En este país no solo los criminales más notorios y los de mediana estatura tienen acceso a la impunidad que provee el Estado. Tampoco esa particular condición que hunde a México como uno de los países más inseguros y con menor certeza jurídica, es privativa de los capos, mafiosos o narcotraficantes. Hay una clase que también goza de impunidad. Que por más evidentes, documentados y exhibidos estén sus actos o probables actos de corrupción y excesos, no son tocados por la justicia. Se trata, por supuesto, de los políticos. Hace unos días se empezó a desmadejar el caso que ha llevado a la cárcel al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier. Un Tribunal Colegiado del Décimo Circuito ordenó que le fuesen regresados nueve bienes por valor de 28 millones de pesos, de los doce que le fueron decomisados cuando la Procuraduría General de la República lo acusó de defraudación fiscal y operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita; precisamente este último delito es el que desestimó el Poder Judicial y le permitió, que aún no en libertad, recuperara las propiedades aseguradas. Siendo parte de una estadística muy a la baja, de políticos que llegan a pisar la cárcel, el de Granier es un caso que con la resolución del Tribunal Colegiado podría iniciar el camino a la impunidad, luego que tras concluir su gobierno en 2012, fue señalado por un probable desfalco de más de 23 mil millones de pesos, pero solo detenido para ser investigado por los dos delitos ya descritos. Hay otros ex gobernadores, como Guillermo Padrés, de Sonora, que son amenazados políticamente para ser aprehendidos luego de concluida su administración. La actual mandataria Claudia Pavlovich anunció que la Procuraduría de Justicia de Sonora lo está investigando por operaciones con recursos de procedencia ilícita; incluso hace algunos días, uno de los trabajadores de la familia Padrés fue capturado mientras trasladaba 3.5 millones de pesos en efectivo, y dijo que, en efecto, pertenecían al ex gobernador y los suyos. Además, durante la peor crisis del medio ambiente que hayan tenido en Sonora, cuando el derrame de tóxicos al Río Sonora y al Río Bacanuchi, se descubrió que el panista había construido un represo en el rancho propiedad de su familia. Guillermo Padrés sigue impune. No ha sido investigado apropiadamente y no ha sido llamado a dar cuentas ante la justicia. Es como el caso en Tijuana de Carlos Bustamante, a quien en la Sindicatura Procuradora que dirige Arturo Ledesma Romo, le encontraron irregularidades en su administración hasta determinar un desfalco por 168 millones de pesos. Recientemente una auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, exclusivamente sobre el último año del trienio de la administración de Bustamante, determinó las irregularidades que causaron un daño patrimonial a la ciudad de Tijuana. Millones de pesos entregados a empresas que no ofrecieron beneficios, cheques sin justiciar, pagos millonarios a amigos, empresas incumplidas, el no ejercicio de garantías, el fraude de las luminarias y un larguísimo recuento que, de hecho, fue publicado en la edición del 11 de diciembre de ZETA. Sin embargo, Carlos Bustamante sigue impune. No lo investiga la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, ni él pretende dar explicaciones. A lo más, hemos sido testigos de cómo funcionarios menores de la administración de Bustamante han sido llamados a presentar pruebas en descargo, a rendir declaraciones y algunos han sido inhabilitados. Pero de llegar a la cabeza que orquestó el XX Ayuntamiento de Tijuana, nada. En el colmo de la impunidad, abrió un casino que en un dejo de institucionalidad, le fue clausurado por la actual administración, al no contar con los permisos requeridos. En la misma situación están Javier Robles Aguirre, quien fuera alcalde de Rosarito en el ayuntamiento anterior, y cuyas irregularidades fueron publicadas por este Semanario, en una nota de Saúl Ramírez en la sección Ezenario de la edición del 18 de diciembre, y en el presente ejemplar se da cuenta en una pieza periodística de los desórdenes financieros que realizó Enrique Pelayo Torres. Falta conocer las fallas administrativas en perjuicio del erario por parte del ex alcalde de Tecate, Javier Urbalejo Cinco, y el de Mexicali, Francisco Pérez Tejada. Los cinco ex alcaldes inmediatos de Baja California, los cinco de extracción priista, son los políticos que tienen impunidad. Los señalan ciudadanos, los investigan Sindicaturas, audita el ÓRFIS, los reprueba el Congreso, pero no los investiga la Procuraduría y permanecen sin castigo, sin rendir cuentas de las irregularidades a los miles de mexicanos que perjudicaron. Son ellos los otros impunes que se agregan a una cuantiosa lista de ex gobernantes mexicanos a los cuales la Ley no les significa nada.
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