En México, el trabajo sexual no está legislado, pero sí ha sido reglamentado por gobiernos municipales. En Tijuana ocurrió durante la administración municipal de Jorge Hank Rhon, con la publicación del Reglamento para el Control de Enfermedades de Transmisión Sexual, el 12 de agosto de 2005.
Para activistas, este código, compuesto por 52 artículos y tres transitorios, no solo es inconstitucional y violatorio de los Derechos Humanos de quienes ejercen el trabajo sexual, sino que con su aplicación, el Ayuntamiento explota a las trabajadoras sexuales.
El reglamento otorga facultades a la Dirección Municipal de Salud (DMS) para emitir tarjetas de control sanitario a quienes se dedican a “actos de comercio sexual” con el fin de mantener un control de esta actividad.
Si bien, al momento de la publicación del documento se estableció que “la tarjeta electrónica de control sanitario se expedirá o renovará sin costo alguno para las personas”, la medida ha resultado en millonarios ingresos al Municipio. De 2012 a 2014, el gobierno municipal recaudó 5 millones 299 mil 100 pesos por estos dos rubros.
“El Ayuntamiento recibe recursos del trabajo sexual y, por lo tanto, se involucra directamente con la dinámica del turismo sexual”, expone Andrés Gaeta, psicólogo y estudiante de la maestría en Salud Pública.
Al efectuar el cobro, el Ayuntamiento de Tijuana incurre en el delito de lenocinio, establecido en Código Penal de Baja California como “quien dirija, patrocine, regentee, administre, supervise o financie directa o indirectamente prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución en cualquier forma u obtenga cualquier beneficio de sus productos”, explica Gaeta.
SIN PROTECCIÓN
Hasta 2014, el gobierno municipal reportó 3 mil 175 mujeres registradas en control sanitario con estatus de activo, activo en espera, afiliación en proceso y bloqueadas.
En teoría, el reglamento que permite el registro de las personas y establecimientos dedicados al comercio sexual, busca “combatir el estímulo de actividades que puedan propagar enfermedades transmisibles por contacto sexual”.
De hecho en ningún artículo se menciona el concepto de “trabajadoras sexuales”, pero sí “determinan obligaciones y responsabilidades para las personas, así como para los responsables de los establecimientos donde se tenga conocimiento o se presuma que se realicen actividades consideradas de alto riesgo para la propagación de enfermedades de transmisión sexual”.
Para la renovación de la tarjeta de control sanitario, cada mujer debe acudir a pláticas informativas mensuales, así como exámenes de laboratorio, entre los cuales se incluyen pruebas rápidas de detección de VIH, Hepatitis B y cultivos de exudado vaginal. Andrés Gaeta, quien desde 2011 trabaja con la asociación civil Centro de Servicios SER en proyectos de atención a trabajadores sexuales, expone que la obligatoriedad y el cobro por los exámenes, violan normas sanitarias.
El joven activista insiste: “El reglamento no busca proteger a las mujeres, sino proteger a los clientes”. Gaeta, quien ha llevado esta línea de investigación como su proyecto de posgrado, manifiesta “En el país no existe algún fundamento para reglamentar el trabajo sexual, pero sí existe el tratamiento, hay cuotas, impuestos y procedimientos para controlar a quienes se dedican a ello”.
Por lo que considera “este reglamento no debería de existir, pero tiene muchas implicaciones económicas. Lo que debería existir es un programa de atención a estas mujeres, donde se les ofrezcan pruebas de VIH, condones, pero sobre todo, incluir atención de usuarios de drogas”.
Durante años, el activista trabajó en programas de detección de VIH tanto para trabajadores sexuales de la Zona Norte como de la Zona Este y de intercambio de jeringas para usuarios de drogas en Centro de Servicios SER.
“Hay muchas mujeres usuarias de drogas inyectables que cambian sexo por dinero o droga, justamente esta población tiene menos posibilidad de estar registrada en control sanitario”, refiere. A su vez, esto las posiciona en una situación de vulnerabilidad por la falta de prestación de servicios por parte de la Dirección Municipal de Salud.
En 2014, de acuerdo con información del gobierno municipal, 79 personas fueron dadas de baja por tener resultados reactivos en la prueba de detección de VIH. A estos casos se les clasifica como “códigos rojos”. “Cuando hay código rojo, la tarjeta es retenida y se envía a la paciente al Departamento de Atención Especializada de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California”, indica Gaeta.
Sin embargo, de no contar con afiliación de seguridad social como el Seguro Popular o en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las trabajadoras sexuales deben pagar por su tratamiento.
Con los años, ha disminuido el número de personas registradas en este padrón de control sanitario. En 2012, mil 128 se dieron de baja; en 2013 otras 10 mil 278 fueron removidas, mientras que en 2014 el número llegó a 10 mil 343.
Sobre la cifra de quienes ejercen el oficio, pero no están reglamentadas, Gaeta ofrece los resultados de una investigación de 2006, la cual estima a 9 mil mujeres dedicadas al trabajo sexual, de las cuales solo la mitad estaba registrada ante Control Sanitario.
SEXO PATROCINA EDUCACIÓN, DEPORTE Y TURISMO
Información obtenida a través del Portal de Transparencia, indica que en 2014, por el registro de la tarjeta de control sanitario, se cobró una tarifa de mil 641 pesos y para su renovación mensual, 328 pesos.
De la actividad sexual a la que se dedican miles de mujeres en Tijuana, se destinan fondos al fomento de la educación, deporte y turismo. Así se justifican los cobros de impuestos por esta actividad.
El reglamento también establece que a quien se le descubra dedicada a esta actividad, pero no cuente con la tarjeta correspondiente, se le puede arrestar por hasta 36 horas y establecerle una multa de hasta 60 veces el salario mínimo, lo cual representa 4 mil 200 pesos.
“Sus mayores riesgos son la Policía Municipal o personal de Control Sanitario que les piden la tarjeta, porque si no la tienen, entonces la Policía o los inspectores la tienen que detener, por eso es el espacio idóneo para extorsionarles mediante trabajo sexual o dinero”, puntualiza Andrés Gaeta.
“LO DIFÍCIL ES EL PRIMER HOMBRE”
El mejor momento para hablar con las trabajadoras sexuales en la Zona Norte de Tijuana es un día entre semana, después del mediodía, pero antes de que se ponga el sol. Son los momentos de menos actividad y menor número de clientes.
Por eso, los integrantes de Centro de Servicios SER aprovechan esos espacios para entregar paquetes de cuidado sexual. Cada kit contiene ocho condones masculinos, un condón femenino y lubricante. Es éste último artículo el más solicitado.
ZETA acompañó a la asociación civil a uno de sus recorridos en la Zona Norte. Sobre el callejón Coahuila, decenas de mujeres permanecen de pie en lunes a las cuatro de la tarde. Es noviembre y el frío se empieza sentir, mal augurio para quienes trabajan en calle y no en bares. Los clientes escasean y el cuerpo resiste menos horas expuesto a los vientos y la lluvia.
Las mujeres conocen bien a la asociación, durante años han mantenido una relación cercana, ya sea mediante estos recorridos o con la atención diaria en sus oficinas para la detección de VIH.
Una de ellas, Fernanda, de 32 años y con tres hijos, se queja de la resistencia de los clientes a utilizar condón, pero ha aprendido a inspeccionar los empaques en busca de hoyos y para revisar si están caducos. Frente a la reportera, dice trabajar de cuatro a cinco horas, a veces hasta ocho al día.
El servicio mínimo -solo incluye la penetración- cuesta 200 pesos. Hace dos años, una amiga le sugirió llegar a la Zona Norte y prefiere trabajar fuera de los establecimientos para no tener que “fichar” (hacer a los clientes comprar bebidas).
Sobre la avenida, son hoteles y bares, en su mayoría. Unas pocas tiendas de abarrotes, con máquinas tragamonedas y letreros de viajes en camión a Chiapas, Sinaloa, Guadalajara y Puebla. De este último lugar es Mónica, donde trabajaba como asistente de cocina.
Eligió Tijuana para “estar lo más alejada para que mi familia no se entere”, dice mientras se recarga en la pared de un motel. Todos los días, asegura, llama por teléfono a sus dos hijos.
Para Rosario, de 20 años, lo más importante de su oficio es “aprender cómo cuidarte porque algunos se portan amables para propasarse o besarse”, pero sobre todo recordar que “lo más difícil es el primer hombre”.
En Veracruz dejó la escuela para iniciar una familia con su novio, pero “la relación terminó mal”. Sin estudios y con necesidad, explica, optó por dedicarse al trabajo sexual, pero los precios del puerto rondaban los 100 pesos, le resultaban insuficientes.
Por eso desde hace una semana, decidió mudarse a Tijuana. “Aquí pagan bien”, confiesa mientras voltea a ver a su compañera, con quien intercambia risas interrumpidas por chasquidos de lengua que usan como llamados a los hombres que caminan por la calle.
DIGNIFICAR CONDICIONES DE TRABAJO
“Lo que es necesario dignificar son las condiciones de trabajo de las mujeres que realizan el trabajo sexual, quienes también forman parte de las familias tijuanenses”, plantea Andrés Gaeta.
Acerca de quienes trabajan en calle y no en establecimientos, afirma: “Tienen mayor libertad porque dentro de los lugares, las reglas no son muy favorables para ellas. El supervisor cobra por cada salida o una cuota por trabajo”.
Sobre la proliferación de lugares donde mujeres se dedican a la actividad sexual en la Zona Este de Tijuana, el activista explica que en su mayoría, se trata de mujeres.
“Lo que las hace vulnerables es que no tienen acceso completo a los servicios de salud, así que puedan abusar de ellas y obtienen un medio o figura (como proxeneta) que pueda defenderlas”, manifiesta.
Por lo que recalcó la necesidad de un programa de atención con perspectiva de género y de reducción de daño, para quienes además son usuarios de drogas. Al Ayuntamiento se le solicitó su postura al respecto, pero en más de tres semanas, no dieron respuesta.
