Cuentas pendientes en el Congreso

El Congreso del Estado informó que los Organismos Operadores Municipales del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de los ayuntamientos de La Paz, Los Cabos y Mulegé no han solventado las observaciones hechas por el Órgano de Fiscalización; en estos casos no se entregaron las cuentas públicas mensuales del ejercicio fiscal 2014. Lo mismo sucedió con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTE) y el Instituto Estatal Electoral (IEE), donde a este último se le encontraron 60 observaciones del ejercicio 2014. El órgano electoral solo solventó 27, quedando pendiente con diversos egresos que hizo la institución, es decir, gastos sin comprobar. Al respecto, el Congreso del Estado informó que no van a solapar este tipo de actitudes de ex funcionarios en el caso de los ayuntamientos por el nulo interés de hacer bien su trabajo. Sin embargo, a la fecha nadie ha manifestado que por estas omisiones de instituciones públicas, se vaya a proceder de manera legal. “Vamos a ser muy cautelosos en el análisis de que nosotros no vamos a solapar a ningún ex funcionario público, no nada más la bancada del Partido Acción Nacional, todos; nos interesa hacerla de manera transparente y, sin lugar a dudas, es hacer rendirles cuentas a los sudcalifornianos. Las denuncias penales es un ámbito que a nosotros no nos compete, está en las autoridades municipales y ellos tienen la facultad de denunciar. Nosotros no penalizamos, el poder no penaliza, hace el análisis y hacemos el enfoque meramente administrativo”, reiteró Marco Almendariz Puppo, diputado del PAN. En el caso de la solicitud de juicio político que solicitó el Ayuntamiento de La Paz contra la pasada administración de Esthela Ponce y Francisco Monroy, a la fecha los legisladores no se han tomado el tiempo de integrar una comisión dictaminadora que dé seguimiento al proceso, aun cuando el diputado panista y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, Alfredo Zamora García, declaró a ZETA en noviembre que se estaría designando por parte del Congreso local. En ese momento, muy seguro Zamora afirmó que “esta Comisión va a revisar todos los elementos, y es la que va a decidir si hay elementos para sancionarlos o no; la sanción puede constituirse o puede ser la inhabilitación para ejercer cargos públicos”. Pero la realidad es otra: más de un mes tomó poder conformar dicha Comisión, la cual finalmente se integró el sábado 19 de diciembre. El proceso tiene un máximo de duración de un año, durante ese periodo se deberá determinar la responsabilidad o no del acta girada, pero el tiempo corre y el trabajo no se ha tomado con la seriedad con que denuncian a la luz pública como una “traición a los sudcalifornianos”, dejando en duda si verdaderamente fue una simple estrategia política. A la fecha quedan rubros importantes que atender en la Cámara de Diputados de Baja California Sur, ya que sigue pendiente que dicha Comisión actúe para que solicite la presencia y comparezca cada uno de los ex funcionarios públicos de la pasada administración municipal de La Paz, sobre todo para aclarar temas como las firmas del cambio de uso de suelo del proyecto minero Los Cardones, la auto asignación de licencias de alcohol y el desvío de recursos federales. “Está formándose la Comisión dictaminadora para darle la resolución al juicio político que encabezó el presidente municipal Armando Martínez Vega con la pasada administración y con los regidores que estaban en el Cabildo. Todavía estamos en el análisis de la misma, es un tema que le estamos dando prioridad en el tema fiscal, si se dan cuenta, con las cuentas públicas, que son alrededor de 27, se tienen que verificar el análisis del presupuesto y la Ley que hemos estado al pendiente en las iniciativas, y el rezago que ha habido también hemos tratado de sacarlo de la manera más pronta y expedita”, justificó Almendariz Puppo. Recientemente, por 14 votos a favor y 6 en contra, se aprobó por parte del Congreso local, el decreto a la solicitud que hiciera el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, de un préstamo que por conducto de la Secretaría de Finanzas podría gestionarse y contratarse con una institución por un crédito de 676 millones 774 mil 569 pesos, los que serán destinados a inversión pública en Baja California Sur. Queda en el aire el que se apruebe la Comisión de Vigilancia y el seguimiento de las cuentas públicas no aprobadas de varias instituciones municipales.  Sin embargo, una de las promesas de campaña de la administración entrante hacia los empresarios fue la transparencia en el manejo de recursos y, tras  detectar irregularidades en ese aspecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en el Estado indicó que es vital para los gobiernos entrantes ganarse la confianza de los paceños a través de observatorios ciudadanos donde expongan el manejo que se le da al dinero público; así lo expresó el titular del organismo, Fabricio González. “Entendemos que este observatorio ciudadano debe estar compuesto por ciudadanos y obviamente lo hemos dicho también, existe una manera de estar siendo medidos con una ISO o una Norma ISO-18091 que precisamente suma la ISO-9000 para empresas que son excelencia y calidad, más la norma de gobiernos eficientes; entonces tendremos la meteorología necesaria para que los ciudadanos tengamos claridad y transparencia en la rendición de cuentas”. De igual manera, González recordó que los compromisos de la actual administración que preside Armando Martínez Vega, se centraron principalmente en la transparencia y rendición de cuentas, aunque reconoció que el portal del Ayuntamiento de La Paz aún deja mucho a desear; podría tratarse de la actualización de indicadores, ya que actualmente faltan detalles que la ciudadanía está deseosa de conocer. “Es evidente que el ayuntamiento pasado dejó de lado la transparencia y la rendición de cuentas, vemos lo que se está encontrando el ayuntamiento actual, en el ayuntamiento actual estamos pensando, o así queremos creer, que este ayuntamiento está haciendo los trabajos necesarios para poderse subir a un tema de transparencia y rendición de cuentas. Hoy, si nosotros o cualquiera visita su página, encontramos que no hay nada, que está en construcción, esperemos que esa construcción sea por esos días o semanas de inicio, y están retroalimentando la página, actualizando, bajando los indicadores que ellos tengan ya”, opinó. Para el presidente dela COPARMEX, existen temas prioritarios que se deben atender para que el ciudadano crea en la administración, pero esto tiene un carácter inmediato, ya que es la primera impresión que la ciudadanía percibe, y la administración pasada dejó mucho a desear, sobre todo por falta de atención a las denuncias. A la par, cerraron trabajos con licencias de alcohol entregadas al por mayor, lo cual generó desconfianza de los paceños principalmente hacia el ayuntamiento, ya que hay “falta de atención en los servicios públicos, en el alumbrado, en la prevención; falta de cultura en la prevención del delito, cuidar el patrimonio personal, los temas de administración del ayuntamiento, los temas del adelgazamiento de la nómina”, priorizó. La COPARMEX anunció que se mantendrá vigilante de las acciones gubernamentales, ya que el compromiso es atender a las necesidades de la población y el mejoramiento de los servicios en beneficio de los ciudadanos de la entidad. Precisamente ante la nula solvencia de observaciones de las cuentas públicas que se realizan a los ayuntamientos de Baja California Sur, el diputado panista y ex alcalde de Comondú, Venustiano Pérez Sánchez, comentó que en el Órgano de Fiscalización no están bien acotados los procedimientos para este tema, de ahí los serios problemas con la falta de comprobación de documentación. Para la suerte del ex presidente municipal, también resultó con varias observaciones en el Ayuntamiento de Comondú durante el año fiscal 2014, las formas y procedimientos no están bien acotados y no hay reglamentos para la solvencia de las inconsistencias. Además, no existe un periodo de tiempo en el Órgano de Fiscalización para que cada mes avise de las observaciones, hecho que genera que en el transcurso del año, la documentación se acumule. “La mayor parte de los informes que se han dado en el Congreso de las diferentes instituciones de las cuentas públicas tienen inconsistencias y prácticamente son contadas las que tuvieron las observaciones razonablemente, presentaron en términos de la contabilidad gubernamental, y aparentemente se ve un desorden administrativo. Esto refleja que no hay una reglamentación para aplicar los criterios en el Órgano de Fiscalización, obviamente donde tendremos que trabajar los diputados, para que cuando se suba un dictamen aquí, de verdad sea el final del procedimiento; porque ustedes han escuchado que siempre que termina la lectura de los dictámenes dice ‘túrnese al Órgano de Fiscalización para que se instruya y se siga solventando’. Los procedimientos no están bien acotados”, reiteró para luego relatar que en su experiencia como alcalde de Comondú, solo existía un proveedor que daba ciertos servicios y productos, y fue por ello que se encontraron algunas observaciones durante su gestión; a consideración de Pérez, un mes para solventar las observaciones de los municipios señalados es poco tiempo para contestar, por lo que es imposible esclarecer la contabilidad. “Cuando vas a hacer una compra como en el agua potable, en el Ayuntamiento la contabilidad te exige que tener tres cotizaciones, de esa forma escoges la que sea la más económica, que es lo que sigue; buscas la mejor porque los recursos son sin solvencia para ajustar el máximo en lo que demanda una administración, y qué pasa cuando ya sacaste las cotizaciones, pues vas con quien te fía y resuelve el problema, porque al que no le compraste obviamente no te quiere dar documentos, porque dice que si no le compras, para qué le estás cotizando. Por ese tipo de circunstancias hacen las observaciones”, finalizó Venustiano Pérez Sánchez.