Juan José Barreto Gaspar, hijo del fallecido priista Gregorio Barreto Luna (2012), quien se ostenta como presidente del Consejo de Administración de Transportes Urbanos y Sub Urbanos de Tijuana que su padre dejó, asegura que su tío Rigoberto Barreto Luna sigue operando como apoderado de la empresa. Por su parte, Barreto Luna sostiene que Barreto Gaspar no tiene ni acciones en dicha empresa y que su Consejo no tiene validez, que lo único que pretende es un despojo. Desde la muerte de Gregorio Barreto -quien fue administrador único de transportes urbanos y sub urbanos- fue precisamente Rigoberto quien asumió el control en su calidad de apoderado legal, pero inconformes con la gestión de éste, buscaron a Barreto Gaspar para, mediante una asamblea -6 de julio- hacerlo presidente del Consejo. Un mes más tarde, se entregaron escritos al director de Vialidad y Transporte, José Luis Hernández Silerio, con el propósito de revocar las facultades legales de Barreto Luna y sus allegados. Pero en la misma fecha, Rigoberto Barreto presentó también un acta de asamblea en que se le nombraba en el mismo cargo. La Dirección de Vialidad informaría entonces que ni uno de los dos podría tramitar con el Municipio, en tanto no existiera una determinación legal que acreditara las facultades de alguno, pero que el transporte seguiría funcionando por convenir al interés público. No obstante, Barreto Gaspar explica que en días posteriores, operativos realizados por la Dirección comenzaron a detener a las unidades cuya numeración corresponde a las de aquellos accionistas que mostraron su apoyo al Consejo del hijo de Gregorio Barreto. El quejoso mostró una lista que, argumenta, uno de los inspectores a cargo del operativo tenía en su posesión, en la que se señalaron las unidades a detener. Aseguró que tras amenazar al inspector de presentar una queja ante Sindicatura, éste respondió que tenía la consigna de “chingar” a esas unidades por órdenes de Rigoberto Barreto Luna. Barreto Gaspar también exhibió otro documento que dijo haber encontrado sobre el escritorio del subdirector de Vialidad y Transporte, Fausto Quintana, en que se denuncia por invasión de rutas y por actividades fuera de control administrativo de la empresa, contra vehículos también propiedad de los apegados al quejoso, también firmado por Barreto Luna. Otro agravio que se presentó para quienes apoyaron el cambio en la administración de la empresa fue la detención de la unidad 116, el 8 de septiembre de 2015, por un oficial de la Dirección Municipal de Transporte Público, quien a pesar de mostrársele la documentación en regla del chofer y del vehículo, remolcó la unidad “por órdenes de sus superiores jerárquicos” y porque no se encontraba registrada en el padrón vehicular, como se hace constar en el documento -carente de fundamentación jurídica- que se entregó al conductor. Barreto Gaspar compartió el documento en que se autoriza a dicha unidad prestar el servicio, tras aprobar la revisión mecánica de rutina, tan solo con cinco días de anterioridad a que la misma fuera removida de circulación. En respuesta, Rigoberto Barreto Luna señaló no haber conocido a su sobrino Juan José Barreto Gaspar sino hasta el fallecimiento de su hermano y que éste no cuenta con acciones dentro de la empresa, dado que el derecho que pudiera tener sobre las acciones de su padre tendrá que decidirse mediante un juicio sucesorio en el cual también tendrían interés otros ocho hijos de Gregorio Barreto Luna. Exhibiendo el acta de asamblea fechada el 13 de abril de 2015, misma en que Barreto Luna es nombrado presidente del Consejo de Administración, demuestra que ni Barreto Gaspar ni quienes integran su Consejo de Administración se encuentran en el listado de accionistas de la sociedad, por lo que no tienen facultad ni derecho alguno para ejercer cualquier acto respecto a la empresa. Se trataría de Mayra Peña, Alfredo Arredondo y Jaime Sánchez, como secretaria, tesorero y comisario del consejo administrativo que encabeza Barreto Gaspar, sin embargo, aseguró que aquellos que se oponen a su gestión sí tienen interés económico en la empresa, al ser choferes que cuentan con la propiedad de sus unidades. El acta en mención no habría sido impugnada en su momento, mientras que la presentada por Barreto Gaspar en Vialidad y Transporte y demás instancias no sería tomada en cuenta, por las irregularidades en la misma. Además, Barreto Luna mostró una fe de hechos notarial sobre la asamblea convocada por su sobrino, en la que se asegura, ésta no se llevó a cabo al no existir quorum, por no acreditar ninguno de sus asistentes la calidad de accionista. Rigoberto acusa que lo que Barreto Gaspar pretende es un despojo contra él y los demás accionistas, ya que se encuentra convencido de que la empresa era propiedad de su padre, por lo que en el Juzgado Cuarto de lo Civil ya se desarrolla un juicio de nulidad sobre el acta que tiene en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, con número de expediente 1276/15. Sobre las unidades que Barreto Gaspar acusa fueron objetivo de Vialidad y Transporte por instrucciones de su tío, este último dijo que el señalamiento que hizo sobre las mismas a la dependencia no iba en este sentido, sino en el de evitarse responsabilidad por los acontecimientos en que pudieran involucrarse, ya que desconoce si cuentan con seguro y revisión mecánica, o si los operadores tienen licencia y registro ante el IMSS, o si se les han practicado exámenes antidopaje. De esta manera, señala Rigoberto, su sobrino ha creado un órgano de gobierno alterno al Consejo de Administración, ya que hay quienes se oponen a las políticas de la empresa. Entrevistado respecto al tema, José Luis Hernández Silerio señaló que si se ha permitido que Barreto Luna siga gestionando trámites en calidad de administrador de la empresa, se debe a que siempre se ha desempeñado como apoderado legal. Hernández Silerio negó la existencia de una disposición expresa para perjudicar a aquellos que apoyaron a un nuevo consejo administrativo, y aseguró que los operativos llevados a cabo por la Dirección “no tienen una consigna en particular”.