Desalojo al sur de San Felipe

Puertecitos, Baja California.- Una mañana de marzo, Maribel y sus dos hermanas recibieron una visita en Campo Serena, ubicado a unos 75 kilómetros del puerto de San Felipe: “Nosotros somos los dueños de aquí”, escucharon de un desconocido. La inesperada visita continuó: “Tenemos una demanda para el desalojo, así que se tienen que ir”, dijo Moisés Torres Flores, un residente del ejido Plan Nacional Agrario –ubicado en la parte norte del puerto–, quien llegó acompañado de un grupo de abogados, según recuerda la joven. Maribel refiere que desde cinco años atrás empezó a escuchar rumores relacionados con gente que buscaba pelear esos terrenos, heredados de su padre, quien recibió 48 hectáreas por dotación gubernamental –por adjudicación de dotación parcelaria– por un Decreto publicado en el Diario oficial de la Federación en septiembre de 1970. “Mi papá murió luchando por estas tierras”, asegura Maribel. La mujer recuerda que antes de existir las carreteras debían hacer cinco o seis horas hasta San Felipe, sin energía eléctrica, agua potable y mucho menos telefonía: “Me empezaron a insistir que ellos eran los dueños, que nos fuéramos”. Maribel de 32 años rememora que hasta le ofrecieron dinero, pero la respuesta de ella –asegura– fue rotunda; “yo no estoy vendiendo. Todo lo que hemos pasado aquí no creo que lo puedas pagar”. La respuesta de los visitantes fue que regresarían a cercar su propiedad, por lo que desde entonces viven en la incertidumbre de ser desalojadas. Se trata de un polígono de 148 hectáreas dividido en tres, uno de ellos es Campo Serena  con más de un kilómetro de playa en las tibias y tranquilas aguas del Mar de Cortés. Maribel y su familia administran ahí media docena de casas de descanso para rentarlas a turistas y están a unos dos kilómetros de las oficinas de la delegación de Puertecitos. Desde hace cinco años la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes terminó los 75 kilómetros de carretera que unen Puertecitos con San Felipe y hacia el Sur, el camino asfaltado llega 17 kilómetros debajo de Alfonsina. Faltaría 32 kilómetros para llegar a Laguna Chapala, el entronque con la carretera Transpeninsular y al exuberante Valle de Los Cirios, la zona natural protegida.   Abogados   Guillermo Amador Molina vivió en ese lugar toda su vida, cuenta Maribel, su hija. El hombre murió en septiembre del 2003. Cerca de diez años después empezaron los reclamos, de acuerdo a los datos aportados por sus dos abogados, Santiago Astengo y Homero de la Peña. De acuerdo a los abogados, el 28 de septiembre del 2006 José Luis Garibay Ugarte en complicidad con Efrén Enrique Castelo Palafox lograron registrar ante notario un Poder General donde presuntamente el otorgante fue José Garibay Ugarte –supuestamente finado– para que éstos pudieran vender ese terreno. Y es que en este intrincado proceso se han configurado una serie de irregularidades que involucran no solo a quien se adjudicó la propiedad del predio, Moisés Torres Flores, sino además al notario Arturo Blas Elizondo, quien extendió ilegalmente ese poder logrando con éste la certificación de un plano del inmueble a través de la Oficina de Catastro Municipal del municipio de Ensenada. Loa abogados señalan a Moisés Torres Flores, un integrante del ejido Plan Nacional Agrario, a quien además lo relacionan en la participación de la venta de tierras ejidales al grupo económico Carso –propiedad del millonario Carlos Slim–, donde ahora se ubica la mina de oro. “Así fue como el 28 de septiembre del 2011 el supuesto comprador Moisés Torres Flores y el supuesto apoderado de José Garibay Ugarte firmaron un contrato de promesa de compraventa”, explican los abogados. Ese contrato obtuvo la Fe Notarial de Norma Alicia Romero Miranda, de la Notaría Pública Numero 4 con sede en Mexicali y supuestamente por las 128 hectáreas que suma todo el polígono pagaron 600 mil dólares. En ese predio se incluye además del Campo Serena otros dos terrenos, uno propiedad de Octavio Dagnino y el otro de los herederos de la señora Florencia Castro Salomón, quien fue asesinada en su domicilio – ahí en su terreno– el 8 de agosto del 2014. De acuerdo a los abogados, a la hora de escriturar públicamente el contrato de la compraventa se acompañaron documentos –el plano y el avalúo– a nombre de José Luis Garibay Ugarte y la compraventa se formalizó a nombre José Garibay Ugarte. Y es que luego trataron de inscribir esa compraventa en el Registro Público de la Propiedad en Mexicali pero fue rechazado a través de un Reporte de Improcedencia debido a que ya existe en el Registro Público un título de propiedad a nombre de Octavio Dagnino Angulo, por lo que hay una sobrexposición de ambos predios.   En Ensenada, sí se puede   Ante esa situación los “compradores” acudieron ante el Registro Público de la propiedad en Ensenada, en la misma dependencia estatal pero en las oficinas porteñas, donde sí les permitieron inscribir el documento a nombre de Moisés Torres Flores. La tesis de los abogados es que José Luis Garibay Ugarte suplantó a José Garibay Ugarte ante el Notario Público Número 12 de Tijuana, Arturo Blas Elizondo Corral y en complicidad de Efrén Enrique Castelo Palafox validaron, el otorgante del poder es José Garibay Ugarte con datos falsos. Como si este tema no estuviera lo suficientemente enredado, en Ensenada surgieron otros compradores del mismo predio ya que en el Juzgado primero de lo Civil –ahí en el puerto, en el expediente 614/2014-B, aún en proceso– promovieron un juicio de Elevación a Escritura Pública de otro supuesto contrato de compraventa donde aparece también José Garibay Ugarte y su esposa y como comprador Lucio Bucio Rodríguez.   Jaloneo legal   Como estrategia legal y asesorada por sus abogados, Maribel Amador Sandoval promovió un juicio de Prescripción Positiva en el Juzgado Tercero de lo Civil en Ensenada contra José Garibay Ugarte donde defendió su posición bajo el argumento de que familiarmente se tiene más de 45 años en posesión del terreno en disputa –expediente8912/2013– pero el juez le negó la razón La respuesta fue presentar una Apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del estado, en donde los Magistrados Raúl Gonzales Arias, Olimpia Ángeles Chacón y Salvador Juan Ortiz Morales aprobaron por unanimidad la sentencia a favor de Maribel Amador. “Se declara que ha operado la prescripción positiva y que Alejandro Maribel Amador Sandoval se ha convertido en Propietaria del inmueble…perteneciente al Campo Serena”, ordenando además el titular del Registro Público de Ensenada a que proceda a la cancelación de la partida registral…y una vez ejecutoriada que sea ésta resolución inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad y la misma sirva como título de propiedad del actor”. A la par, los abogados interpusieron hace seis meses una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia en Mexicali, quedando asentada con el Número Único de Caso 00202-2015-13609.     Puertecitos alejados de Dios   El esplendoroso paisaje de esta zona turística contrasta aquí con la falta de servicios, la escasez de básicos, la inseguridad y a todo eso se le suma la caída de la economía por la prohibición de la pesca. La única gasolinera del lugar está cerrada. Deben comprar al menos 20 mil litros –cerca de 250 mil pesos– para que puedan surtirles mensualmente. “Tenemos que vender hasta la última gota de gasolina para juntar todo el dinero, para que nos vuelvan a surtir, porque créditos no hay”, explica una de las dueñas del negocio. Ahora están en proceso de adherirse a una empresa mayor –Dagal– para que les vendan lo que puedan pagar de gasolina. “Todo ha menguado, el turismo, la pesca, no hay quien compre”, explica la residente y dueña del campo turístico Puertecitos, quien cuestiona como las autoridades federales han recogido 8, 9  “chinchorros” de gente que pescaba para alimentarse. “Es la gente más perjudicada, la gente pobre”, considera la lugareña en referencia los pobladores que no quedaron inscritos en ningún apoyo gubernamental. Aquí no hay señal para telefonía celular, ni líneas telefónicas fijas, la electricidad en el poblado la surten con paneles solares instalados por la UABC y la primaria –que depende del SEE en Ensenada– está en peligro de cierre dado que a los alumnos les han quitado becas y apoyos. La Estación de Policía municipal que anteriormente estaba en Puertecitos fue trasladada 60 kilómetros al norte, al Ejido Delicias, cercano a San Felipe. “La policía es poca y según dicen no hay fondos en Ensenada para ampliar. Aquí nosotros tenemos que agarrarnos con los malandrines”, explica la residente del lugar. Para temas de la procuraduría estatal tienen que viajar varias horas hasta el Valle de la Trinidad, donde se ubica la oficina más cercana, esto a la par de la proliferación de robos en las casas de descanso, la mayoría de norteamericanos.