Promotoras de inversión encuentran mercado en empleados de gobierno

Las promotoras de inversión son la opción de financiamiento más viable para el 60 por ciento de la población que el sistema bancario tradicional deja fuera de su cartera de clientes, planteó Enrique González, director institucional de Grupo Finmart. Admitió que los créditos que ofrecen estas figuras mercantiles bancarias son “un poquito más caros que los del banco”, pero el porcentaje de interés se encuentra dentro del promedio que maneja el sector. Eso sí, garantizó, “es mucho más barato que cualquier casa de empeño, o los préstamos de los agiotistas”, estos últimos, añadió, además requieren garantías prendarias y firmas de pagarés para otorgar los préstamos. “Así es como muchos terratenientes de Tijuana se han hecho de inmuebles”, anotó. En el caso de las empresas de créditos que operan como Sociedad Anónima Promotora de Inversión -SAPI-, los financiamientos se asignan con menos requisitos y bajo un contrato, operación que es regulada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de la Secretaría de Hacienda. “Por lo tanto, no podemos actuar fuera del marco legal, no somos agiotistas”, enfatizó. Enrique González precisó que la empresa que representa ha financiado un promedio de 200 mil clientes desde su fundación en 2003. Como cualquier empresa, se busca un mercado seguro, y en los empleados de gobierno encontraron ese nicho. A manera de garantizar la recuperación de los préstamos, se han suscrito 200 convenios con gobiernos de los tres niveles, en toda la República, uno de ellos el signado en 2008 con el de Baja California, el cual se mantiene vigente. “Para que podamos cobrar ese dinero celebramos un convenio de colaboración con el patrón, para que tenga conocimiento del acuerdo mercantil suscrito con el trabajador y corrobore que es transparente y que en nada le va a perjudicar”, detalló el titular de Grupo Finmart. De ningún modo, precisó, el patrón se convierte en deudor solidario, subsidiario, sólo se entera de que el trabajador tiene una deuda y que éste le autoriza que de su nómina le descuente la cantidad determinada de abono. El promedio de los créditos fluctúa entre 15 mil y 20 mil pesos. Y como en cualquier negocio de préstamos, las financieras también enfrentan problemas de cartera vencida, y aunque González no determinó el nivel que su firma enfrenta en ese rubro, expuso que por lo general se soluciona mediante acuerdos de refinanciamiento. Caso contrario, existe un contrato legal que si se sigue un juicio, por cualquiera de las dos partes, la resolución del juez siempre determinará el pago de la deuda, concluyó.