El de Bustamante, un gobierno de rapiña

(EDICIÓN IMPRESA) Como pocos dictámenes de fiscalización en el estado, el de Carlos Bustamante Anchondo en su último año del trienio en el ayuntamiento de Tijuana, es extenso, claro e incriminatorio. Son cientos de millones de pesos indebidamente gastados, empresas de reciente creación que recibieron cantidades millonarias sin justificar, concesiones ilegales a transportistas, cobros de licencias de alcoholes sin ingresar, cantidades millonarias sin reportar, contratación de despachos irregularmente, en fin, una larga lista de anomalías que conforman las cuentas públicas del ex presidente municipal. A decir del Dictamen 241 que emitió la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, realizado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (ORFIS), las irregularidades cometidas en el último ejercicio fiscal del ex alcalde priista deben turnarse a las autoridades para que se “finquen responsabilidades”. El jueves pasado, los diputados locales votaron en el sentido con el que se dictaminaron las cuentas públicas del 2013 de Tijuana: negativo. Excepto la Cuenta Pública de Ingresos y cuenta pública, las demás “no se aprueban”. El largo dictamen está compuesto por 67 páginas, más de 26 mil 500 palabras que describen las observaciones hechas al gobierno municipal de Bustamante y negadas por el Congreso. La revisión abarca del primero de enero al 31 de diciembre del 2013. El documento que tendrá que ser publicado en el portal del Poder Legislativo explica que se tomó en cuenta a los “servidores públicos” del ayuntamiento y que se les notificó tanto al ex alcalde como a los entonces tesoreros, Antonio Dueñas Soto y Sergio Rosete Weben. Incluso, ambos fueron citados para comparecer en diciembre del 2014.   2 empresas, 37 millones “sin beneficio”  En la administración de Bustamante, el ORFIS detectó dos empresas –entre muchas más– que recibieron cantidades millonarias de manera irregular y sin haber obtenido algún beneficio. Collect de México, S.A. de C.V. y Allie Alianzas Estratégicas recibieron pagos por 35 millones 887 mil 46 pesos. 17 millones 792 mil y más de 19 millones 94 mil pesos, respectivamente. El documento del Congreso describe los hallazgos: “no fue proporcionada evidencia sobre las acciones de cobro (del predial) que las empresas llevaron a cabo a cada contribuyente, por los cuales el ayuntamiento les pagó la contraprestación”. A decir de la versión de ayuntamiento las empresas realizaron “únicamente la entrega de volantes, cartas invitación para regularizar y escritos donde hacían saber al contribuyente de su adeudo”. El Órgano de Fiscalización concluyó: “no se proporcionó información que justifique la contratación y pago de estas empresas…No se obtuvo ningún beneficio al contratar a estas empresas debido a que fue mayor el pago efectuado por sus servicios por un monto de $35 millones 887 mil 046 pesos; contra el incremento en la recaudación del impuesto predial del ejercicio 2013 en relación al 2012, el cual ascendió a $21’251,608”. Además “el Ayuntamiento adjudicó de manera directa los contratos a las empresas antes mencionadas, debiendo hacerlo mediante licitación pública”, explica el documento. Y por si fuera poco Allie Alianzas Estratégicas, S.A.P.I. de C.V, se creó “21 días antes de la celebración del contrato”, entre otras irregularidades en la adjudicación directa como que le fue proporcionada “información confidencial”, sin que se le haya exigido requisito de privacidad y protección de datos personales.   45 millones en cámaras “sin evidencia” El ayuntamiento realizó pagos durante el ejercicio 2013 por 45 millones 32 mil 833 pesos  a la empresa Global Sight, S.A. de C.V., por el servicio de mantenimiento y soporte técnico para los equipos que hacen funcionar el Sistema Integral del Centro de Mando y Forma Urbana. Según la auditoría del contrato de la empresa con el municipio celebrado el primero de diciembre de 2012, solo se encontró “evidencia del servicio de mantenimiento de algunas cámaras de vigilancia, sin embargo no se mostró evidencia que sustente la recepción del servicio sobre el resto del equipo”. La fiscalización descubrió que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó 423 cámaras de las cuales “62 presentan algún tipo de desperfecto” y la empresa informó al municipio que de 48 cámaras a las que dieron mantenimiento “24 presentan algún tipo de falla”.   22 millones ventajosos para los Arnaiz Otro de los hallazgos en la fiscalización detalla sobre “la venta de un terreno por parte del Ayuntamiento a la empresa Fraccionamiento Arnaiz, S.A. de C.V.” por un importe de 22 millones de pesos.  Ese recurso sería “destinado al Programa de Apoyo a la Vivienda” distribuidos en montos para de “apoyo” de 30 mil pesos “para todas aquellas personas que desearan obtener una vivienda dentro de las diversas opciones que ofrece el mercado por parte de los desarrolladores inmobiliarios”. Sin embargo, añade el documento: “el Ayuntamiento llevó a cabo dicho programa únicamente con la empresa Fraccionamiento Arnaiz, S.A. de C.V.…durante el ejercicio todos los apoyos fueron para los adquirientes de vivienda en el desarrollo urbano creado por dicha empresa”. Sumando (además de los 22 millones), un total de 7 millones 789 mil 572 pesos. En otra observación se da cuenta que el ayuntamiento “omitió recaudar ingresos” por 3 millones 52 mil pesos por “intereses moratorios generados por la falta de pago oportuno” de los Arnaiz. Además de haber omitido el registro de ingresos por un importe de millones 800 mil pesos por parte de la misma empresa. Solo se tiene registro de 16 millones de pesos.   25 millones sin licitar y en cheques “sin justificar” La auditoría arrojó que el gobierno de Beatamente adquirió “bienes y servicios” por 14 millones 928 mil 964 pesos de los cuales “no se efectuó licitación pública” violando el Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos. Asimismo se otorgaron cheques “diversos Funcionarios y Empleados” por un importe de 10 millones 276 mil 845 pesos. Entre éstos, “sin justificación alguna, un monto de 5 millones 31 mil 123 pesos fueron reintegrados mediante depósitos bancarios en efectivo, con un atraso de hasta 293 días”. Durante los ejercicios 2011 y 2012 el ayuntamiento “fue objeto de la misma observación”, describe el dictamen “habiendo expedido cheques a favor de diversos Funcionarios y Empleados por un monto de $13’700,000 y $6’925,000…con un atraso de hasta 328 días”.   152 millones en bienes sin aclarar El Congreso del Estado registró igualmente irregularidades en el patrimonio del ayuntamiento de Tijuana. Por ejemplo, los bienes inmuebles bajo el resguardo de Bustamante ascendieron a más de mil 36 millones 251 mil pesos, sin embargo, dice el documento: “el Padrón proporcionado por Oficialía Mayor a la misma fecha asciende a $884 millones 057,515; determinándose una diferencia no aclarada de más en registros contables por un monto $152’193,984”. Además, continúa el análisis: el ayuntamiento no formalizó propiedades de varios predios que fueron donados por empresas fraccionadoras, “mismos que están registrados en cuentas de orden a un valor de $3 mil 009 millones 140 mil 357”. Otras irregularidades es que en diversos predios que el ayuntamiento desincorporó (los subastó) “no determinan ni justifican en forma literal que dichos bienes hubiesen dejado de ser útiles para la prestación de un servicio público y/o que no hubiesen sido factible utilizarlos para algún otro aprovechamiento en beneficio de la comunidad, siendo estos requisitos indispensables para justificar y sustentar la desincorporación”.   Estacionamiento, otro fracaso de millones Un apartado en el dictamen de fiscalización sobre la concesión a favor de la empresa denominada “Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V.”, para la construcción y operación del estacionamiento en Palacio Municipal. El contrato que firmó Bustamante fue ventajoso para la empresa donde es socio Fernando Beltrán, promotor de espectáculos en el box. Al ORFIS se ocultó el acta de inicio de operación del estacionamiento donde se establece, entre otras cosas, “la vigencia de la concesión otorgada”. Pero la empresa con la confabulación del gobierno invadió terrenos ajenos, calles y paraderos de transporte público, “sin acreditar la necesidad que había para otorgarse en concesión y sin garantizar el libre, seguro y expedito tránsito”. Bustamante autorizó la construcción del estacionamiento incluso en terrenos “propiedad de Gobierno del Estado…sin proporcionar documento de asignación o en su caso, de las gestiones realizadas por el Ayuntamiento para la liberación de dichas superficies”, dice el dictamen. Fue tan mal elaborado el contrato que el municipio no posee póliza de seguro contra riesgos, accidentes y siniestros en general, ni tampoco se proporcionó las fianzas de garantía, de operación y de vicios ocultos, por ello, actualmente con el estacionamiento clausurado –luego de que se descubrió que fue construido de manera irregular y con errores de ingeniería– por representar un riesgo de colapso, la administración en turno se dice incompetente para ejercer alguna acción contra la empresa beneficiada por Bustamante.  Existen otros contratos que operan en la irregularidad y benéficos para empresas en operaciones de negocios y obras. Por ejemplo para la empresa “Asociación de Propietarios de Plaza Financiera Río Tijuana” (Presidente, Bernabé López Bernal) que se concesionó el uso para un estacionamiento público.   Millones regalados En el tema del predial el ayuntamiento reportó 109 millones de pesos por rezagos de impuesto en predial, de esa cantidad se revisaron únicamente 10 millones de pesos en los cuales se descubrió que el ayuntamiento subsidió pagos por 7 millones de pesos “sin contar con la autorización del Congreso del Estado”, detalla el dictamen del ORFIS. Es decir, solo registró de ingresos 3 millones de pesos.   Alcoholes y basura, otros millones para terceros El mismo dictamen da cuenta que hubo un descontrol desde la Secretaría de Gobierno (dirigida en ese año por Alcides Beltrones y Obed Silva), pues se autorizaron 623 permisos eventuales para la venta, almacenaje y consumo público de bebidas alcohólicas, de los cuales en 216 casos se exentó del pago de derechos. Del resto, 407 permisos, “no fue posible verificar la correcta recaudación”, narra el documento del ORFIS y no se encontró el registro de los ingresos. El caso del relleno sanitario concesionado desde el 2003 para GEN (Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V.) estuvo fuera de control dejándole de cobrar ingresos millonarios. Por poner solo un ejemplo, no se les cobró el 6 por ciento de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades llevadas a cabo en el relleno sanitario. Entre otras, el gobierno de Bustamante –explica la auditoría– “no proporcionó documentación que muestre las gestiones realizadas para la recuperación de cuenta por cobrar por un importe de 1 millón 061 mil 940 pesos” a GEN.   Ilegal trasporte público El ORFIS descubrió que en el último año de Bustamante se reconocieron 10 concesiones otorgadas por el Gobierno del Estado las cuales dejaron de tener validez desde el 2002. Además sin ningún fundamento legal recaudó un millón 200 mil pesos “por concepto de revalidación y ampliación de parque vehicular”, incluso a las concesiones que habían dejado de tener validez. En la administración de Bustamante en 2013 estuvo enfrente de la Dirección de Trasporte el priista Carlos Manuel Luna Herrera, anteriormente fue Bernardo Sánchez Ríos, otro de los beltronistas en el gobierno priista.   No cobró millones de Policía comercial Bustamante dejo de recuperar la prestación del servicio de vigilancia policíaca. Reportó cerca de los 19 millones de pesos en servicios sin cobrar, beneficiando a Jorge Hank Rhon pues parte de la deuda fue para cubrir los servicios de seguridad en los partidos de los Xolos. Además de encontrarse un millón de pesos en diferencias de reportes e ingresos sin aclarar.   Muchas, muchas más… El descuido y las irregularidades en todas las áreas del ayuntamiento de Bustamante van también desde la negligencia y nulas inspecciones para garantizar la sanidad en la carne destinada para venta y consumo en los rastros municipales. En las concesiones de arrastre y almacenamiento de vehículo, lo mismo. Se dejaron de recaudar miles de cientos de pesos. En las revisiones mecánicas se repite el comportamiento de discordancia. En el remate de carros, el ORFIS detectó que el ayuntamiento remató vehículos con reporte de robo además de no mostrar las ventas reales o con expedientes irregulares.   Asesores millonarios El ayuntamiento también contrató de manera ilegal a diversos despachos de asesores devengando millones de pesos sin que se justificaran, pues se les pagó para que realizaran tareas de las diferentes secretarías del gobierno. Por ejemplo, se contrató a la empresa Vázquez Nava y Consultores, S.C., por un monto de 7 millones 917 mil pesos por asesoría en programas productivos de inversión. El despacho lo fundó María Elena Vázquez, ex contralora en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Se pagó también a María Teresa Vallejo Pérez por 116 mil 550 pesos por trabajos que al igual que el despacho de Vázquez, le correspondía hacer a la secretaría de Finanzas, dirigida por Rufo Ibarra, actualmente delegado de economía. Se pagó al Grupo de Especialistas Políticos, S.C., un monto de más de 6 millones, “observándose que los contratos no especifican para qué tipo de recursos se lleva a cabo la gestión ya existen los convenios de colaboración con las dependencias estatales y federales para la obtención de recursos”. El ORFIS califica esa contratación millonaria como “innecesaria”. Otra asesoría se dio para Gerencia Política y Consultoría, S.C por “asesoría y servicios necesarios para elaborar y poner en práctica una estrategia de comunicación” por un millón y medio de pesos. Beneficiando a Edgar Manuel González Contreras, ex titular de la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República y ex coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal. Los asesores sin justificar son muchos, por ejemplo para Gustavo Almaraz, amigo y cercano al ex alcalde. En todos los casos –señala el Órgano de Fiscalización– por actividades que le correspondían al gobierno.   Contrató inmobiliaria en lugar de expertos en violencia infantil Un contrato para Interbac Promotores S. de R.L. de C.V., que preside Rafael Licéaga Campos, obtuvo un millón 550 mil pesos del recursos en Subsemun: “observándose que el giro de esta empresa son los servicios inmobiliarios como indica su acta constitutiva…siendo que la normatividad del Subsemun establece que el proveedor del servicio deberá ser especialista en temas de infancia, con trabajo comprobado en temas de violencia en diversos ámbitos donde se produce la violencia infantil”. Las irregularidades en la aplicación de los recursos federales también se cuentan por decenas. Una recurrente es que nunca ejercieron presupuestos que se destinó en beneficio a la ciudad. Es más, el mismo dictamen reveló que Bustamante benefició a su hijo en tema de espectaculares y carteleras, mercado que se encuentra fuera de control, pues mayoría presenta inconsistencias e irregularidades. Son solo unas de las observaciones hechas por el Poder Legislativo al manejo del gobierno del priista y su gabinete.