Los ediles iniciaron su administración cuando el presupuesto de 2015 estaba agotado, por lo que recurrieron a solicitarle al gobierno del estado el rescate y pagar la nómina, dejando la obra pública de lado
La Paz, Baja California Sur.- Durante el proceso electoral de 2015, Cecilia López González, Arely Arce Peralta, Francisco Pelayo Covarrubias, Armando Martínez Vega y Arturo de la Rosa Escalante, prometieron eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y tomar medidas casi inmediatas para recuperar la seguridad y ofrecer servicios públicos de calidad.
Los entonces candidatos de Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, respectivamente, y teniendo como gobernantes al PRD y al PRI, reprochaban que “no podía ser posible que la ciudadanía viviera en constante abandono”, y hasta ponían de ejemplo “las calles llenas de hoyos, las colonias repletas de basura y en completa penumbra, los parques en el olvido, escasez constante de agua potable y los robos y asaltos a la orden del día”.
Cuando derrotaron a sus oponentes en las urnas –a excepción de Comondú, que era gobernado por el PAN–, y durante su toma de protesta, dijeron estar en “deuda” con la sociedad por la alta responsabilidad encomendada. También se dijeron comprometidos y obligados a cumplir la palabra empeñada durante el recorrido de la campaña electoral.
Algunos como el alcalde de Comondú, Francisco Pelayo Covarrubias, se dijeron sabedores de “la grave situación económica que prevalecía”, y lo tomaron como un reto muy difícil pero no imposible, porque, según afirmó, “vamos a arrojar el alma”.
“Se requiere de una profunda revisión del origen y destino de los recursos y un proceso administrativo recaudatorio eficaz y eficiente que permita sacar adelante la administración con el apoyo del gobierno estatal y federal”, comentó Pelayo en su toma de protesta.
El comundeño prometió que habría un gobierno honesto, eficiente y exitoso y gobernar sin evasivas, porque “la recuperación de nuestra economía es un camino largo, sin descanso y sin vacilaciones, porque los problemas no se van a resolver de la noche a la mañana”.
Como el de Comondú, el de La Paz, Armando Martínez Vega, también prometió que resolvería los problemas básicos de la comuna. “Iniciamos una nueva historia y emprendemos juntos el camino para construir La Paz que merecemos, porque vamos a terminar con la indiferencia e ineficiencia que hasta hoy prevalecieron en nuestra querida ciudad”, sentenció.
“Vivimos en los últimos cuatro años y medio el peor periodo administrativo, y la sociedad se siente agraviada por la condición en la que un mal gobierno deja nuestra sociedad y estamos ofendidos porque una pésima administración hereda la mayor deuda pública de la historia”. Y no se anduvo por las ramas: “mil millones de pesos, y vivimos en la más aguda crisis en la prestación de los servicios públicos. Los paceños y paceñas fuimos defraudados, y nos duele mucho lo que sucedió y es lamentable el abandono que sufre la zona rural de nuestro municipio, y al término de esta administración La Paz quedó obscura, sucia, con baches, en quiebra y sin esperanza, nunca antes las puertas del ayuntamiento habían estado más cerradas a la gente”.
El tono del discurso en Loreto, Mulegé y Los Cabos, fue casi el mismo. Ahí prevaleció el “no les vamos a fallar”, “cumpliremos las promesas”, y el “no los defraudaremos”, incluso se dijeron depositarios de la fe y la esperanza de la ciudadanía, porque “encabezaremos un gobierno responsable, transparente e intolerante a la corrupción”, con bases financieras sólidas, prudente en el manejo de los recursos y sensible y sin evasivas.
LOS 100 DÍAS
A la vuelta de los primeros cien días, y cuando los alcaldes habían generado grandes expectativas, la confianza de la sociedad comenzó a diluirse.
Y es que los ediles iniciaron su administración cuando el presupuesto de 2015 estaba agotado, por lo que recurrieron a solicitar el rescate del gobierno del estado.
Un caso concreto es el lanzamiento del programa de bacheo de calles, el cual contempló la reparación de 37 avenidas con una inversión de 7 millones de pesos, tan solo en La Paz.
El secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, José Luis Escalera Morfin, expuso que “el programa era la primera etapa”, y vendría una segunda con más número de calles, atendiendo recomendaciones de la ciudadanía y de los automovilistas que señalaban cuáles eran las que tenían mayores afectaciones.
“En la medida que vamos avanzando, estamos identificando nuevos tramos, por lo que estamos desarrollado el trabajo ordenadamente, terminando una calle e iniciando otra”, dijo a ZETA.
En tanto, el gobierno del estado, sacaba adelante el trabajo que constitucionalmente corresponde al ayuntamiento paceño, el principal compromiso de la mayoría de los alcaldes, en el corto plazo, no fue ejecutar obra o resolver los problemas de los servicios públicos, sino salir adelante con los gastos de fin de año de la nómina gubernamental, los cuales, tuvieron que lanzar una campaña de descuento en el pago anticipado del predial, adeudos de agua potable y multas en seguridad pública.
Así, y solo con el apoyo del gobierno estatal, libraron el primer compromiso con la pesada carga burocrática heredada por sus antecesores por concepto de la primera y segunda quincena decembrina y el aguinaldo, ejerciendo los siguientes gastos:
1.- Alrededor de 98 millones de pesos en La Paz.
2.- 70 millones en Los Cabos.
3.- 28 millones en Comondú.
4.- 19 millones en Loreto.
5.- 34 millones en Mulegé.
La falta de recursos económicos no permitió cuando menos en los primeros 100 días, generar obra pública, ni remodelar parques y avenidas, si acaso reparar algunas patrullas, camiones recolectores de basura y equipos dañados en servicios públicos, seguridad y el organismo operador municipal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
El problema más crítico fue en el sur del estado, cuando después de tomar protesta el presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, y hacer una revisión física del inventario, detectó las lamentables condiciones del parque vehicular, y la sospechosa desaparición de unidades automotrices, así como las pésimas condiciones de inmuebles, situación que arrojó lo siguiente:
1.- De las 120 patrullas en el inventario de seguridad pública, 20 estaban desaparecidas, 32 habían sido dadas de baja y 40 más estaban en los talleres en espera de reparación, y únicamente 28 estaban operando en todo el municipio. El principal edificio de seguridad pública en pésimas condiciones y un sinnúmero de comandancias cerradas, algunas habitadas por vagos y drogadictos.
2.- De los 39 camiones recolectores de basura, 31 estaban descompuestos y únicamente 8 estaban en operación en San José del Cabo y Cabo San Lucas.
3.- De las 20 pipas en el inventario de agua potable, únicamente había funcionando 2, y las otras 18 habían sido dadas de baja, por lo que el gobierno recurría a particulares para surtir agua en las colonias populares.
4.- En el caso del resto de las áreas del ayuntamiento, no había parque vehicular, por lo que se había firmado un contrato de arrendamiento con una compañía, Jet Van Car Rental, S.A. de C.V., y la cual rentó –de diciembre de 2012 a agosto de 2015– alrededor de 39 automóviles en un monto total de 18 millones 433 mil 792 pesos.
Por la gravedad de la situación del destino turístico, el Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, el 23 de octubre de 2015, hizo entrega de un paquete de 52 llantas, 28 cubetas de pintura blanca, azul y roja, 275 kilos de bolsas de basura, 176 pares de guantes, 200 escobas, 140 chalecos de seguridad, 10 carretillas y 94 cepillos, como una manera de contribuir a la crisis de servicios públicos.
El presidente de la organización, Julio Castillo Gómez, dijo que “los productos era la respuesta de una convocatoria que se había hecho al sector empresarial, porque la nueva administración no tenía recursos, pero sí, un montón de problemas en el área de servicios públicos, y los cuales afectaban la imagen de un destino como Los Cabos”.
En los primeros 100 días de gobierno, a excepción del alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, nada salió a informar sobre los resultados de su incipiente administración. Ni siquiera a presentar, tal como lo comprometieron públicamente, una evaluación de los funcionarios en los primeros 90 días de administración y presentar un informe de medición de su desempeño, lo que dejó muy mal parados a los alcaldes.
Lo que sí es que en los primeros 100 días, el ayuntamiento de Los Cabos, hizo entrega a ZETA de la documentación de 7 juicios ganados en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la cual forma parte de algunas líneas de investigación de saqueos y desvío de recursos públicos, como el caso del ex director de Comunicación Social, Javier Ruiz Almanza, y quien durante su gestión no comprobó gastos por alrededor de 9 millones de pesos.
El ex director de Comunicación Social –y según documentos en manos de este semanario— habría facturado y pagado facturas a particulares y presuntas compañías periodísticas fantasmas, y las cuales forma parte de una investigación inclusive, por parte de la Comisión Revisadora del XII Ayuntamiento de Los Cabos.
Los documentos expedidos –según cheques y pólizas— también amparan gastos de la presunta compra de equipos como cámaras, micrófonos, computadoras, monitores, lámparas por un valor de un millón 476 mil 367 pesos con 99 centavos, y el cual desapareció, por lo que se prevé una denuncia penal por el delito de robo.
Asimismo, fueron expedidos cuando menos más de 20 cheques por la cantidad de 111 mil pesos por supuesta renta de anuncios, pero resulta que no están soportados documentalmente con órdenes de compra, fotografías y mucho menos con facturas, por lo que el ex director de Comunicación Social, Javier Almanza Ruiz, tendrá mucho que explicar en cuanto sea denunciado penalmente.
Durante los primeros 100 días, el alcalde de Comondú, Francisco Pelayo Covarrubias, no ha sido capaz ni siquiera de frenar la ola de robos y asaltos, a través de la policía preventiva, lo que incluso generó una manifestación en Ciudad Insurgentes, y donde comerciantes, profesores y ejidatarios, solicitaron públicamente resolver el problema de latrocinios.
Lo más destacado en este corto tiempo, a falta de dinero y algo de ingenio, en el caso de Comondú fue implementar dos programas: el de Activación física y el de Mano dura contra la basura.
En el caso del primero, el propio alcalde se jactó de que Comondú sea uno de los 22 municipios con este tipo de programas para que “la formación de los niños y jóvenes sea integral”, incluso los días domingo el principal boulevard de Ciudad Constitución, es cerrado para que todas las familias se ejerciten y sea un punto de encuentro y de convivencia de familias completas.
En el caso del segundo, es sumar a empresarios, comerciantes, estudiantes y amas de casa, con el objetivo de limpiar el frente de las viviendas y negocios, en tanto, el gobierno municipal hace lo propio en parques, áreas verdes y avenidas y lograr cambiar la imagen de la cabecera municipal de Comondú.
LOS RESULTADOS
El discurso alegre de “prosperidad” y “resultados” –y tras tomar protesta y comenzar a revisar las primeras cuentas— fue prácticamente cambiado por los lamentos y quejas del saqueo y el desvío de recursos públicos de sus antecesores.
A excepción de Comondú y Loreto, los alcaldes de Mulegé, La Paz y Los Cabos, hablaron que iniciarían una revisión a fondo y abrirían una investigación en contra de sus antecesores.
En el caso concreto de La Paz y Los Cabos, de hecho, el seno del cabildo autorizó la contratación de una auditoría forense que permitiera descubrir fraudes y delitos de manera financiera, contable, legal y administrativamente.
Aunque las investigaciones contables todavía no son terminadas, y tal como ZETA ha publicado en sus últimos números, las evidencias hasta ahora públicamente conocidas permitirán deslindar en su momento responsabilidades penales en contra de los ex alcaldes José Antonio Agúndez Montaño, de Los Cabos; Esthela Ponce Beltrán y Francisco Monroy Sánchez, de La Paz, y Guillermo Santillán Meza, de Mulegé.
De hecho, el primer paso fue dado por el alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, y quien impulso la solicitud de juicio político en contra del ex alcalde Francisco Monroy Sánchez, el ex síndico Francisco Javier Moreno Soria y los ex regidores José de la Toba Camacho, Norma Alicia Castañeda Quintero, Ricardo Fiol Manríquez, Silvia García González, José Guadalupe Iñinez Cabada, José Javier Martínez González, Alma Melisa Bernal Araiza, Javier González Rubio Cerecer, Saúl Lamas Guzmán y Jesús Francisco Rubio Salgado.
La petición fue entregada formalmente en noviembre en el Congreso del Estado, después de que el cabildo paceño no reconociera la validez jurídica del cambio de uso de sueldo de 18 terrenos de la minera “Los Cardones”, y quien admitió que la autorización había sido de manera irregular, por lo que existían hechos que pudieran considerarse delictivos, como es el hecho de que el ex síndico Francisco Javier Moreno Soria, haya cobrado doble sueldo durante su gestión.
Primero como síndico municipal del XIV Ayuntamiento de La Paz, y a la vez, como comisionado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 61, y donde su esposa María Isabel de la Peña Angulo, es la dirigente, y quien autorizó ilícitamente que Francisco Javier Moreno Soria –del 31 de abril de 2011 al 28 de septiembre de 2015— cobrara sin trabajar un millón 417 mil 336 pesos con 84 centavos por concepto de sueldo, aguinaldo, quinquenio, prima vacacional, despensa y compensaciones, distribuidas de la siguiente manera: 198 mil 436 pesos con 30 centavos en 2011; 249 mil 644 pesos con 83 centavos en 2012; 355 mil 888 pesos con 95 centavos en 2013; 377 mil 819 pesos con 43 centavos en 2014 y 235 mil 547 pesos con 33 centavos en 2015.
Pero independientemente del deslinde de responsabilidades, y el cual se ve venir como un nubarrón en las próximas semanas, los resultados más destacados en La Paz, es la reinstalación de alumbrado público y regularización de la recolección de basura, así como el adelgazamiento de la nómina burocrática y donde fueron liquidados alrededor de 600 trabajadores, generando un ahorro de 20 millones de pesos en los primeros 100 días de administración.
El resto de los alcaldes, y a petición de ZETA, no ofrecieron información sobre los resultados de los primeros tres meses.
No obstante, el alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, fue el único que compartió de manera oficial un informe de los 100 días de gobierno, realizado el 20 de enero en la explanada del edificio de la presidencia municipal de ese destino turístico.
Con un escenario abarrotado por alrededor de 2 mil personas, el alcalde cabeño arrancó su discurso, exponiendo que “el cambio de gobierno es la forma de servir a los ciudadanos, con honestidad, responsabilidad, cercanía y transparencia, porque más que un cambio de colores, es un cambio de actitud que tiene que ver con hacer las cosas bien y a la primera, dejando atrás las malas prácticas de gobierno, falta de transparencia y sobre todo la corrupción”.
El presidente municipal dijo que “en estos primeros 100 días me dedico a elaborar un diagnóstico de la situación financiera, administrativa y estructural y todo con lo que se contaba para responder a la sociedad, porque ocupamos dar los primeros pasos del cambio que estamos viviendo en el municipio”.
“Pido paciencia y confianza porque el camino es muy largo”, expuso, y adelantó que “los primeros resultados son la base de lo que será el gobierno del cambio en Los Cabos”, y enseguida presumió números:
1.- En Seguridad Pública, encontraron 548 elementos en funciones y 99 más se encontraba comisionado como escoltas o guardias de seguridad de viviendas, negocios y ranchos de funcionarios de la anterior administración. Después de reincorporarlos a sus actividades, ahora existe una fuerza de 647 al servicio de la comunidad, 370 de los cuales fueron enviados a realizar los exámenes de Control y de Confianza, y cuya vigencia había vencido en el 2015, y lo cual representa el 58% de la fuerza evaluada. Asimismo, fueron entregadas 8 patrullas nuevas por el gobierno del estado y se adquirieron 9 más con recursos del Subsemun, por lo que el número de patrullas en servicio pasó a 66, sumadas las 28 recibidas y 21 más que fueron reparadas. Además fueron recuperadas 4 comandancias en las colonias Monterreal y Colinas Plus en San José del Cabo y la comunidad El Campamento en la delegación de Santiago, y están en proceso de reparación sub-comandancias en las colonias Villas de Cortés, Arcoíris, Hojasen y Los Cangrejos en Cabo San Lucas. Finalmente, está en proceso la adquisición de cámaras de seguridad fijas y drones que sobrevuelen y vigilen las colonias de Los Cabos.
2.- En Playas Públicas, fueron firmados convenios con inversionistas de desarrollo turísticos para que pongan áreas de regaderas, baños, palapas y estacionamientos en las playas de Santa María y Vista Serena y la construcción de un balneario público en el desarrollo del exclusivo complejo de Palmilla.
3.- En Agua Potable, fue anunciada la construcción de la nueva Planta des-saladora de Los Cabos, y donde ya están recibiendo las propuestas técnicas y económicas de la empresas interesadas, y la cual vendrá a resolver el grave problema de desabasto, y terminará con los tandeos de hasta 12 días en las colonias populares.
4.- En Servicios Públicos, fueron rehabilitados 9 camiones recolectores de basura, los cuales se suman a los 8 que ya estaban en operación, y dos unidades más que fueron compradas en diciembre, aumentado a 19 los camiones en servicio, y llegado a 49 rutas y cubriendo 2 turnos diarios, y dando el servicio cuando menos 2 veces por semana en las colonias. Asimismo, anunció la adquisición de 20 unidades nuevas para la recolección de la basura y en los siguientes meses se habrá de comprar maquinaria pesada, pipas, herramientas e insumos y la rehabilitación de los talleres de esta área y de la oficina administrativa.
5.- En Obra Pública, fueron pavimentadas 14 calles en diferentes colonias, así como fue rehabilitado el parque de la colonia Mesa Colorada y fueron construidos tres centros de desarrollo comunitario en las colonias El Zacatal y Vista Hermosa. Anuncio el inicio de un agresivo plan de alumbrado público en calles, escuelas, jardines y parques y en los próximos habrá de ser encendido el alumbrado público del corredor turístico de Cabo San Lucas a San José del Cabo, obra efectuada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero cuyo pago de consumo de energía habrá de ser pagado por el ayuntamiento local.
6.- En Cultura, invirtieron 800 mil pesos para evitar el cierre del Pabellón Cultural de Cabo San Lucas y se gestionaron 10 millones de pesos para rehabilitar el teatro “Miguel Lomelí Ceseña” en San José del Cabo.
Finalmente, el alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, anunció el lanzamiento de tres programas, como son Atención Responsable Express (ARE) y el cual registra cualquier petición en ventanilla, de manera electrónica, redes sociales o a través de los medios de comunicación; Programa de Acción Comunitaria (PAC), y el cual consiste en recorrer casas, colonias y comunidades para formar comités vecinales, y sean ellos, los responsables de elegir acciones o tipo de obras públicas que requieren sus zonas habitacionales; Alcalde en tu Colonia, programa que tiene el objetivo de acercar al gobierno con la gente, acudiendo a las colonias o comunidades e instalarse con todo su gabinete y atender de manera personal y directa las necesidades de cada zona habitacional, y dar una respuesta en menos de 72 horas.
