(EDICIÓN IMPRESA) El dictamen de fiscalización 2013 del Ayuntamiento de Playas de Rosarito es, con números y detalles, el desorden, la omisión y violación de cantidad de reglamentos, reglas de operación y leyes, plasmadas en 28 cuartillas. En el plano administrativo y tangible: millones de pesos y bienes en el limbo, recurso mal gastado, inversiones sin evidencia, deudas, favoritismo y mal uso de los servicios municipales. En una parte del dictamen 240 realizado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) y evaluado por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso local, se presume sobre el último año del priista Javier Robles Aguirre -2013- al frente del Ayuntamiento de Playas de Rosarito: “No estableció una metodología, procedimientos y mecanismos que le permitan asegurar que la programación del gasto público se sujete a las técnicas de presupuesto por programa, asignación de recurso de forma jerarquizada y oportuna a los proyectos y acciones…”. Por 38 observaciones generales hechas -por las que ya habrían comparecido Javier Robles y Manuel Zermeño como ex tesorero-, cada una con sus específicas, los legisladores no aprobaron la cuenta pública. Se puntualizó que deben ser turnadas a Sindicatura Municipal del ayuntamiento para que “se dicten las medidas correctivas conducentes, y en su caso, se finquen las responsabilidades administrativas procedentes… e igualmente se ejerciten las acciones que legalmente correspondan”. Aquí algunos de los detalles de la administración de “Tito” Robles. LAS OTRAS LUMINARIAS Y MILLONES MAL GASTADOS La nochebuena -24 de diciembre- de 2012, Javier Robles y el Cabildo de Playas de Rosarito, aprobaron un contrato con la empresa Cook Lite, S.A. de C.V. para la sustitución de 6 mil 092 luminarias por otras tipo LED. El costo: 102 millones 543 mil 264 pesos más IVA, a pagar en 15 años a partir de 2013. Meses después, el ayuntamiento informó que la empresa solo instaló 492 lámparas hechas de otro material, con diferente modelo y una potencia distinta a la que el contrato obliga. 
Según un informe hecho en abril de 2014 por la Dirección de Obras Públicas, de las luminarias instaladas, 27 no funcionaron correctamente, de acuerdo a reportes ciudadanos hechos ante el Departamento de Alumbrado Público Municipal: luces apagadas y titilantes. Se detectó que no existe informe sobre ahorro económico en consumo de energía, el empadronamiento ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la ubicación de las luminarias desechadas. Presumible, también se malgastaron otros 13 millones 996 mil 251 pesos cuando se compró a la empresa Soporte F1, S. de R.L. de C.V., equipo y un Sistema Único Integral de Armonización Contable. Se pagó en dos exhibiciones y hubo una modificación en julio de 2012 para entregar el software especializado -en 14 procesos administrativos- hasta noviembre de 2013. Pero en junio de 2014 se detectó que el sistema -finalmente entregado al tesorero municipal en octubre de 2013- todavía no funcionaba en su totalidad, razón por la que en junio de 2013, se firmó otro contrato con la misma empresa para “mejoras y actualizaciones” del software ya adquirido, por un monto de 2 millones 451 mil 615 pesos. Pago que carece de justificación, apuntó el órgano de fiscalización. Y es que en el primer contrato se “menciona que el proveedor incluirá dentro del servicio las actualizaciones al sistema durante 12 meses a partir de la fecha de recepción”. Tampoco hay evidencia de las actualizaciones que el Municipio pagó, y de otros procesos que con normalidad debieron lograrse con la adquisición. LAS MANGAS GÁSTRICAS Además, el ORFIS detectó la erogación de 68 mil 500 pesos a favor del cirujano Jaime Ponce de León Palomares, para la colocación de una manga gástrica en la paciente Diana Judith Soto Ibarra, en ese tiempo -2013- contadora general del V Ayuntamiento. Aunque se hizo con derechos a Servicios Médicos Municipales, no hay rastro de documentación que compruebe la urgencia de la operación; tampoco de la autorización de la dependencia. EL PAGO DE DERECHOS TAMBIÉN RESULTÓ UN CARNAVAL Sobre el Casino Carnaval ubicado en la Plaza Giramar de la Zona Centro de Tijuana, fueron cuatro las observaciones hechas por el ORFIS. Resultó que el centro de apuestas no cuenta con el giro comercial de casino, o por lo menos el ayuntamiento no pudo justificar las actividades del negocio mediante documentos, pues el objeto de la sociedad identificada como Servicio de Tecnología e Innovaciones Theologos, S.A. de C.V., es de “compraventa y reparación de aparatos mecánicos, electromecánicos y videojuegos”. Por lo tanto, no hay evidencia del cobro por su apertura equivalente a 3 millones 238 mil pesos, según la propia Ley de Ingresos municipal de ese año. En el documento se refiere que el casino firmó un convenio a finales de 2012 para pagar un millón 843 mil 162 pesos por la revalidación anual de licencia de operación, expedición de calcomanía y aportación para ludopatía, de lo que les resta saldar 458 mil 541 pesos. El ORFIS determinó que Javier Robles y su equipo, omitieron “planear, programar, presupuestar, controlar, evaluar y vigilar sus actividades con apego a bases reales y a los principios de eficiencia, eficacia, economía y honradez”, cuando se detectó que de una cartera vencida de mil 107 millones 751 mil 270 pesos por 14 impuestos municipales en diversos giros comerciales, solo se presupuestó la recuperación de 16 millones 696 mil 310, lo que representa el 1.5 por ciento. RECURSOS FEDERALES PARA PAGO DE NÓMINA Entre las decenas de potenciales irregularidades plasmadas en el dictamen, en el punto número ocho inician las relacionadas con los fondos federales que se aterrizaron en el municipio durante 2013. Sobre infraestructura social (Ramo 33, Fondo III y IV, y FISM), se observó que casi 7 millones de pesos se transfirieron, violando la legislación federal, a cuentas municipales: de la Prodeur, para el pago de nómina y un convenio con ISSSTECALI. Además, que no se evaluó ni informó sobre el ejercicio de los dineros, específicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sobre el recurso del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN), como en diversas ocasiones se ha publicado en ZETA, los hallazgos fueron en primer término que no existe constancia de “control y confianza” sobre el entonces titular de la Dirección de Seguridad Pública, Francisco Castro Trenti, y de sus principales mandos. Luego se identificó que contrario a lo que ordenan las reglas federales, el ayuntamiento no reintegró a la Tesorería de la Federación 62 mil 159 pesos no ejercidos, y no informó sobre un subejercicio de más de un millón de pesos, que corresponden al 11% de los poco más de 10 millones que se les destinaron en ese año. TAMBIÉN DESORDEN INMOBILIARIO Y FISCAL El último día del año 2013, la administración del quinto municipio, ya bajo el mando del panista Silvano Abarca, presentó en su “Estado de Posición Financiera”, específicamente en bienes inmuebles, un saldo de 713 millones 594 mil 562 pesos, pero en el padrón que proporcionó la Oficialía Mayor, hay una valuación -sumando inmuebles del dominio público y privado- de 630 millones 204 mil 188 pesos. Es decir, 83 millones 390 pesos que no se aclararon. 
Durante el mismo periodo, el Cabildo de Rosarito autorizó dar de baja 137 bienes muebles para “enajenación y destrucción” con un valor de 10 millones 13 mil 517 pesos y 89 más -equipo de cómputo y oficina- valuados por más de 3 millones, pero no se mostró evidencia del destino de éstos. En el mismo tenor de incumplimientos, la administración del priista de Javier Robles Aguirre no enteró a las autoridades fiscales sobre la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 2012 y 2013, por 6 millones 885 mil 094 pesos, divididos entre retenciones por pagos de salario, honorarios y arrendamientos. El dictamen del ORFIS también recuerda que en 2011, el Cabildo autorizó dar de baja un millón 284 mil 296 pesos en 455 bienes muebles y armamento por “robo o extravío”, con el respaldo de constancias del Ministerio Público, pero igualmente, el documento precisa que no hay evidencia del seguimiento de las denuncias hechas. LO QUE HUELE A SAQUEO En la transición de la administración municipal 2013, de Javier Robles a Silvano Abarca, este último insistió en el saqueo de diversos bienes del ayuntamiento, señalamiento que se consolidó en el acta de entrega que se fiscalizó. En diversas secretarías y departamentos municipales suman 128 bienes no localizados, así como 13 incompletos: equipo de transporte, de cómputo, electrónico, de radiocomunicación por, en total, un millón 144 mil 517 pesos. Así como 17 armas. VIOLACIONES AL REGLAMENTO DE ALCOHOLES En la revisión de diversos padrones de contribuciones municipales por cobrar -como Impuesto Predial, multas de tránsito, multas de Control Urbano, permisos de Alcoholes, entre otros- que suman 548 millones 575 mil 106 pesos, diversas muestras arrojaron que el ayuntamiento encabezado por Robles Aguirre no cumplió con los mínimos requisitos de cobro. De hecho, al tema de los permisos de alcohol se dedica un apartado en el que el ORFIS argumenta violaciones al reglamento municipal relativo. Por 60 permisos que no se han revocado por falta de pago o cierre temporal de comercios, y otro cuyo permisionario ya falleció, y sigue activo. En el tema de transporte público, además de la falta de depuración en taxis, transporte escolar, servicio de grúas, pipas y dompes, se detalló que la administración municipal no proporcionó contratos de concesión de las empresas Transportes de Personal Misioneros de Rosarito, Transportes Urbanos y Suburbanos para la Industria de BC y Transportes Urbanos y Sub-Urbanos del V Municipio, incumpliendo con la normatividad aplicable. Entre otras observaciones hechas al Ayuntamiento de Playas de Rosarito, se anota que no hay evidencia de las mil 320 fosas que la empresa Parque Memorial El Descanso debió donar al otorgársele la concesión del servicio de Panteón Municipal y privado, como tampoco de los 350 mil pesos de la fianza por tal omisión. LO DEMÁS No son pocos los detalles sobre lo que “Tito” Robles entendió como gobernanza. Aunado a lo anterior, surgen más millones sin justificar o que se gastaron indebidamente: pago a empresas por recaudación, contratación de servicios profesionales innecesarios, erogaciones sin soporte, ampliaciones sin votación en Cabildo y falta de coordinación institucional al interior de la administración.
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