconociendo que nunca podemos eliminar el riesgo por completo”. De hecho, en la inauguración del Centro de Evaluación de Control y Confianza en Tijuana, el lunes 4 de enero  acudieron oficiales consulares de Estados Unidos, acompañados de agentes de seguridad estadounidense. Además de la vigilancia de la Policía Municipal y de elementos del Ejército Mexicano, así como de policías estatales, dos agentes estadounidenses uniformados en café se mantuvieron en la esquina de la calle donde se realizó el evento. Aunque autoridades norteamericanas son invitadas frecuentes a eventos públicos gubernamentales, no es común la presencia de agentes de aquel país en tareas de vigilancia y protección. El Consulado de Tijuana es una de las principales oficinas de la Embajada de Estados Unidos en México, no solo por el gran número de estadounidenses que viven y transitan por la ciudad o por las miles de visas que se aprueban en esta frontera. También por tratarse de uno de los puntos estratégicos para que autoridades del vecino país conozcan y vigilen las actividades de organizaciones criminales transfronterizas.   OTROS ATAQUES EN LA FRONTERA En el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos, ya se han registrado ataques a las oficinas consulares de aquel país, particularmente de noche y en ciudades con fuerte presencia del narcotráfico. La madrugada del domingo 12 de octubre de 2008, dos hombres a bordo de una camioneta Grand Cherokee dispararon y lanzaron una granada contra el Consulado de Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León. Ya que la granada no explotó y los disparos impactaron en la reja frontal y vidrios del recinto, no se registraron daños ni lesionados. Un suceso similar ocurrió la noche del 9 de abril de 2010, cuando un artefacto explosivo estalló en las oficinas del consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los daños dejaron algunas ventanas rotas por la detonación del objeto de presunta elaboración casera, pero ningún lesionado.  Por instrucción de la Embajada de Estados Unidos en México, la oficina permaneció cerrada en los días siguientes, así como la agencia consular ubicada en Piedras Negras, Coahuila. Sin embargo, el único hecho por el que se han detenido responsables y se ha vinculado a actividades del crimen organizado es el doble homicidio de un oficial consular y su esposa en Ciudad Juárez. El 13 de marzo de 2010, Leslie Ann Enríquez y su esposo Arthur H. Redelfs fueron ejecutados por un comando armado mientras viajaban en una camioneta con placas de Texas. En el vehículo también se encontraba su hija de diez meses de edad, quien no resultó herida. Casi de manera simultánea, Jorge Salcido, esposo de otra funcionaria de la sede diplomática en Juárez, fue asesinado mientras viajaba también con un menor de edad, quien resultó lesionado. Los asesinatos se adjudicaron a la pandilla Barrio Azteca, la cual trabaja para el Cártel de Juárez. En abril de 2014, Arturo Gallegos Castrellón fue sentenciado a cadena perpetua en El Paso, Texas, por varios delitos, entre ellos, homicidio en un país extranjero. Al lugarteniente de la pandilla se le atribuyó ordenar y encabezar al grupo de asesinaros que cometieron los atentados en contra de los miembros del Consulado, detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por estos crímenes, en septiembre de 2015, dos miembros más de la pandilla Los Aztecas fueron extraditados de México a Estados Unidos. A Luis Humberto Hernández Celis y Ricardo Valles de la Rosa, detenidos desde 2010, también se les acusa de homicidio en un país extranjero y el caso permanece abierto en el Estado de Texas.      “La Barbie” admite tráfico de cocaína y lavado de dinero en EU   Édgar Valdez Villarreal “La Barbie” admitió su culpabilidad de los cargos de asociación delictuosa para importar y distribuir cocaína, así como para lavado de dinero en la Corte Federal de Atlanta, Georgia. Mientras en México permaneció cinco años recluido sin que se le dictara sentencia, en tan solo tres meses de haber sido extraditado a Estados Unidos, el narcotraficante se declaró culpable de los tres cargos que le son imputados desde 2010. Aunque en su audiencia inicial, celebrada el 9 de octubre -días después de haber sido extraditado el 30 de septiembre de 2015-, Valdez Villarreal se declaró no culpable ante el juez, los primeros días de enero del presente año, sus abogados tramitaron el cambio de declaración ante la Corte. De esta forma, a las 2:55 pm del miércoles 6 de enero, “La Barbie” ingresó a la Corte acompañado de sus tres abogados, quienes durante 55 minutos, expusieron motivos ante el juzgador. Por parte de la Fiscalía Federal, tres juristas respaldaron las acusaciones del gobierno estadounidense, quienes lo señalan como responsable del ingreso de enormes cantidades de cocaína desde México a la Costa Este de Estados Unidos, así como de enviar millones de dólares, producto de estas ventas, a territorio mexicano. Aunque al declararse culpable, Valdez -de nacionalidad estadounidense-, reduce las probabilidades de alcanzar la sentencia máxima, permanecen otras acusaciones abiertas en la Fiscalía del Distrito Este de Louisiana, también por delitos relacionados con narcotráfico. Tanto los fiscales como la defensa del integrante del Cártel Beltrán Leyva, solicitaron diversas ampliaciones de término para la audiencia de pre-juicio, debido a la gran cantidad de evidencia recolectada por el gobierno estadounidense, constató ZETA a través de documentos presentados en la Corte. Édgar Valdez Villarreal fue capturado en una hacienda a las afueras de la Ciudad de México en agosto de 2010, cuando era considerado uno de los delincuentes más buscados tanto en este país como en la Unión Americana. Inició como sicario del Cártel Beltrán Leyva hasta convertirse en el principal escolta del capo Arturo Beltrán Leyva, asesinado en diciembre de 2009 por elementos de la Marina en Cuernavaca, Morelos. A partir de ello, “La Barbie” se enfrentó a Héctor Beltrán Leyva por el control del cártel, lo cual dejó a un gran número de muertos, entre decapitados y desmembrados, cadáveres colgados de puentes y narcomensajes. Valdez  recibirá sentencia el 29 de marzo a las 9:30 am, según lo dictaminado por el juez federal a cargo de su caso.