Auto-compras millonarias en Cabos

(EDICIÓN IMPRESA) Los Cabos, Baja California Sur.- La administración del ex alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, estuvo marcada por millonarios negocios, y sobre todo, operaciones sin licitaciones y compras por asignación directa para favorecer discrecionalmente a familiares, amigos cercanos y ex colaboradores del XI Ayuntamiento local. Las órdenes de compra, memorándums, oficios, contratos, pólizas de cheques y transferencias, en poder de ZETA, prueban que el ex alcalde cabeño, y bajo el amparo del poder, consumo negocios ilícitos, aseguró un futuro millonario para él y para su hermano Narciso Agúndez Montaño, junto a su primo José Luis Rosas Montaño, y sus sobrinos, Argelia María y Christian Agúndez Gómez, así como el de su sobrino político, Freddy Erubey Martínez Rivera. La revisión y análisis de las 5 mil 400 copias, obtenidas por este Semanario a través del juicio PR-III/003/2014 en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI), tan solo de los meses de marzo, junio, julio, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal de 2012, confirma que la mayoría de los 224 millones 643 mil 638 pesos del excedente gastados de manera irregular, sin previa autorización del cabildo cabeño, fueron destinados en el pago de millonarias auto-compras y en el despilfarro en viajes nacionales y al extranjero con gastos pagados, organización de eventos privados, adquisición de regalos personales, patrocinio de fiestas, renta de mobiliario y locales, comidas y el reembolso de gastos personales de ex funcionarios hasta por el concepto de preservativos, cigarros, cerveza y chicles, incluso en la contratación de asesores jurídicos, justa y extrañamente, cuando el hermano del ex alcalde Narciso Agúndez Montaño fue capturado el 24 de mayo de 2012 en Monterrey, Nuevo León, acusado del delito de peculado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), después de haber dejado la gubernatura sudcaliforniana. Lo anterior no fue detectado ni en sueño durante el proceso de la auditoría del ejercicio fiscal de 2012 por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, y quien se limitó a levantar 643 observaciones –según el pliego de observaciones de ese año– relacionadas a la falta de firmas en órdenes de compra, contratos y pólizas de cheques, y la ausencia de algunas facturas, oficios y memorándums en los expedientes administrativos. Particularmente en el caso de las auto-compras, según un abogado consultado por ZETA, la principal responsabilidad administrativa y penal recae directamente sobre el ex alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, porque –según la documentación del gasto del excedente– validó y firmó los contratos, sin cumplir con la formalidad del proceso de transacción, tal como lo establece el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, en compras superiores a 316 mil pesos, asignando de manera directa los millonarios contratos, sin convocatoria a cuando menos tres proveedores y sin previa licitación. De acuerdo a las pruebas documentales del gasto de excedente los proveedores eran sus propios familiares en segundo y tercer grado, violentando el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Estado y el artículo 46 Fracción XI la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y la cual textualmente cita: “Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos entre que los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado; para quienes con quienes tenga parentesco por afinidad o civil, o para terceros, con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o sociedades de las que el servidor público o las antes referidas personas forman o hayan formado en el ámbito de la administración pública”. Los otros corresponsables son: 1.- Gerardo Manríquez Amador, ex tesorero, y responsable de autorizar los pagos. 2.- Ana Luisa Guluarte Arista, ex directora de Contabilidad, y encargada de liberar los recursos económicos. 3.- Edilberto Graciano Chávez, ex oficial mayor, y responsable de autorizar los contratos. 4.- Verónica Olvera Guevara, ex directora municipal de Administración, y encargada de tramitar la documentación de los contratos. Las firmas de estos cuatro ex funcionarios –aparecen en la mayoría de las autorizaciones que obran en el expediente del gasto del excedente de los más de 224 millones de pesos. La red Todo apunta a que el cerebro de todo este millonario saqueo fue el hermano del ex alcalde cabeño, Narciso Agúndez Montaño, quien utilizó a cuando menos 15 personas, como presuntos prestanombres, los cuales, carentes de recursos económicos y sin antecedente en el ramo empresarial, aparecieron registrados como prósperos hombres y mujeres de negocios de las siguientes 10 compañías: 1.- Jorge Yépez Zazueta y Jonathan Torres Inzunza, representante legal y representante de pleitos y cobranzas, respectivamente, de Comercializadora California. 2.- Freddy Erubey Martínez Rivera, Álvaro Alexis Martínez Rivera y Jonathan Torres Inzunza, como socio, administrador y comisario de vigilancia, respectivamente, de la constructora Rivera Corp, S.A. de C.V. 3.- Jonathan Torres Inzunza y Graciela Salazar Romero, como representante legal y representante de operaciones de Ingeniería y Proyectos del Cabo, S. de R.L de C.V. 4.- Lorenzo Esquivel Pérez y Jessica Hernández, representante legal y representante de pleitos y cobranzas de Proyectos, Construcción y Supervisión “E”. 5.- Reynaldo Vázquez Salazar, representante legal de Inmobiliaria Brisa Azul, S.A. de C.V. 6.- Christian Agúndez Gómez, Argelia María Agúndez Gómez, William Gareth Lucero Rivera y Cipriano Alberto Ceseña Coria, representante socio, socia, representante de pleitos y cobranzas y comisario de vigilancia, respectivamente, de constructora Spacio Scala, S.A. de C.V. 7.- William Gareth Lucero Rivera, Yoo Edward Lucero Rivera y Othoniel Marrón Amao, administrador, comisario de vigilancia y socio, respectivamente, de Constructora Baco, S.A de C.V. Sospechosamente, este último, a la vez, subdirector de Infraestructura de la Secretaría de Salud del estado de Baja California Sur. 8.- José Luis Rosas Montaño, representante legal del hotel Cactus Inn. 9.- José Luis Rosas Montaño, representante legal de Rosas Automotriz, S.A. de C.V. 10.- José Luis Rosas Montaño, representante legal de Los Cabos Car Wash. Todas las compañías están interconectadas a través de nombres y domicilios fiscales,  cuyos representantes legales comparten la afinidad familiar o de amistad públicamente conocida con los hijos de Narciso Agúndez Montaño, los hermanos Christian y Argelia María Agúndez Gómez, y su yerno, Freddy Erubey Martínez Rivera. Algunos de ellos, como es el caso de Williams Gareth Lucero Rivera, Jonathan Torres Inzunza y José Luis Rosas Montaño, hasta con participación en cuando menos tres compañías diferentes. Según la escritura 50 mil 083 de fecha 18 de septiembre de 2012 expedida por el Notario Público No. 3, Carlos Arámburo Romero, a algunos de los mencionados se les otorgó poder notarial. Ése es el ejemplo de Lorenzo Esquivel Pérez a favor de Williams Gareth Lucero Rivera, quien cedió un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración. Muchos de los contratos asignados fueron pagados con fondos del Programa Hábitat y del Programa del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del llamado Ramo 33. Las auto-compras En la revisión y análisis del expediente de los más de 224 millones de pesos del gasto del excedente aparecen facturas expedidas por la mayoría de las compañías de esta red, de las cuales van desde los 140 mil pesos hasta arriba de 3 millones de pesos. Por el número de compras, contratos y montos destacan las siguientes: 1.- Ingeniería y Proyectos del Cabo, S. de R.L. de C.V., con 6 contratos que suman en total un millón 742 mil 811 pesos con 94 centavos en la construcción de muros, ampliaciones de centros comunitarios, pavimentación y hasta venta de material de construcción. 2.-  Proyectos, Construcción y Supervisión “E” con 4 contratos por 6 millones 128 mil 229 mil 46 centavos en la construcción de pies de casa y ampliación de centros de desarrollo comunitario. 3.- Constructora Baco, S.A. de C.V. con tres contratos por alrededor de 4 millones 294 mil 400 pesos en arrendamiento de tractores y camiones, así como trabajos de rehabilitación de los rellenos sanitarios de Los Cabos. 4.- Inmobiliaria Brisa Azul, S.A. de C.V. con un contrato de arrendamiento de 300 mil pesos anuales por concepto de renta de locales comerciales, propiedad de Narciso Agúndez Montaño. 5.- Comercializadora California expidió más de 110 facturas en compras por un total de 12 millones 480 mil 265 pesos por concepto de compra de material de limpieza, cafetería, materiales eléctricos, materiales de construcción, llantas, papelería, materiales de oficina, baterías y refacciones de vehículos, pintura, materiales de plomería, cerraduras, archiveros y hasta alimentación. 6.- Rosas Automotriz, S.A. de C.V., expidió facturas por la compra de 85 vehículos por un monto total de 13 millones 159 mil 354 pesos. 7.- Hotel Cactus Inn expidió facturas por 60 mil pesos mensuales por concepto de hospedaje de deportistas y “periodistas”, así como de “personas de escasos recursos”.   Cabe destacar, según el análisis y revisión de la documentación del gasto del excedente, que en algunos casos las compras fueron “fraccionadas” para evitar que por el monto se fueran a licitación pública, tal y como lo establece el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Estado, y el cual establece que podrán asignarse de manera directa, siempre y cuando, sea considerado lo siguiente: 1.- Podrá contratarse por adjudicación directa, cuando el reporte de cada operación no exceda del equivalente a la cantidad de 4 mil 700 el salario mínimo –a razón de 67.29 pesos por día– vigente en el estado, algo así como 316 mil pesos. 2.- Podrá contratarse por invitación a cuando menos tres personas, cuando el monto superior al equivalente a la cantidad de 4 mil 700 y hasta 12 mil 821 veces el salario mínimo vigente en el estado, siempre que las operaciones “no se fraccionen” para quedar comprendidas en los supuestos de excepción de licitación pública. En el caso particular de Comercializadora California –según las facturas en poder de ZETA— la mayoría de las compras fueron fraccionadas, tal como lo prueban los consecutivos de folios y fechas de expedición en operaciones que van desde los 10 mil 358 pesos con 39 centavos hasta los 101 mil 683 pesos con 57 centavos. Lo mismo sucedió en el caso de la compra de vehículos a la compañía del primo del ex alcalde, José Luis Rosas Montaño, y quien expidió una factura por cada vehículo adquirido, cuyo valor iba de los 176 mil pesos a los 253 mil pesos, con un evidente sobreprecio, porque resulta ser que facturó unidades automotrices de modelos 2001 hasta en 220 mil pesos de contado, lo que constituye una verdadera burla, pues vendió automóviles viejos a precio de unidades del año. En el mismo expediente del gasto del excedente de los 224 millones de pesos, inexplicablemente, aparecen también –entre muchas más– facturas del mismo proveedor Rosas Automotriz, S.A. de C.V., José Luis Rosas Montaño, expedidas en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Sobre este hecho, ZETA consultó a un contador público, quien dijo que “con esas facturas trataron de tapar un boquete financiero, rellenando o metiendo facturas de otros ejercicios fiscales que no corresponden al de 2012, y pretendieron justificar de esa manera un gasto que obviamente no se hizo en esa compra de automóviles”. El contador público expuso que “eso es una práctica muy común de los gobiernos, pues se gastan el dinero en otras cosas, y los justifican con facturas apócrifas o luego andan pidiendo facturas a conocidos y amigos, pagando el precio de los impuestos”. Los amigos y ex colaboradores En el gobierno de negocios millonarios de José Antonio Agúndez Montaño no únicamente fueron favorecidos los principales familiares del ex alcalde de Los Cabos. Los amigos del ex edil, incluso parientes de ex funcionarios del XI Ayuntamiento local, también sacaron raja económica por medio contratos para capitalizar sus empresas, los cuales incluso financiaron la campaña del ex candidato de Narciso Agúndez Montaño. En la lista están: 1.- Octavio Catarino Román Flores y quien fue el principal proveedor de renta de equipo de luz y sonido de la anterior administración. Lo mismo era contratado en fiestas privadas con cargo al erario público que en eventos sociales y las fiestas tradicionales de las comunidades rurales. Las más importantes que son las de San José del Cabo y Cabo San Lucas. Tan solo en los documentos que aparecen en el gasto del excedente, Catarino –como es conocido en Los Cabos— cobró 3 millones 640 mil 850 pesos por concepto de arrendamiento de equipo de luz y sonido. 2.- Ignacio Obed Arce Peñuelas, el cual fue el principal proveedor del mantenimiento, riego, fumigación y diseño de jardinería en avenidas y parques de Los Cabos. El empresario y presunto socio del ex candidato a la gubernatura, Luis Armando Díaz, conocido también como “Nacho”, comúnmente expedía facturas que iban de los 120 a los 230 mil pesos a través de sus empresas “Servicios Integrales en Jardinería”, “Viveros de la Baja” y “Construcciones y Urbanizaciones de la Baja Sur, S. de R.L de C.V”. 3.- Eduardo Enrique Heraldez Loredo y José Israel Heraldez Ortega, propietarios de las mueblería “El Sinaloense” y “Jazmín” y quienes proveían muebles y artículos de línea blanca para regalos en los festejos tradicionales del Día de maestro, Día de las madres, Día del padre, navidad, entre otros. Algunos funcionarios del XI Ayuntamiento de Los Cabos se convirtieron a la vez, en proveedores y funcionarios, o bien, metieron a familiares en la lista de proveedores y comenzaron hacer negocio. Es el caso de los siguientes: 1.- Wilfrido García Gaxiola “El Willy”, ex director de comercialización del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, era el principal proveedor de agua embotellada, a través de sus trabajadores, los cuales fueron registrados como “prósperos empresarios”, Julio César Leyva Iribe, Jesús Erick Rivera Castro y Anamey Leyva Iribe, y quienes facturaban casualmente con el mismo domicilio fiscal de la compañía del funcionario denominada “Water World, S.A de C.V”. 2.- Antonio Gómez Riojas, ex coordinador de Obras Públicas de la delegación de Cabo San Lucas, ingreso a su hermano Arturo, como proveedor a través de la compañía “Comercializadora Vaja”, y quien facturaba material eléctrico. 3.- Iván Uzcanga González, ex director municipal de Turismo e hijo del ex líder invasor y compadre de Narciso Agúndez, Cesar Uzcanga Amador, tenía a su cuñado Erick Rodríguez Cossio como arrendatario de una bodega para almacenar general, y el cobraba 80 mil 800 pesos mensuales, por lo que el contrato anual era de 969 mil 600 pesos. 4.- Salvador Solorio Ceseña, ex coordinador municipal de Zofemat, tenía registrada a su suegra, Francisca Espinoza Lucero, como arrendataria de las oficinas del Instituto de la Mujer y de la de Eventos Especiales, y quien cobraba una renta mensual de 2 mil 220 pesos, por lo que recibía 266 mil 640 pesos anuales. 5.- Víctor Ortegón Góngora, ex regidor, tenía registrado a un familiar de su esposa, Peter Stanley Olsen Gatin, como arrendatario de la oficina de la Dirección Municipal de Ecología, y quien cobraba 25 mil pesos mensuales, es decir, 300 mil pesos anuales. Las pruebas documentales obtenidas por ZETA del expediente de los más de 224 millones de pesos, gastados de manera irregular, sin autorización del cabildo, apenas es la estela de la corrupción que dejó la administración del ex alcalde, José Antonio Agúndez Montaño.