Corrupción en Tres Santos


 
BCS martes, 15 diciembre, 2015 08:00 PM

Punta Lobos, Baja California Sur.-  Durante más de dos horas, alrededor de ochenta residentes del Pueblo Mágico de Todos Santos, al sur de La Paz, escucharon atentos la exposición del  director de Desarrollo Urbano, Asentamientos Humanos y Ecología del Ayuntamiento de La Paz, Marco Antonio Domínguez Valle. Ese día, el 20 de septiembre de 2007, en calidad de servidor público, explicaba detalladamente el contenido de las diapositivas de la versión final del ambicioso proyecto de corredor turístico, denominado Programa Subregional de Desarrollo de Todos Santos-El Pescadero y Las Playitas. El objetivo era “detonar la economía de la zona, con la promesa de un uso racional del territorio, orientado a la cohesión social, al equilibrio ecológico y, sobre todo, a dar certidumbre a la inversión”. Ocho años después, el mismo servidor público pasó a velar por los intereses privados de proyectos de inversión nocivos de la zona cuando el todavía maestro del Instituto Tecnológico de La Paz, se convirtió en un prominente empresario del ramo de la construcción, gracias a la autorización de proyectos y otorgamientos de licencias de construcción irregulares, otorgadas cuando estaba en el servicio público. Ni como director de Desarrollo Urbano, Asentamientos Humanos y Ecología de los gobiernos de los ex alcaldes de La Paz, Víctor Manuel Castro Cosío y de Rosa Delia Cota Montaño; menos como director de Planeación Urbana y posteriormente como titular de Patrimonio Inmobiliario en la administración del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, Domínguez había acariciado tanta prosperidad como director responsable de obra del proyecto Tres Santos. Es señalado por la población de cometer una serie de irregularidades en material social y ambiental, entre las cuales, según datos recabados por ZETA en la zona, se encuentran las siguientes: * El inicio de la primera etapa de construcción del proyecto sin haber solicitado previamente al Cabildo paceño en pleno, el cambio de uso de suelo de la zona del proyecto de inversión, tipificado de “uso forestal”. * La edificación de un muro de protección sin licencia de construcción. * El relleno de un estero y zona de anidación de peces y aves. * La construcción del proyecto en más de mil metros cuadrados en una zona que fungía de resguardo y estacionamiento de las lanchas de un grupo de pescadores que fue desplazado de esa zona. Según la licencia ACPO123/13, gracias a la red de complicidades que tendió cuando ocupó el cargo de director de Desarrollo Urbano, Asentamiento Humanos y Ecología del Ayuntamiento de La Paz, dejando incluso como su sucesor a su socio de la empresa Estrategia Constructiva, S.A. de C.V., Guillermo Tito Fenech Cardoza, Domínguez Valle prácticamente opera en la absoluta impunidad y trafica con las influencias sin ser siquiera requerido por el gobierno del alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega. De hecho, el Programa Subregional de Desarrollo de Todos Santos-El Pescadero y Las Playitas no avanzó rápidamente como tenían planeado y hubieran querido los impulsores del proyecto de inversión de Tres Santos: Inmobiliaria Punta Lobos, S.A. de C.V., representada legalmente por el ex candidato a diputado del PRI por el VI Distrito electoral local, Jorge de Jesús Santana Osuna; y la firma United Investments, S.A. de C.V.; así como Grupo Salas, encabezado por Fernando Salas Vargas. En su calidad de director de Desarrollo Urbano, Asentamientos Humanos y Ecología del XIII Ayuntamiento de La Paz, el creador e impulsor del proyecto de corredor turístico tuvo que esperar la consumación del programa subregional, porque el Ejido Todos Santos se inconformó, exigió una evaluación de expertos e interpuso un amparo federal, ya que algunos de sus predios fueron catalogados como áreas inundables, y el plan de detonar la zona se detuvo por seis años, casualmente cuando el boom inmobiliario cesó en México por la crisis financiera de Estados Unidos en 2008. Para mala suerte del núcleo ejidal, el juicio de amparo sobreseyó en su contra, por lo que la administración de la ex alcaldesa paceña Esthela Ponce Beltrán dio la estocada final, y en mayo de 2012, fue aprobado finalmente el Programa Subregional de Desarrollo de Todos Santos-El Pescadero y Las Playitas. Un año después, con el terreno completamente planchado, el 16 de diciembre de 2013, la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), encabezada por José Carlos Cota Osuna -entonces alfil de la ex alcaldesa Ponce Beltrán-, resolvió el expediente 03/MP-0058/05/13 de la Manifestación de Impacto Ambiental del Desarrollo Turístico Integral Playa Santos, Todos Santos BCS, y fue autorizado, aunque posteriormente el nombre comercial fue cambiado a Tres Santos.   El proyecto   Según copia del proyecto en poder de ZETA, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de inversión ingresó en mayo de 201, en la modalidad de particular, y dos meses después, 28 de julio, fue presentado el proyecto del complejo turístico en una reunión pública de información. El integrante del Centro Mexicano del Derecho Ambiental (CEMDA), Mario Sánchez, expuso que  la solicitud de la MIA debió ser ingresada en modalidad regional, en virtud de que así lo establece el Artículo 11 inciso II del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, que textualmente cita: “Un conjunto de obras o actividades que se encuentren incluidas en un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que sea sometido a consideración de la SEMARNAT”. La firma Mira Companies, filial del corporativo Black Creek Group -con inversionistas en bienes y raíces de Denver, Colorado y principales impulsores del proyecto Tres Santos-, presentaron la MIA, contraviniendo de entrada el reglamento ambiental mexicano. Inclusive, en plena reunión pública, sorprendieron a los presentes cuando disminuyeron -durante la primera etapa del proyecto- las cifras a la mitad de las viviendas que construirían; es decir, de 4 mil 479 casas, pasaron a solo 2 mil 100 en una extensión de 414 hectáreas compuestas por 20 lotes.  A mediano plazo -conforme al proyecto- construirán un centro de investigaciones vinculado con la Universidad de Colorado, dos hoteles boutique con 120 cuartos, además de tener una disminución en el consumo de agua necesaria de 2 mil a solo 300 litros mensuales. En 2014, y después de su aprobación, inició su construcción. Según datos recabados por este Semanario, el proyecto inicialmente llamado Playa Santos, y hoy Tres Santos, está estructurado de la siguiente manera: * Tiene dos sociedades, la primera, FRBC-Todos Santos, S. de R. L. de C. V.; y la segunda, FRBC-Todos Santos Dos, S. de R. L. de C. V., representadas por Francisco Javier Barrios Sánchez, director general de la firma Mira  Companies. Asimismo, figura como promotor del complejo turístico HSBC México, S. A., a través de la división fiduciaria de Grupo Financiero HSBC, bajo el fideicomiso F/306088, así como Inmobiliaria Punta Lobos, S.A de C.V. como socio minoritario, representada por Jorge de Jesús Santana Osuna,  quien, en una extraña transacción -según documento en poder de ZETA-, vendió la mayoría de los terrenos y únicamente se quedó con  800 hectáreas de un terreno llamado Los Lobos, sobre donde se llevará a cabo el desarrollo Fraccionamiento Urbano Turístico Punta Lobos, contemplado dentro del Programa de Desarrollo Subregional Todos Santos-El Pescadero-Las Playitas, donde está fijado el uso de suelo de la playa junto a otros dos empresas y, sospechosamente, cambió a la firma del contrato con Mira Companies, en virtud que los terrenos de Playa Santos quedaban dentro del predio Los Lobos, que resultó ser una franja impactada. Las 800 hectáreas, indicó un abogado ambientalista consultado por ZETA, “sirvieron para justificar la destrucción de un sistema de tres humedales”, bajo el argumento de los inversionistas que “tener una autorización que data del 7 de enero de 1981, bajo el oficio con número de el folio 23/585” -el cual no es otra cosa que un permiso dado por la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a través de la Jefatura del Programa Forestal. Durante el largo proceso de planeación de Tres Santos, el 2 de marzo de 2007, José Santana Piñeda, presidente del Consejo de Administración de Inmobiliaria Punta Lobos, S.A. de C.V., sospechosamente consiguió que la delegación de la SEMARNAT –documento SEMARNAT-BCS.02.02.0255/07- presentara la no objeción o ratificación para instalar el desarrollo que planeaba en un principio, y por lo tanto, no era necesario solicitar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por la limpia que había hecho anteriormente. Según el expediente, el proyecto quedó guardado en un  cajón, con el atraso de la validación del Programa de Desarrollo Subregional Todos Santos-El Pescadero-Las Playitas, después de la presentación del juicio de amparo del Ejido Todos Santos. Una de las primeras acciones del empresario, a finales de 2011, fue solicitar de nuevo la ratificación que obtuvo en 2007 de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La dependencia federal giró el oficio SEMARNAT-BCS.02.01.IA.86/11 y respondió: “Respecto a la ratificación de lo establecido en el oficio citado inicialmente, por tratarse de una no aplicación de las Leyes Generales de Desarrollo Forestal Sustentable y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), por haberse realizado el desmonte en el predio que nos ocupa con la autorización  de la instancia competente en esa época y por haberse realizado el cambio de uso de suelo antes de la entrada en vigor de la segunda Ley mencionada, no tiene caducidad”. Sin embargo, Marco Antonio González Vizcarra, en aquel entonces delegado, solicitó al final del texto: “En lo que respecta a la preparación del sitio, construcción y preparación del fraccionamiento, por tratarse de un ecosistema costero, previamente  deberá darse cumplimiento a lo previsto en los artículos 28 Fracción IX y 30 de la LGEEPA”.  No obstante a la advertencia, los desarrolladores descartaron esta última parte dentro de la MIA, y  Playa Santos  reportó como áreas impactadas cerca de 172 hectáreas de las 414 que componen el proyecto, por estar dentro del predio Los Lobos. El director de la asociación civil Diversidad Biológica, Alejandro Olivera, evidenció que “algunos capítulos enteros de la MIA de Playa Santos fueron copiados  a un proyecto turístico denominada Punta Brava, promovido por el golfista Tiger Woods en Ensenada, Baja California en sus capítulos 4, 5 y 6”. Aun así, y con una evidente complicidad de actos de corrupción, SEMARNAT dio su visto bueno y lo validó. Después de iniciar la primera etapa en 2014, los proyectistas cambiaron el nombre de Playa Santos por Tres Santos. La firma inmobiliaria justificó que se trató de cuestiones de marketing, y no de la mala imagen que obtuvo en todo el proceso de autorización hasta antes de comenzar a consumar la construcción.   Las violaciones   En medio de la polémica de las últimas semanas, después del inicio de protestas por un grupo de pescadores en la zona del proyecto, el ayuntamiento paceño y el Congreso, el impulsor del Programa Subregional de Desarrollo de Todos Santos-El Pecadero-Las Playitas, Marco Antonio Domínguez Valle, parecen haber olvidado el contenido del documento. En una visita física en la zona del proyecto de inversión, ZETA corroboró que actualmente la compañía Desarrolladora de Obra Integral de Los Cabos S.A de C.V. construye la primera etapa, que  incluye hotel, muro de protección, área de relleno y compactación; caen justo en una zona destinada para actividades pesqueras y marítimas.   La constructora labora con la licencia urbanística -bajo el número de permiso 1085/14-,  firmada en el tiempo que el socio de Domínguez Valle, Guillermo Tito Fenech Cardoza, se desempeñaba como director de Desarrollo Urbano, Asentamientos Humanos y Ecología del XIV Ayuntamiento de La Paz. Los primeros afectados fueron los propios pescadores de Cooperativa Punta Lobos, quienes durante los últimos días hicieron voltear a la ciudadanía hacia Tres Santos, a pesar de que las autoridades y el propio alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, se hacen de la vista gorda. Los trabajadores del mar primero fueron desplazados de una zona donde históricamente había utilizado para resguardar sus embarcaciones marítimas, y después, reclamaron una reparación del daño a la empresa Mira Companies, porque algunas de las enormes piedras colocadas en el muro de contención, se desprendieron y dañaron las propelas y motores de sus lanchas, por lo que exigieron su reparación y pago. La respuesta de Tres Santos, obviamente nunca llegó. “El problema que tenemos aquí es grave, porque se están desparramando todas las piedras, las está arrastrando la misma resaca para acá para abajo, y aquí en el momento de vararlas las lanchas estamos agarrando con propelas, y los motores y las trasmisiones son las que se está afectando”, dijo Antonio Salvatierra cuando inició el conflicto. Después de esa denuncia ha pasado más de un mes, por lo que las protestas comenzaron a expenderse al ayuntamiento paceño y al Congreso del Estado. La obra mal hecha, y supervisada por Marco Antonio Domínguez Valle, es duramente cuestionada. Durante ese tiempo los pescadores resistieron, agudizaron sus manifestaciones y sintieron perdido el pedazo de playa de mil metros cuadrados, en donde resguardaban y estacionaban sus lanchas. Según lo que ZETA pudo observar en el lugar, la combinación del muro y la fuerza del mar de fondo, empezó una veloz y feroz erosión costera. La Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) prácticamente desapareció del frente de la zona de edificación. Como quien dice, la playa “fue comida” por el propio mar, como pasa en el destino turístico de Cancún, donde los desarrolladores invierten millones de pesos en planes de recuperación de frente de playa con millones de metros cúbicos de arena que sencillamente, desapareció y ya no está. La Ley General de Bienes Nacionales transcribe que la Zona Federal Marítimo Terrestre es aquella “constituida por la faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta cien metros río arriba”. Un experto en estudios de impacto ambiental consultado por ZETA, quien durante un par de semanas revisó el expediente de Tres Santos, expuso que la licencia urbanística solicitada no estipula el rompeolas de protección, pero sí reconoce que la barda está en propiedad privada, porque cuando se entregó la concesión de playa, bajo el número de folio DGZF-1117/11, el movimiento creciente de la marea más alta que habían registrado fue la misma que en 2002, donde obviamente, nunca pensaron más allá de las dinámicas y bravas olas del Océano Pacífico. El 7 de diciembre de 2011, el proyecto de inversión -a través de una de sus empresas- recibió la concesión de playa de una superficie de 13 mil 439.93 metros cuadrados de la icónica playa Punta Lobos. La Dirección General de ZOFEMAT  autorizó la concesión -luego de la petición ingresada el 11 de julio de 2011- y reconoció que el proyecto “no violentaba el Plan de Desarrollo Urbano”, el cual en ese momento no existía hasta que se publicó en agosto de 2012. La concesión expedida por la Dirección General de ZOFEMAT expone que se destinó “exclusivamente para uso de protección, el cual únicamente le permite realizar los actos materiales y/o jurídicos necesarios para mantener la superficie concesionada en el estado natural en que se encuentra al momento de concesionarse, así como el libre tránsito a través de la misma; no autorizándosele la instalación  de elemento alguno; la realización  de construcción alguna; la realización de actividad alguna; ni la presentación  de servicios de ningún tipo, sean o no de lucro”. Así, el proyecto Tres Santos violentó evidentemente los términos de la concesión con la construcción del muro de concesión y el relleno del estero y zona de anidación de peces y aves, con la complicidad de PROFEPA y SEMARNAT, incluso del Ayuntamiento de La Paz. El proyecto está fincado en medio de un sistema de humedales, mismo que se distribuye dentro de la ZOFEMAT. De hecho, el 8 de noviembre de 2008, un documento que elaboró la Dirección de Ecología, Educación y Gestión Ambiental del XIII Ayuntamiento de La Paz, bajo el título Ecosistemas de Manglar-humedales desde la Perspectiva Municipal en La Paz”, califica como delicados el estado de estos ecosistemas, “severamente amenazados por el crecimiento de la mancha urbana y los negocios inmobiliarios en la franja costera”. Por tal motivo, proponía la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de La Paz, conocido popularmente como POEL, y evitar problemas a futuro, pero no es otra cosa que “un instrumento de política ambiental que regula o induce el uso del suelo y las actividades productivas de la municipalidad, en el que se prohibiría las obras que alteraran el flujo y reflujo natural del agua hacia manglar o no permitiría el aprovechamiento, tala y relleno de manglar; pero éste fue bloqueado por los fuertes interés que existen por el litoral sudcaliforniano”. Incluso, en el gobierno de Esthela Ponce Beltrán fue desechada la idea de terminar el POEL, como una manera de proteger a empresarios inmobiliarios o mineros, como en el caso de Los Cardones. En su lugar, quedó el Programa Subregional de Desarrollo de Todos Santos-El Pescadero-Las Playitas. En la revisión y análisis de la MIA, el desarrollo turístico integral de Tres Santos, en su página 453, muestra los resultados de un levantamiento de vegetación de 17 puntos. En la zona norte se identificaron 22 familias y 47 especies en un total de mil 226 individuos. En el concepto Estimación de Abundancia se habla del mangle dulce (Maytenus phylanthoides). La densidad era de una hectárea con una abundancia de 380 individuos, y ahora parte del mismo no existe; además, se destruyeron palo verde y biznagas. Aunque este tipo de manglar no está dentro de la Norma Oficial Mexicana -NOM-059-SEMARNAT-2010-, Rafael Riosmena Rodríguez, perteneciente al Programa de Investigación Botánica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), comentó que “la especie es un estabilizador de dunas en el área, porque sí lo quitan, se pierde”. Según el Artículo 68, la Ley Forestal Sustentable para el Estado expresa tácitamente que “falsear información que ponga en riesgo el equilibrio ecológico de los ecosistemas, la biodiversidad y la sustentabilidad de los mismos, será sujeto de sanciones civiles, administrativas y penales, establecidas en la legislación vigente”. Y eso es justamente lo que viene sucediendo con Tres Santos.   Las versiones   Las inconformidades de los pescadores tuvieron que agudizarse y radicalizarse para que el delegado de la SEMARNAT, José Carlos Cota Osuna, cuando menos se dignara a fijar una postura. Desinteresadamente, y con una evidente protección al proyecto de inversión, respondió que la erosión de la playa de Punta Lobos “es un fenómeno natural”. Del mismo modo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entabló una inspección y ambas dependencias federales sugirieron “esperar 180 días para confirmar si se tiene que redelimitar la concesión de playa o dejar igual en donde está”. Por su parte, el titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Asentamientos Humanos y Ecología del XV Ayuntamiento, Armando Anaya Carbajal, salió a explicar que elaboran una “minuciosa búsqueda” de los expedientes de Tres Santos.  “No te podría decir está mal esto o está mal aquello, hay un plan maestro con usos de suelo del Estado y del Municipio, vamos a revisar en qué situación está; sería prematuro determinar algo”; textualmente, se lavó las manos. Durante una entrevista con ZETA, el funcionario municipal admitió “la existencia de una licencia específica para la primera etapa del proyecto”, la cual abarca “todo lo que es la plataforma lateral y frontal”, pero “estamos revisando eso”. “Como no te marca conceptos específicos, sino que es (una licencia) global, estamos viendo qué ampara esa licencia: no quisiera ahora dar un juicio, porque todavía no tengo muy claro el asunto, y ellos tienen su derecho de comprobar; es global y viene como urbanización, no te puedo decir que no existe”, insistió. Sin embargo, para obtener una respuesta más a fondo, René Fernando Castro Terrazas, actual encargado de la Dirección de Licencias de Construcción, nunca estuvo cuando era informado de la presencia de los reporteros de ZETA. El servidor público es solo un eslabón de la cadena de corrupción vinculada al ex director general de esa misma oficina y actual director responsable de obra de Tres Santos, Marco Antonio Domínguez Valle. Es más, ocupó el mismo cargo cuando estuvo bajo las órdenes de Domínguez en los gobiernos anteriores. La influencia de Marco Antonio es tal, que incluso colocó a su hermano Jorge Alejandro en un puesto clave: director de Planeación y Regularización Urbana, en el actual gobierno de La Paz. Los propios trabajadores evidenciaron al hermano del poderoso Marco Antonio Domínguez Valle, como parte de la estructura que operaba a favor del proyecto Los Cardones y, para no correrlo, el alcalde paceño tuvo que removerlo del puesto y enviarlo a otra oficina. De dientes para afuera, el tema de  Tres Santos es “delicado”, o cuando menos eso hace pensar el secretario general Isidro Ibarra, quien de manera recurrente convoca a reuniones privadas. Por su parte, el director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, Héctor García González, admitió que “la compañía no tiene contrato de agua” y “ocupa ponerse al corriente”. “En el tema de agua, precisamente, falta un contrato de agua; hay una toma preparada para disposición de agua, sin embargo, falta el contrato. El Artículo 83 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur determina que a través de un contrato, es la forma de disponer de este vital líquido. Ellos hicieron un compromiso de acercarse a todas las dependencias, donde estamos identificando faltantes, pues mostraron toda la voluntad de regularizarse en todas estas áreas”, expresó. Sobre los señalamientos, la empresa promotora del proyecto Tres Santos, no quiso emitir una opinión, después de haber sido buscada por ZETA; no quisieron entrar en polémica. No obstante,  emitió un comunicado de prensa: “Tres Santos pagó un derecho de conexión de 72 tomas de agua. Sin embargo, solo recibió una toma de agua por parte del OOMSAPAS. De esa sola toma, Tres Santos utiliza su propia infraestructura para transportar agua. Esto cumple con la regulación aplicable en el municipio de La Paz”. Previo a dejar el poder, el XIV Ayuntamiento de La Paz hizo un convenio para que Tres Santos absorbiera una deuda de un millón 800 mil pesos por concepto de adeudo con trabajadores de OOMSAPAS. A cambio, el servicio de agua potable iba a ser otorgado y Tres Santos calculó el uso de 300 litros mensuales por unidad habitacional. El 4 de diciembre de 2015, después de las protestas de pescadores en el Congreso del Estado, se llevó a cabo una reunión entre autoridades, Cooperativa Punta Lobos y representantes de Mira Companies. No se permitió la entrada de la prensa, tampoco dejaron grabar la reunión de casi cuatro horas.  El director general de Mira Companies, Javier Barrios, intentó evitar a los reporteros al terminar la junta, pero un pescador se le paró enfrente y no le quedó más que decir que tienen la disposición de dialogar y encontrar una solución. “Si, señor, pero están platicando, y están diciendo puras mentiras, nosotros somos nativos de ahí, conocemos toda la historia de lo que están diciendo. Precisamente, por eso somos los afectados, y estamos aquí para reclamarle la desfachatez que han usado para abusar de nosotros: están abusando de un grupo de gente trabajadora. Ustedes hablan de trabajo, pero nosotros también hablamos de trabajo”, aseveró Rosario Salvatierra, socio de Cooperativa Punta Lobos. Entre gritos de “¡No Tres Santos!”, los inversionistas salieron por la puerta trasera. Más tarde, Javier Barrió declaró que “con las protestas de los pescadores, se perdieron alrededor de 120 empleos”. Dijo no saber si continuarán con el proyecto. “Nosotros estamos en ocho Estados de la República Mexicana trabajando, y éste es el Estado donde tenemos esta postura que lamentamos, porque hemos obrado con toda buena fe y transparencia: vamos a ver cómo se resuelve”. El asesor legal de los cooperativistas, John Moreno, observó que los tres niveles de gobierno buscan favorecer a los inversionistas. La lentitud con la que actúa, levantó sospechas en el licenciado, pues “como residentes de Todos Santos, como afectados, hemos podido circunstanciar las afectaciones ecológicas, sociales y de diversa índole, que supondría un castigo. “Como pobladores podemos circunstanciar, fuera de audiencia, extrajudicialmente, el desmonte de especies protegidas, cambio de uso de suelo forestal no autorizados, incumplimientos a las condiciones y lineamientos, conocer si fueron autorizados. Pongo de ejemplo el relleno y desaparición de un sistema de humedales que debieron ser protegidos”, añadió. Lo cierto es que Mira Companies tiene una autorización condicionada por la autoridad ambiental, bajo el número SEMARNAT-BCS.01.02.IA.788/13. En específico, en la condición número nueve, indica la obligación del promovente para coordinarse con “los grupos sociales locales, con quienes comparte el aprovechamiento de los recursos naturales costeros, con el propósito de garantizar la conservación y desarrollo de éstos, particularmente en lo que respecta a la zona de playa y del humedal Punta Lobos”. Entretanto,  la recomendación número 10 transcribe: “La construcción de hotel, alberca, club de playa y demás componentes previstos que conforman las obras y actividades del proyecto, que se llevarán a cabo en el ecosistema costero, deberán cumplir con todos y cada uno de los criterios establecidos en el Programa Subregional Todos Santos-El Pescadero-Las Playitas”. De incumplir, la SEMARNAT podría retirar la autorización.

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