Las compras ficticias del G-20

Los Cabos, Baja California Sur.- La llamada cumbre del G-20, celebrada el 18 y 19 de junio de 2012, no únicamente sirvió de plataforma para la promoción internacional del principal destino turístico del Estado. La Séptima Cumbre de jefes de Estado -que tuvo de sede a Los Cabos- también sirvió para construir el Centro Internacional de Convenciones de San José del Cabo y, sobre todo, bajar recursos federales y gastarlos en la adjudicación directa de contratos millonarios, amparados en el poder del gobierno del ex alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño. Según pruebas documentales obtenidas por ZETA del gasto corriente de los más de 224 millones de pesos, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del XI Ayuntamiento de Los Cabos aprovechó la disponibilidad de recursos etiquetados y en 13 días autorizó y presuntamente ordenó el gasto de 28 millones 747 mil 400 pesos en compras de cámaras de seguridad, motocicletas, automóviles, pick-ups, camiones, grúas, chalecos antibalas, escudos y cascos antimotines. Lo anterior  -con  base en copias de actas, contratos de compraventa, facturas y pólizas de cheques en poder de este Semanario- fue validado el 15 de mayo de 2012 por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y consumado el 28 de mayo del mismo año. Los integrantes del Comité que estuvieron ese día, en presencia del entonces director de Administración de Servicios Públicos, y hoy regidor del Partido de la Revolución Democrática, Samir Savín Ruiz, comentaron haber recibido el recurso de carácter extraordinario para “garantizar la seguridad de los representantes de las principales economías desarrolladas y emergentes del mundo”, por lo cual habrían firmado un convenio el 8 de mayo con el Gobierno del Estado y el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, donde habían quedado asentadas las siguientes compras: * 9 millones 825 mil pesos por concepto de suministro, configuración e instalación del sistema de videocámaras para vigilancia y monitoreo vial en San José del Cabo. * 4 millones 740 mil pesos por compra de camionetas pick-up doble cabina y acondicionadas como patrullas. * 2 millones 432 mil 500 pesos por adquisición de automóviles acondicionados de patrullas. * Un millón 560 pesos por concepto de paneles de 20 plazas. * 2 millones 590 mil pesos por compra de motocicletas. * Un millón 350 mil pesos por adquisición de transportadores personales. * Un millón 62 mil 500 pesos por concepto de chalecos antibalas. * 990 mil pesos por compra de grúa con plataforma. * 450 mil pesos por adquisición de cascos y escudos antimotines. Independientemente de los 25 millones de pesos, el XI Ayuntamiento local había firmado un segundo convenio el 29 de febrero de 2012, donde formalmente se comprometieron a gastar 3 millones 747 mil 400 pesos provenientes del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) 2012,  distribuidos de la siguiente manera: * 2 millones 467 mil 400 pesos por concepto de pick-ups doble cabina y acondicionados como patrullas. * Un millón 250 mil pesos por compra de chalecos antibalas. * 30 mil pesos por adquisición de impresoras de “alto rendimiento”. En suma, y según la firma de los dos convenios, gastarían 28 millones 747 mil 400 pesos. Los recursos habían sido depositados en la cuenta número 0101-0007-0018-00-00 del banco Banorte, etiquetados como “Subsidio Especial otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores” y programa SUBSEMUN 2012. Los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios eran: José Antonio Agúndez Montaño, ex alcalde cabeño; Oswaldo Murillo Martínez, ex síndico municipal; Guillermo Marrón Rosas, ex secretario general; Gerardo Manríquez Amador, ex tesorero municipal; Edilberto Graciano Chávez, ex oficial mayor; Alejandro Rosas Cañedo, ex director de Asentamientos Humanos y Obra Pública; Héctor Alejandro Aréchiga Peña, ex contralor municipal; Reynaldo Zatarain Valera, ex tercer regidor; Gustavo Castro Sánchez, ex director de Servicios Públicos y María Verónica Olvera Guevara, ex directora municipal de Administración. Los que ese día no se presentaron a la reunión del comité fueron el ex tesorero Gerardo Manríquez Amador -en su lugar estuvo el ex director de Egresos, Jesús Olmos Ceseña- y el ex director de Servicios Públicos, Gustavo Castro Sánchez, cuyo lugar fue ocupado por su entonces director de administración, Samir Savín Ruiz.   Las adjudicaciones   La tercera sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del XI Ayuntamiento cabeño transcurrió en secreto. Los integrantes se reunieron a puerta cerrada la tarde del 15 de mayo de 2012 en la sala de juntas de la presidencia municipal de Los Cabos,  donde después de pasar lista y declarar “quórum legal”, tocaron el único punto a tratar: la adquisición de equipamiento de seguridad pública para el evento de la Cumbre del G-20, a realizarse en Los Cabos durante el 18 y 19 de junio de 2012. El entonces oficial mayor, Edilberto Graciano Chávez, informó a los integrantes que el gobierno municipal contaba con dos fuentes de recursos para equipar a la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos: el recurso extraordinario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el del programa SUBSEMUN 2012. Después de hablar de “responsabilidad” y “honorabilidad”, los integrantes del Comité determinaron “la adjudicación de las contrataciones mediante el procedimiento de adjudicación directa en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado”, bajo la justificación de las excepciones fundadas en el Artículo 41, fracciones IV y V de la citada Ley, que transcriben: Artículo 41. “Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación cuando: “Fracción IV: ‘Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública, ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes en la materia’. “Fracción V: “Derivado de caso fortuito o de fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades en conceptos, deben limitarse a los estrictamente necesario para afrontarla’”. Sin embargo, el Artículo 51 de la citada Ley, explica que “el procedimiento deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias de cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”. De manera discrecional, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado asignó los contratos de manera directa a las siguientes personas físicas y morales: Enrique Karchmer Lask. Propietario del grupo Comercial Kar, S.A, de C.V., quien fuera favorecido con un contrato de 9 millones 400 mil pesos por suministro, configuración e instalación del sistema de video vigilancia en San José del Cabo. Harley Davidson Los Cabos, S.A. de C.V. Obtuvo un contrato de 2 millones 781 mil 062 pesos con 26 centavos por la venta de siete motocicletas Electra Glide Police modelo 2012. Nueva Automotriz del Toro, S.A. Se le favoreció con un contrato de 7 millones 172 mil 500 pesos por la venta de cinco automóviles Charger y 10 pick-ups Ram 2500 año 2012. Nueva Automotriz del Toro, S.A.  Se le asignó un contrato por 2 millones 370 mil pesos por la venta de cinco pick-ups doble cabina Ram Crew Cab 2012. Automotriz Transmar de Cortés, S.A. de C.V. Contrato por un millón 556 mil pesos por la venta de dos camionetas tipo panel Crafter 2012. Camionera del Pacífico, S.A. de C.V. Contrato por un millón 116 mil 660 pesos por la venta de un camión con grúa de plataforma marca International, modelo 2013. Segway de México, S.A. de C.V.  Contrato por un millón 339 mil 635 pesos con 28 centavos, por la venta de diez transportadoras personales para personal de vigilancia y seguridad. Gloria Esperanza Chaidez Villanueva. Propietaria de Ussyale Uniformes, la cual obtuvo un contrato por un millón 58 mil 135 pesos con 25 centavos por la venta de 85 chalecos antibalas nivel IIIA escalados a nivel IV. Ana Lilia Camacho Favela. Dueña de Óptima Imagen, con un contrato por 430 mil 360 pesos por la venta de 100 escudos antimotines e igual número de cascos antimotines. En total, 27 millones 389 mil 276 pesos con 53 centavos. El Artículo 53 de la Ley de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios del Estado establece que los contratos podrán asignarse de manera directa, siempre y cuando sea considerado lo siguiente: * Podrá contratarse por adjudicación directa, cuando el reporte de cada operación no exceda del equivalente a 4 mil 700 pesos el salario mínimo -a razón de 67.29 pesos por día- vigente en el Estado; es decir, 316 mil pesos. * Podrá contratarse por invitación a cuando menos tres personas, cuando el monto superior al equivalente a la cantidad de 4 mil 700 y hasta 12 mil 821 veces el salario mínimo vigente en el Estado (862 mil 725 pesos con 9 centavos).   Las irregularidades   En la revisión y análisis de toda la documentación del gasto del excedente de los más de 224 millones de pesos, obtenida vía Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI), ZETA hizo el hallazgo de las millonarias adquisiciones en el catálogo de compras del mes de junio del ejercicio fiscal 2012. La documentación que obra en el expediente del concepto “Compras de Equipamiento de Seguridad Pública para la Cumbre del G-20”, arrojó un faltante de un millón 358 mil 123 pesos con 47 centavos. Según el acta, el gasto autorizado  fue de 28 millones 747 mil 400 pesos, pero en el expediente, únicamente aparece la documentación probatoria del gasto de 27 millones 389 mil 276 pesos con 53 centavos. Peor aún, la mayoría de los contratos de compraventa fueron elaborados el 16 de mayo de 2012, es decir, el mismo día en que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, autorizó y validó las millonarias operaciones, lo que deja entrever que los principales integrantes del Comité planearon con alevosía y ventaja quiénes serían los proveedores y cómo se repartiría el dinero federal. De hecho, con base al expediente de ese gasto, no aparecen copias de las cotizaciones de los proveedores, lo que indica que ni siquiera las requirieron y compraron a sobreprecio, contravenido “el criterio de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”, determinado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. En este manoteo del presupuesto, de acuerdo a las pruebas documentales en poder de ZETA, no únicamente se perdió casi un millón y medio de pesos, también: * Dos motocicletas Harley Davidson modelo Electra Glide Police 2012, las cuales tienen un valor unitario de 26 mil 512 dólares. Según el contrato de compraventa, bajo el número de folio DGSPPPYTM/OM/SUBG20/2012, firmado entre el XI Ayuntamiento de Los Cabos y Harley Davidson Los Cabos, S.A. de C.V., la operación fue por siete motocicletas, pero en el expediente solo existe documentación de cinco; por lo que el faltante es de dos motos, cuyo valor total es de 53 mil 24 dólares, es decir, de 848 mil 384 pesos. * Cinco automóviles marca Dodge Charger 2012, con valor unitario de 407 mil pesos y 15 camionetas pick-up Dodge  Crew Cab SLT 4×4  modelo 2012, con valor unitario de 370 mil pesos. En el contrato de compraventa, bajo el número de folio DGSPPPYTM/OM/SUBG20/01/2012, firmado entre el XI Ayuntamiento de Los Cabos y Automotriz del Toro, S.A. de C.V., aparecieron las siguientes facturas de más: 684, 685, 686, 687 y 688, por concepto de la compra de automóviles; y las 728,729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 744, 745, 746, 747 y 748 por la adquisición de las unidades pick-up, las cuales amparan un gasto por 7 millones 585 mil pesos. Lo más grave es el gasto de 9 millones 400 mil pesos por concepto de suministro, configuración e instalación del sistema de video vigilancia en San José del Cabo. En el contrato bajo el número de folio DGSPPPYTM/OM/SUBG20/07/2012, firmado entre el XI Ayuntamiento de Los Cabos y Grupo Comercial Kar, S.A. de C.V., no se establece el número de videocámaras de seguridad ni los puntos donde habrían de ser instaladas, y en la cláusula 13, se especifica que “responderá por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los mismos, y de los daños y perjuicios que por inobservancia y negligencia, puedan causar al municipio o terceros”. El contrato indica que la forma de pago sería de 4 millones 51 mil 724 pesos con 14 centavos de anticipo, y el resto en un pago de 4 millones 700 mil pesos, después de entregado el trabajo. No obstante, en la revisión del expediente solo aparecen dos pólizas de cheque: * El 30 de mayo de 2012 se expidió el cheque 21 por 4 millones 700 mil pesos. * El 5 de junio de 2012, el cheque 02 por 2 millones 350 mil pesos. Ambos documentos ampara un gasto de 7 millones 50 mil pesos, de los 9 millones 400 mil pesos transcritos en el contrato,  donde existe un faltante de 2 millones 741 mil 507 pesos. En total -según las pruebas documentales en poder de ZETA-, el monto del quebranto, tan solo en el rubro de “Compras de Equipamiento de Seguridad Pública de la Cumbre del G-20”, asciende a 12 millones 533 mil 14 pesos. Por si fuera poco,  durante la revisión física del inventario de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, por parte de reporteros de este Semanario, la gran mayoría de los equipos presuntamente comprados, ni siquiera existen o aparecen físicamente en las oficinas de la corporación. Si acaso, por el número de serie, se encuentran físicamente una motocicleta Harley Davidson, dos automóviles Dodge Charger, una camioneta tipo panel y cuatro pick-ups Ram 2500. Del resto, nada se sabe.