Por actos anticipados de campaña, Saúl Guakil y Carlos Barboza fueron demandados ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Baja California. Rubén Ovando Ulloa, uno de los reclamantes, denunció ante el consejo general del instituto la instalación de una serie de espectaculares, mamparas y engomados, publicidad colocada lo mismo en la vía pública como en las unidades de transporte público. “La promoción política de ambos aspirantes a la presidencia municipal por el Partido Revolucionarios Institucional –PRI- es evidente, acción que, dijo, vulnera la Ley electoral. Otro de la peticiones expuestas en la denuncia es que se trasparente la procedencia de los recursos públicos de la asociación tanto de Guakil, como de Barboza, toda vez que no existe evidencia de que su constitución haya pasado por notario y se desconoce quiénes son los socios que las integran, de donde provienen los recursos que reciben y hacia dónde los orientan. Tanto la asociación Susana Guakil en la que se promueve a Saúl Guakil, como la Fundación Por la Paz, que promociona a Carlos Barboza, son organismos de simulado altruismo y solo se dedican a exhibir la imagen de los dos aspirantes, situación que puede generar responsabilidad de orden civil y fiscal, consideró. “Es propaganda política disfrazada de publicidad comercial, que solo busca inducir al electorado”, continuó. En la publicidad colocada por ambos organismos civiles se calcula una inversión de 15 millones de pesos, recursos de los cuales se desconoce su procedencia, algo que el Instituto electoral tendrá que investigar, anotó el quejoso. “Que el piso esté parejo para todos aquellos que quieran participar sin tomar ventajas unos de otros”, se planteó en la querella interpuesta el 7 de diciembre de 2015, cuya primera audiencia de pruebas y alegatos se registró el lunes 14 de diciembre. A la cita con las autoridades electorales solo se presentó uno de los dos demandados, Carlos Barboza; mientras que Saúl Guakil optó por enviar como representante a su abogado. En su defensa, Barboza Castillo aseguró que la asociación que lo promueve se trata de una fundación educativa, algo que el Tribunal Electoral tendrá que validar, como también deberá de realizar una inspección ocular de las pruebas presentadas por los denunciantes de los carteles señalados como parte de la publicidad anticipada.
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