Por transa en luminarias, van contra 20 servidores públicos

La Sindicatura Procuradora concluyó la investigación del caso de las luminarias con la presentación de dos demandas, una federal y otra del fuero común, por presuntos delitos de fraude, evasión fiscal, falsificación de firmas y falta de cumplimiento en el resguardo de material público, hechos en los que 20 servidores públicos, tanto del gobierno de Carlos Bustamante como de Jorge Astiazarán, se encuentran implicados. Más de una decena de funcionarios de primer nivel del XX Ayuntamiento de Tijuana y siete delegados municipales del equipo de Jorge Astiazarán, tendrán que responder por las denuncias que la fiscalía municipal interpuso. Ambas querellas se presentaron el 2 de noviembre de 2015, una ante la Subdelegación de Procedimientos Penales A, de la Procuraduría General de la República (PGR); en ella se denuncian hechos que pueden configurar en el delito de fraude y evasión fiscal, por el pago a un tercero -Corporativo Inter Rama, S.A. de C.V.-, que la administración de Carlos Bustamante realizó del convenio signado con Sola Basic. La segunda demanda se realizó en la Dirección de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría Zona Tijuana, recibida bajo el número 537//15/204, la cual se basó en hechos remitidos en una primera investigación efectuada por la Sindicatura Social a cargo de Bernabé Esquer, en la que se documentó la presunta falsificación de firmas en actas de entrega de material de alumbrado público. En el fuero común, el síndico Arturo Ledesma Romo también dio vista de material faltante en la entrega recepción de luminarias en ocho delegaciones, hechos en los que se involucra a los titulares de esas demarcaciones, al momento de que el XXI Ayuntamiento recibió la administración del XX.   LOS HECHOS   Con un expediente de 10 mil fojas, Sindicatura Municipal concluyó la etapa de investigación en la que documentó irregularidades factibles de ser configuradas como delito de orden federal, como es el pago adelantado a Corporativo Inter Rama, S.A. de C.V. Según la póliza 112190491, el 19 de diciembre de 2011, Tesorería Municipal, entonces a cargo de Marco Antonio Dueñas -actual titular de Oficialía Mayor- realizó el pago electrónico por 141 millones 187 mil 578 pesos, del contrato suscrito con Sola Basic, por el proyecto de modernización de alumbrado público. Esa cantidad incluyó el pago de las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre de 2011 y el pago anticipado de las mensualidades correspondientes de enero a octubre de 2012, con lo que el gobierno de Carlos Bustamante prácticamente finiquitó el total de monto pactado en el convenio, sin que en la ciudad Sola Basic hubiera instalado una luminaria. Para la cesión de derechos de cobro a un tercero, se adicionó al acuerdo una adenda elaborada por el entonces director jurídico, Roberto Ordorica Ruiz, hecho que podría implicar defraudación fiscal, delito del orden federal. En la triangulación del pago se omitió el pago parcial del Impuesto al Valor Agregado –IVA-, otro aspecto que encuadra en el delito de evasión fiscal. Por estos hechos se presentó la demanda al subdelegado de Procedimientos Penales A, de la Procuraduría General de la República (PGR), mediante el oficio SP-RES-9173/2015. Por la presunta falsificación de firmas en el acta de entrega recepción del programa de alumbrado público efectuado por la empresa Sola Basic y el gobierno bustamantista, la Sindicatura Procuradora dio vista al fuero común, mediante el oficio SP-RES-9172/2015. Esta querella toma como base la queja presentada ante la fiscalía municipal por la Sindicatura Social, la cual sometió a análisis de especialistas, actas de entrega recepción de las luminarias retiradas para que Sola Basic instalara su equipo. El examen dio como resultado que las firmas que se atribuyen a Arturo Montenegro, tienen rasgo similar a la de firmas identificadas con los de nombre José Manuel Orozco, Ricardo Valdez o Valadez Martínez y Óscar Martínez Sánchez, quienes firmaron como proveedor y/o trabajadores del área de Servicios Públicos Municipales. En esta querella, radicada en la Dirección de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría Zona Tijuana, también se desprenden presuntas irregularidades por omisión e incumplimiento por el resguardo de material público, como son las luminarias retiradas y las colocadas por Sola Basic que, de acuerdo a las actas de entrega recepción, debieran ubicarse en ocho de las nueve delegaciones de Tijuana, pero al realizar la Sindicatura Procuradora la investigación de Campo, el 32 por ciento de los componentes retirados no fueron localizados y al menos el 20% de las nuevas luminarias no se constató su colocación, al no ser encontradas. Con base al convenio con Sola Basic, la firma colocaría equipo para 63 mil 400 lámparas del sistema de alumbrado público de Tijuana, el cual sería entregado a la Dirección de Servicios Públicos, entonces a cargo de José Francisco Barrón Macías, y a ocho delegaciones. Con el cambio de gobierno, los nuevos titulares de las delegaciones firmaron de recibido la entrega de dicho material, pero al ser requerida su ubicación por parte de la Sindicatura Social, éstos respondieron carecer de información al respecto. En marzo de 2014 la Sindicatura Procuradora inició la investigación de las luminarias, realizando labor de campo para verificar cada equipo retirado, así como el que debió colocar la concesionaria Sola Basic. Del resultado se desprende el faltante de 19 mil equipos, entre ellos, 7 mil focos de 150 watts, 5 mil 600 de 100 watts, 6 mil balastros y 400 fotoceldas, más del 30% del equipo reemplazado.   PRESUNTOS IMPLICADOS   Los servidores públicos que participaron en la transacción con Sola Basic, el pago del convenio, así como los que dieron seguimiento a una demanda civil y jurídica del caso, o aquellos que debieron dar cuenta del retiro del equipo propiedad del Municipio y la instalación del nuevo sistema por parte de la empresa, o los que fueron omisos y no aplicaron en tiempo y forma de las penas convencionales y que hoy se encuentran implicados como presuntos responsables son: Por el XX Ayuntamiento * Carlos Bustamante Anchondo, alcalde de Tijuana. * Rufo Ibarra Batista y Sergio Antonio Rosete Weben, ambos secretarios de Finanzas. * Yolanda Enríquez de la Fuente, síndico procuradora. * Marco Antonio Dueñas, tesorero (funcionario en activo con el cargo de oficial mayor en el gobierno de Jorge Astiazarán). * Édgar Fernández Bustamante (actual director de Promotora Municipal de Tijuana -PROMUN-) y Roberto Ordorica, como titulares de la dirección jurídica. * Esteban Yee Barba, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. * Óscar Sanabia Peinado y Armando Eduardo Franco Bustos, encargados de Oficialía Mayor. * José Francisco Barrón Macías y Enrique Bautista Corona, directores de Servicios Públicos Municipales. * Marcia Salcido Moreno, subdirectora de Normatividad de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM). Por obvias razones, en el listado no se incluyó a los extintos Alcide Roberto Beltrones Rivera y David Navarro Herrera, quienes en su momento participaron como secretario general de Gobierno y de Desarrollo Urbano y Ecología, respectivamente. Por el XXI Ayuntamiento Aunque Sindicatura Procuradora se niega a dar nombres para “no entorpecer el procedimiento en curso”, es un hecho la implicación de funcionarios de la actual administración de Jorge Astiazarán, por firmar de recibido material que luego reportaron como no localizado. Éstos son: * Adriana Padilla Mendoza, delegada de Playas de Tijuana al inicio de la gestión de Jorge Astiazarán. * Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, delegada de Sánchez Taboada. * Rodolfo López Fajardo, actual secretario de Desarrollo Social, deberá responder por las dos delegaciones, Mesa de Otay  y Centenario, las cuelas representó al momento de contestar en la indagatoria de la Sindicatura Procuradora. * José Alfonso López Sepúlveda, actual director del Sistema Integral de Transporte de Tijuana -SITT- y quien fuera delegado de San Antonio de los Buenos. * Pablo Gerardo Sánchez, delegado de Cerro Colorado. * Arturo Aguirre González, delegado de La Presa. * Manuel Trasviña Pérez, delegado de La Mesa en el XX Ayuntamiento y al inicio del XXI Ayuntamiento. A excepción de los demás delegados, él respondió que el material retirado se encontraba en resguardo en un almacén de la demarcación, al no ser apto de ser utilizado, sin que pudiera corroborarse su versión. Los otros seis servidores públicos dijeron no haber recibido las bitácoras de dichos elementos, por lo que no contaban con la información requerida para dar cuenta del material faltante.   SANCIONES   Las denuncias presentadas en las procuradurías General de la República y General de Justicia del Estado (PGJE) se sustentan en la investigación que Sindicatura hizo sobre el mismo proceso de entrega recepción de luminarias, su ubicación, hasta las irregularidades en la contratación y pago del convenio con Sola Basic. La averiguación de estas querellas se encuentra en etapa de integración y las dependencias a cargo no determinan un plazo para su desahogo de las indagatorias. En el caso de Sindicatura Municipal, a la dependencia corresponde dar seguimiento administrativo a las imputaciones de acción y omisión incurrida por servidores públicos de la pasada y actual administración. De acuerdo a los artículos 46 y 7 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, los hechos implican faltas por omisión. La Ley de Responsabilidades marca como posibles sanciones, desde una amonestación privada, hasta una inhabilitación de uno a diez años, hasta la determinación de un daño patrimonial causado, dependiendo la gravedad de la infracción en la que se incurrió, explicó Gerardo Robles, director de Responsabilidades de la fiscalía municipal. Explicó que, al configurarse la responsabilidad de un servidor público, la pena se debe individualizar, considerando factores como intencionalidad, culpabilidad, gravedad de la infracción cometida, nivel jerárquico, las condiciones propias del servidor público como si es residente o no. “Esta valoración nos dará una sanción final”, anotó. De la etapa de comparecencias que se cierra hoy viernes 27 de noviembre, dijo que de los 20 servidores públicos implicados, 13 ya han comparecido y se espera que al cierre del periodo lo hagan los últimos tres citados. De los demás, tres no han sido localizados y uno no se presentó a comparecer.