Liberados por la ONU, reaprehendidos por homicidio de ministerial

Cuando Ramiro Ramírez Martínez “El Rambo” y Orlando Santaolaya Villarreal “El Chuletas” supieron que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había emitido la primera recomendación por tortura para México a favor de ellos, dijeron estar “muy contentos”. Así lo narró Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), quien llevó el caso a instancias nacionales e internacionales con la intención de liberar a un grupo de cuatro hombres, detenidos por el secuestro de un hombre de 65 años, a quien había mutilado un dedo. “Están esperando que pronto sean liberados”, dijo el ex procurador de Derechos Humanos en Baja California, en octubre de 2015, días después de que se hiciera pública la resolución de Naciones Unidas. El documento emitido por el Comité contra la Tortura, exigía al gobierno mexicano que Santaolaya Villarreal, Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez “El Gordo” y Ramiro López Vázquez fueran liberados del penal federal de Tepic, Nayarit, donde permanecían desde 2009, en no más de 90 días. Las pruebas y declaraciones aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) por secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas exclusivas del Ejército y robo en contra de los detenidos, demandó la ONU, debían ser desechadas por detención ilegal y tortura. Así ocurrió a finales de noviembre, pero de inmediato “El Chuletas” y “El Rambo” fueron aprehendidos por autoridades ministeriales y trasladados a Baja California para ser procesados por homicidio calificado producido por arma de fuego y delincuencia organizada. Se trata del asesinato del agente ministerial Marco Antonio Vicencio Rojas, ocurrido la tarde del viernes 7 de diciembre de 2008 en Rosarito, mientras conducía su vehículo Chevrolet Cavalier rojo en el Kilómetro 34 de la carretera Ensenada-Tijuana. Las órdenes de aprehensión fueron giradas por el Juez de Primera Instancia Penal de Playas de Rosarito desde el 12 de agosto de 2009 y se hicieron efectivas el 1 de diciembre de 2015. Los dos hombres se encuentran internos en el penal de máxima seguridad “El Hongo”, bajo el estado de procesados por la causa penal 276/2009, que radica en el Juzgado Tercero de lo Penal en Rosarito. “El Rambo” antes y después.   SECUESTROS, HOMICIDIOS Y DECAPITACIONES   Aunque familiares y organismos civiles de Derechos Humanos defendieron la inocencia de los cuatro hombres, las áreas de inteligencia militar y policiacas de Baja California los ubican como parte de una célula de Teodoro García Simental “El Teo”. Por ello, el 16 de junio de 2009 fueron detenidos por elementos militares y consignados por el delito de secuestro y la posesión de mil 662 cartuchos, 20 armas, 278 cargadores, dinero en efectivo, vehículos y equipo táctico. Antes de esto, Ángel Jácome Gamboa “El Kaibil”, ex policía municipal y Filiberto Parra Ramos “La Perra”, en ese entonces líderes de células de Teodoro García Simental “El Teo” y jefes de “El Chuletas” y “El Rambo”, declararon la participación de éstos en el tráfico de droga hacia Estados Unidos, secuestros, homicidios y venta de droga en Playas de Rosarito. Autoridades federales y estatales tenían conocimiento de que “El Chuletas” y “El Rambo” habían participado en la decapitación de policías en Rosarito, asesinatos de cinco policías y un ataque armado a oficinas de la Procuraduría del Estado. No obstante, la ONU los consideró víctimas de tortura, tras aplicar -años después- el Protocolo de Estambul y citar “cinco pruebas testificales” que confirmaron la detención del grupo en un lugar distinto al reportado por el Ejército Mexicano.   “NO NOS HAGAN UN MAL, DEJANDO EN LIBERTAD A ESTAS PERSONAS”: FAMILIA DE AGENTE ASESINADO   A sus 42 años de edad y con 24 años de servicio como policía ministerial, Marco Antonio Vicencio Rojas recibió 14 disparos que le desfiguraron el rostro, las manos y el torso. Aquel 7 de diciembre de 2008, los orificios de los proyectiles atravesaron las puertas, las ventanas y el parabrisas del carro en que viajaba. A siete años del crimen, su familia recibió la noticia de la liberación de quienes fueron señalados por la autoridad como participantes del ataque. Su reacción, cuestionar el actuar de los organismos civiles de derechos humanos. La familia dijo sentirse “indignada, pisoteada y afligida por la intervención de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, quienes tan arduamente han puesto su empeño y su tiempo en exigir la liberación de tan aberrantes individuos”, citan en una carta enviada a este Semanario. “Marco Antonio Vicencio Rojas tenía derecho a la vida y le fue arrebatado este derecho, su esposa y sus hijos tenemos derecho a una vida digna… a que los organismos que nos defienden no nos hagan un mal, dejando en libertad a estas personas”, expresaron los dolientes. Cuando en una entrevista previa, a Raúl Ramírez Baena, director de la CCDH, se le  preguntó sobre las víctimas de los delitos cometidos por sus ofendidos, respondió: “Nosotros no tenemos ninguna atribución ahí”. Por su parte, la PGJE informó que tanto Orlando Santaolaya como Ramiro Ramírez, “se encuentran relacionados en otras averiguaciones previas por delitos similares, las cuales se encuentran en integración”.   TAGS: ONU, secuestradores Kaibil, Teo, liberados, tortura, reaprehendidos, homicidio, agente ministerial Vicencio Rojas, Chuletas, Rambo, ZETA