Entregan expediente de Agúndez

Los Cabos, Baja California Sur.- Después de tres años y dos meses de batalla legal, el 30 de noviembre de 2015, el director de Contabilidad de la Tesorería del XII Ayuntamiento de Los Cabos, Gildardo Gaucín Ruega, hizo entrega oficial a ZETA del expediente de los 224 millones 643 mil 638 pesos gastados de manera irregular, y sin previa autorización del Cabildo en pleno, por el gobierno del ex alcalde José Antonio Agúndez Montaño en el ejercicio fiscal 2012. La información consta de 5 mil 400 copias de pólizas de cheques, facturas, órdenes de compra, memorándums, contratos, transferencias, oficios y una serie de documentación que prueba cómo, de qué manera y en qué se gastó el dinero del excedente de los impuestos de los cabeños, cuando el alcalde tenía como encargado de la tesorería al prófugo de la justicia Gerardo Manríquez Amador,  quien a su vez designó como corresponsables del manejo de las finanzas a: Susana Margarita Burgoing Amézquita. Ex directora de Ingresos con orden de aprehensión girada por un juez penal por el delito de robo agravado. Héctor Jesús Olmos Ceseña. Ex titular de Egresos. Ana Luisa Guluarte Arista. Ex directora de Contabilidad. El 9 de octubre de 2012, estalló el escándalo del gasto irregular del excedente, cuando el entonces presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, solicitó a los regidores, y en plena sesión Cabildo, el voto de confianza para autorizar oficialmente el desembolso de más de 224 millones de pesos, porque -justificó- “había usado el dinero sin autorización del Cabildo” y se sacó de la manga que “debían validar el Presupuesto de Egresos de transferencias, ampliaciones y reducciones, del primero de enero al 31 de diciembre de 2012”. El ex edil trató de engañar a los regidores que de inmediato rechazaron la propuesta por abrumadora mayoría. La votación quedó de la siguiente manera: * El ex alcalde José Antonio Agúndez Montaño y la ex regidora Emilia Vega Uribe, a favor. * El ex síndico Oswaldo Murillo Martínez y los ex regidores Julio César Castro Pérez, Juan Mauricio Albañez Albañez, Juan Octavio Arvizu Buendía, Anel Susana Marrón Amador, Víctor Manuel Ortegón Góngora, Ana María Wilson Izquierdo, Reynaldo Zatarain Valera, Mario Fernández Alonso,  Eda María Palacios Márquez y Juan Fernández Sánchez Navarro, se pronunciaron en contra de la propuesta.   La batalla   Después de estallar el escándalo, y tres días después, es decir, el 12 de octubre de 2013, ZETA solicitó a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI): * Informe detallado sobre el gasto del excedente del ejercicio fiscal 2012 del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, en los conceptos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, subsidios y apoyos, bienes muebles e inmuebles, obras públicas, erogaciones extraordinarias y deuda pública. * Copia de cada uno de los recibos, notas de venta, facturas o cualquier documento que soporte documentalmente cada gasto del excedente del primero de enero al 31 de diciembre de 2012, incluyendo contratos de obras y/o adquisiciones y servicios y dependencias o servidor público que ejerció el recurso y sea citado si es recurso propio, estatal o federal. En primera instancia, el ex tesorero y prófugo de la justicia, Gerardo Manríquez Amador, negó la entrega de la información y toda la documentación, bajo el argumento de ser “información reservada y confidencial”,  además, “no toda la información solicitada estaba en el registro contable existente”, lo que fue refutado por este Semanario y se solicitó un procedimiento de revisión del caso, en virtud de que “no fundaba ni motivaba debidamente las razones por las cuales la información era clasificada y reservada”, por lo que se abrió el expediente PR-III/003/2014. La propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado -Artículo 22 fracción V- establece claramente que para que la información sea de carácter “confidencial o reservada”, debe atravesar por un proceso de clasificación, lo que obviamente no había ocurrido en el caso del gasto del excedente de los más de 224 millones de pesos. Por lo tanto, el ITAI dio un plazo de cinco días hábiles para cambiar el sentido de la respuesta, la cual llegó el 13 de diciembre de 2013 con “la autorización de revisar físicamente la glosa de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012,  la cual constaba de mil 046 tomos en total, y en los cuales se archivaba toda la información”, porque “la expedición de las copias era impráctica porque eran 493 tomos de ingresos y 553 de egresos, en los cuales se archivaba toda la documentación comprobatoria, por lo que en términos de logística, era imposible”. “No tenemos nada que esconder u ocultar, estamos abiertos a cualquier investigación”, dijo de entrada a ZETA el ex tesorero Gerardo Manríquez Amador, cuando acompañado de funcionarios del Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información, de Contraloría y de la Tesorería, se acordó iniciar el proceso de revisión de la documentación, que fácilmente ocupaba una habitación de 4 por 4 metros. El proceso de revisión no arrancó de inmediato, sino hasta siete meses después, cuando inició el 16 de julio de 2014 en la Sala de Juntas de la Dirección de Contabilidad, y terminó abruptamente el 20 de agosto del mismo año, después de que este Semanario publicara la nota titulada “Estafan al Ayuntamiento de Los Cabos”, exponiendo el caso del pago de una extorsión después de detectar -entre la documentación del gasto del excedente- un pago de 624 mil 762 pesos con 97 centavos a través de una transferencia bancaria a una empresa fantasma denominada Consorcio Aduanero del Golfo, S.A. de C.V., donde estaban involucrados los siguientes ex funcionarios: * Gerardo Manríquez Amador, entonces tesorero. * Ana Luisa Guluarte Arista, entonces directora de Contabilidad. * María del Carmen Zerón Castañón, ex directora de DIF Municipal en Los Cabos. El reportaje no fue para nada del agrado del ex alcalde José Antonio Agúndez Montaño, por lo que bajo la instrucción de no permitir más el acceso de reporteros de este Semanario, desacató una resolución “definitiva, inapelable y obligatoria”, lo que valió que el ITAI diera vista al órgano de control interno, el cual está por resolver el caso en contra de Manríquez Amador,  Guluarte Arista y Angélica Cristal Navarro Peralta, ex secretaria de la ex directora de Contabilidad. Durante ese tiempo, ZETA revisó durante 11 días consecutivos, en horario de 9:00 am a 3:00 pm, de lunes a viernes, la documentación de los gastos ejercidos en los meses de marzo, junio, julio, noviembre y diciembre de 2012, solicitando copia de 5 mil 400 documentos, donde se concentraba la mayoría de irregularidades detectadas por este Semanario, desde el desvío de recursos públicos, hasta la asignación discrecional de contratos millonarios a familiares y amigos del ex alcalde, ex tesorero y algunos ex regidores.   Las copias   A punto de arrancar el proceso electoral, la finalidad de la administración del ex alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, no era entregar la documentación a ZETA. De ahí, en segunda instancia, tras ser solicitada oficialmente la entrega de las 5 mil 400 copias seleccionadas por este Semanario, el gobierno municipal de “Tony” Agúndez Montaño comenzó a poner trabas, como fue la pretensión de cobrar 69 pesos por cada copia, basándose en la Ley de Hacienda Municipal de Los Cabos, lo que equivalía a un pago de 372 mil 600 pesos, que obviamente derivó en una queja en el ITAI, donde se tuvo que legislar en material del cobro de pago en copias simples y se sacó un acuerdo del “criterio para el cobro de materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información pública” en virtud del caso, sin precedente alguno, entre el XI Ayuntamiento de Los Cabos y ZETA. El criterio de cobro fue publicado el 10 de noviembre de 2014 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 53, sentando un precedente en la historia de Baja California Sur. Fue así como quedó establecido que el precio de copia en tamaño carta era de 70 centavos y 75 en tamaño oficio, por lo tanto, este Semanario debía pagar 3 mil 780 pesos, es decir, 368 mil 820 menos de lo previsto por el gobierno municipal cabeño. Un mes después, el 3 de diciembre de 2014, ZETA se reunió con el ex tesorero Gerardo Manríquez Amador y funcionarios de Contraloría, Tesorería y el Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde pretendían cobrarse forzosamente 2 pesos por cada copia, bajo el argumento de que “tenían que rentar una copiadora y pagar a un empleado que estuviera sacando las copias”, a fin de cumplir con la resolución que para entonces ya tenía un atraso de seis meses -tras haber sido resuelto de manera definitiva el caso-, por lo que no se llegó a ningún acuerdo entre ambas partes y se levantó una minuta, obviamente sin la firma de ningún representante de ZETA. En plena efervescencia electoral, Gerardo Manríquez Amador fue destituido del cargo, tras registrarse un auto-robo de más de 3 millones de pesos; fue relevado por la ex regidora Emilia Vega Uribe en la Tesorería. Sumido en el descrédito total y tratando de ocultar el desastre en los más de 224 millones de pesos, el XI Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la ex tesorera Vega Uribe,  envió el 20 de marzo el oficio TGM/02885/2015, donde sin tener ninguna facultad legal, notificó a ZETA “el cierre del caso”, bajo el supuesto de que “no se ha acreditado el pago de las copias simples correspondiente a la emisión de la información solicitado, conforme a lo acordado (según ella) en la minuta de trabajo de fecha 3 de diciembre, bajo el entendido de proceder a su entrega a partir del 10 de diciembre”. Este Semanario presentó oficialmente su inconformidad porque “nunca hubo tal acuerdo” y procedió al pago de 3 mil 780 pesos por concepto del pago de 5 mil 400 copias simples, a razón de 70 centavos cada una, según el criterio vigente para el cobro de materiales utilizados en la reproducción y copiado de la información pública.   La entrega   Después de la toma del posesión del nuevo alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, ZETA retomó -junto con el ITAI- el tema de la entrega de las 5 mil 400 copias y cinco solicitudes más que estaban rezagadas. En una reunión entre representantes de este Semanario y los nuevos funcionarios de Tesorería, Contraloría y del Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se acordó la entrega de la documentación a más tardar el 30 de noviembre. Con toda la disposición de cumplir las resoluciones del ITAI, sobre todo la más añeja, el caso del gasto irregular de los más de 224 millones de pesos, el director de Contabilidad, Gildardo Gaucín Rueda y parte de su equipo de trabajo, integrado por Luis Alonso Castro Cordero y Dulce María González, hicieron entrega del expediente de las copias de los más de 224 millones de pesos. En un escrito firmado por el tesorero del XII Ayuntamiento de Los Cabos, Jesús Cortés Espinoza, y dirigido a este Semanario, se confirma la entrega de la información, “en virtud del rechazo y cerrazón de la ex tesorera Emilia Vega Uribe, en la entrega de las copias de la documentación, quien el 20 de marzo de 2015, a través del oficio TGM/0285/2015, dio por cerrado de manera dolosa el caso, bajo el argumento del supuesto vencimiento del término concedido en exceso sobre el pago de los costos de la expedición de copias simples, después de un supuesto apercibimiento emitido el 17 de febrero de 2015, a raíz de un supuesto acuerdo establecido en una minuta de trabajo de fecha 3 de diciembre de 2014”. En el documento, el funcionario explica que se realizó la búsqueda física de la información solicitada, con base en el número de tomo, forja y póliza solicitada, donde gran parte de la información fue encontrada, salvo los siguientes casos: * El tomo número 3 del Fondo para Obra e Infraestructura Social (FOIS). * El tomo 47 de la póliza de egresos de noviembre. * Los tomos 24 y 27 de la póliza de egresos de julio. “Los tomos físicamente al momento de la búsqueda no se encontraban en el almacén, por diversas circunstancias, ajenas a la Dirección de Contabilidad”, especifica el tesorero en el escrito. No obstante, se comprometió a localizar la información y hacer la entrega formal. A partir del primero de diciembre, ZETA inició la revisión y análisis de la documentación de los 224 millones de pesos gastados de manera irregular por el ex alcalde José Antonio Agúndez Montaño, la cual habrá de darse a conocer a partir de la próxima edición.