Cinco ex funcionarios del XX Ayuntamiento de Tijuana que encabezó Carlos Bustamante, fueron inhabilitados por dos años al resultar responsables de irregularidades en la ejecución de obras de adecuación para el desplazamiento de personas con discapacidad en Palacio Municipal, entre las que se encuentra un elevador. Entre los suspendidos por la Sindicatura Procuradora se encuentran el ex secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Esteban Yee Barba y la ex directora de Obra e Infraestructura Urbana Municipal, Marcia Salcido. Además del caso de estas obras, la fiscalía municipal encontró anomalías en contratos signados entre la administración de Carlos Bustamante y la empresa GEN, encargada del traslado y destino final de las lámparas retiradas en el fracasado programa de modernización de alumbrado público, hecho por el que se fincó responsabilidad administrativa contra el ex tesorero, Sergio Antonio Rosete Weben y el ex oficial Mayor, Lino Sanabia Peinado. 
Anomalías en contratos con la empresa GEN Los motivos de las suspensiones La Sindicatura documentó obras mal hechas y un contrato saldado sin observancia en su cumplimiento, en el programa de la Adecuación para otorgar el libre desplazamiento de las personas con capacidades diferentes en el Palacio Municipal de Tijuana, Baja California. El contrato DOIUM-2012-RYM-IS-009, establece que el XX Ayuntamiento firmó un convenio con la empresa Téllez e Hijos por más de dos millones de pesos, para instalar un elevador, colocar 144 letreros con escritura en método braille y erigir un módulo de atención a personas con discapacidad. Ninguno de los objetivos del convenio se cumplió a cabalidad. Y en 2012 la administración de Bustamante pagó la totalidad del convenio sin emitir observaciones y ejercer las garantías. En Sindicatura iniciaron la investigación el 30 de julio de 2014, en oficio SP-DC-XXI-1616-2014, y para el 25 de noviembre de ese año, remitieron resultados a la Dirección de Responsabilidades. Cerrada la etapa de investigación, ofrecimiento de pruebas y alegatos, determinaron responsabilidad por incumplimiento a la normatividad vigente contra: Esteban Yee Barba.- Ex secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, por omisión al reglamento de SEDUE, a la Ley de Obras públicas y Ley de Responsabilidades. Al entregar la obra Yee Barba era director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, era pues, responsable de supervisar la adecuada ejecución de los trabajos contratados, lo cual incumplió. Además firmó la estimación del finiquito y tuvo conocimiento de la conclusión de los trabajos sin dar aviso a la sindicatura, por lo que se le imputó falta de diligencia y eficiencia en su actuar. 
Marcia Eugenia Salcido Moreno.- Era subdirectora de Normatividad y al igual que Esteban Yee firmó la estimación del finiquito sin tener conocimiento de la conclusión de los trabajos; incurrió en las mismas irregularidades. A mediados de 2014 Salcido Moreno fue inhabilitada por tres años debido a irregularidades en el proceso de licitación de la calle Segunda, a lo cual ella se amparó. Actualmente este caso se discute en los tribunales. Fernando Francisco Esparza Rosete.- El subdirector de Construcción en el XX Ayuntamiento de Tijuana, dejó de supervisar las condiciones de operación de la obra, firmó estimaciones de finiquito sin efectuar observaciones. Francisco Moreno Escalante.- Ex jefe de Supervisión y Control de Obra. No supervisó ni recabó informes de la ejecución de la obra; firmó el finiquito, por lo tanto es copartícipe de las irregularidades. Sergio Oswaldo Zatarain Peña.- Ex supervisor de Obra, incumplió con su cargo al no inspeccionar el proyecto; no rindió informe mensual ni final; también firmó la estimación de finiquito.
De acuerdo al expediente 63/2015, estos exfuncionarios sí son responsables de las imputaciones que se les hicieron, haciéndose acreedores a una sanción cada uno de ellos de inhabilitación por dos años. Lo cual significa que durante ese periodo están imposibilitados de obtener y ejercer cargo, empleo o comisión dentro del servicio público. La inhabilitación temporal inicia en el momento mismo en que los imputados son notificados de la resolución, procedimiento realizado durante las últimas dos semanas. Acreditan irregularidades Del incumplimiento del contrato de obra acordado con la empresa Téllez e Hijos, propiedad de José Ramón Téllez Gómez, la Sindicatura confirmó que la construcción del elevador para personas con discapacidad, adonde se destinaron un millón 893 mil pesos, no corresponde con el diseño plasmado en el proyecto arquitectónico, en el que se estableció un ascensor de cuatro niveles. El proyecto arquitectónico indica que el elevador daría el servicio en el estacionamiento E-1, pero físicamente consta que el servicio lo da hasta la planta baja de Palacio Municipal. Si bien es cierto en catálogo de conceptos de la obra se ideó un elevador de tres niveles, el no empatarlo con el diseño del proyecto constituye una anomalía. En la bitácora de obra se asienta la no existencia de plano de estructura de esta obra, lo que imposibilita constatar que la instalación de los equipos y componentes mecánicos se haya realizado de acuerdo a algún proyecto ejecutivo documentado. Tampoco se desglosan las especificaciones técnicas ni mecánicas de sus componentes, ni cuenta con manuales que determinen sus medidas de seguridad. En la inspección física realizada por personal de la dirección de Contraloría, se determinó la falta de superficie “antiderrapante” en el ascensor y la no habilitación de tres cajones de estacionamiento para discapacitados en el estacionamiento E-1, acciones incluidas en el contrato. El elevador se entregó al Municipio al cierre de 2012, pero operó de manera intermitente dado lo inadecuado de su construcción. El gobierno de Jorge Astiazarán optó por dejarlo fuera de servicio a finales de 2014; la infraestructura no era la adecuada para soportar el peso de más de dos personas. Respecto a los 144 letreros con escritura en método braille, divididos en tres paquetes de diferentes dimensiones, éstos no fueron localizados físicamente en las instalaciones de Palacio Municipal, aun cuando en el catálogo de conceptos se indica fueron suministrados y colocados. La habilitación de baños para personas con discapacidad en las oficinas centrales del gobierno municipal, fue parte del convenio, pero los ubicados en la planta baja se encuentran cerrados en horas hábiles, restringiendo el acceso a las personas con discapacidad. En la investigación de este caso también se implicó a María Mercedes Armenta Sauceda, jefe de la Unidad Administrativa, quien solventó las imputaciones que se le hicieron. Sancionan por luminarias “perdidas” La Sindicatura Procuradora decretó faltas en el procedimiento de licitación para la contratación de servicios de recolección, manejo, flete y confinamiento de las lámparas de alumbrado público, con el cual el XXI ayuntamiento favoreció a la empresa King Kong S.A. de C.V., mejor conocida como GEN. En la investigación se anota que el gobierno de Bustamante gastó 9 millones de pesos por concepto de reparación y/o mantenimiento de las luminarias instaladas, cantidad pagada a la empresa Recolectora de Desechos y residuos King Kong, S.A. de C.V., otra de las razones sociales de GEN. De ambos hechos se fincó responsabilidad administrativa en contra de dos ex funcionarios de la anterior administración de Tijuana. Sergio Antonio Rosete Weben, tesorero municipal, por contratar deliberadamente, sin sujetarse a los procedimientos de licitación y sin fundar “la contratación en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez”, convenios con la empresa Recolectora de Desechos y –residuos King Kong S.A. de C.V. Lino Sanabia Peinado, oficial mayor en el XX Ayuntamiento, por ser copartícipe en el convenio adjudicado a GEN, sin sujetarlo a razones de economía, eficacia e imparcialidad. Tanto Sanabia Peinado como Rosete Weben, faltaron a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Baja California; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, y al Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios de Arrendamiento para el municipio de Tijuana. De acuerdo al análisis de la dependencia, de ninguno de los dos convenios signados entre la administración el XX Ayuntamiento y la empresa King Kong S.A. de C.V., el Comité de adquisiciones de la Oficialía Mayor tuvo conocimiento, por lo que no contó con su aprobación, hecho que quedó asentado en el oficio SP-DC-XXI-0231-2015.
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